La cifra en disputa equivale a 1.3 veces el déficit fiscal proyectado para este año, estimado en 1.5 billones de pesos, este déficit o los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) son el faltante de dinero público entre los ingresos y el gasto del erario, que es compensado con deuda. También es suficiente para pagar 3.8 veces el presupuesto esperado para el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, o es equivalente a todos los ingresos que llegaron a las arcas por la recaudación de los impuestos ISR, IVA IEPS a autos nuevos y por importación en el periodo enero-abril del 2026.
Los créditos fiscales son deudas que el contribuyente tiene con el SAT, son determinados por esta autoridad derivados de facultades de comprobación como revisiones de gabinete, auditorías, revisiones electrónicas a dictámenes y a la contabilidad, por impuestos como el IVA e ISR, que si no se van pagando generan intereses y recargos.
"Son deudas que resultan de la revisión a ejercicios fiscales anteriores, son auditorías que terminan con la determinación de créditos fiscales, si un contribuyente no está de acuerdo con el monto que refiere la autoridad fiscal, lo litiga en tribunales, estos juicios pueden tomar entre año y medio, y tres años. Se van resolviendo y el fisco los puede ganar, pero por otro lado, se va acumulando lo de nuevos créditos”, explicó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.
El monto total de los créditos fiscales alcanzó su nivel más alto en registro para un primer trimestre desde 2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A partir de 2019, el SAT perfeccionó los métodos para ejercer sus facultades de comprobación , la digitalización e integración de tecnologías a los procesos han sido claves para mejorar la detección de inconsistencias, por parte de los contribuyentes.
Al cierre del primer trimestre, se registraron en total 1.8 millones de créditos fiscales, es el segundo monto más alto desde el primer trimestre de 2023. En 2022 también se registraron 1.8 millones.
“El que existan estos montos por cobrar, puede ser normal, quiere decir que la autoridad está fiscalizando”, agregó Pérez de Acha.