De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, esta Ley dota a la administración pública de herramientas para dinamizar la inversión, al tiempo que se salvaguarda, el objetivo de la consolidación fiscal.
En lo que va de la actual administración, la inversión física mostró una caída de 28.3% real en 2025, frente a 2024. Mientras, en el periodo enero-julio pasado, reportó una caída de -1.2% cuando en el mismo periodo de 2025, había caído -35.8%. Tan solo en junio pasado este concepto creció 56% y en julio 62.6%.
“Hubo un desfase en los proyectos iniciales de inversión (de esta Ley), pero tenemos una recuperación muy importante en el mes de junio, en particular, una recuperación muy importante en las tasas anuales de crecimiento de la inversión”, apuntó el titular de Hacienda en conferencia de prensa a finales de julio.
Este dinamismo se vio por la liberación de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en el primer semestre, por 96,000 millones de pesos, que detonarán una inversión cercana a los 198,000 millones, refiere información de la subsecretaría de la SHCP.
La inversión pública es un motor directo y multiplicador del crecimiento económico, especialmente en el ámbito regional y sectorial, a su vez, el crecimiento económico, representa más ingresos para las arcas públicas derivado de la recaudación de impuestos por ganancias de las empresas, como el ISR, y por un mayor consumo como el IVA y el IEPS, de acuerdo con Christopher Cernichiaro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Gasto público a la guillotina
No obstante, de frente a la presentación del Paquete Económico 2027, “ el principal riesgo es que, ante la rigidez de una proporción creciente del presupuesto, el ajuste al gasto público recaiga sobre la inversión pública, con implicaciones negativas para el crecimiento económico de mediano plazo”, advirtió el área de Estudios Económicos de Banamex en un análisis.