El sector inmobiliario, de los más vulnerables a corrupción, según estudio

CIUDAD DE MÉXICO - En México, uno de los sectores más vulnerables a la corrupción es el inmobiliario y sin ella los costos de compra podrían bajar entre 20 y 30%, señalaron integrantes de organizaciones civiles.

Durante la presentación del Diagnóstico sobre Corrupción en el Sector Inmobiliario”, la directora de la organización Mejor Ciudad, Carolina Rodríguez, abundó que lo anterior se debe a la multiplicidad de trámites, excesiva integración entre desarrolladores y autoridades, así como aplicación de criterios discrecionales en resolución de trámites, entre otras cosas.

En tanto, Eugenia Castañeda, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalló que este sector es importante para el combate a la corrupción debido a que es de los más propensos a este fenómeno.

Además, es un tema que preocupa a los ciudadanos, pues “en los últimos 10 años se ha cuadruplicado el número de denuncias presentadas ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), 38 por ciento de estas denuncias son violaciones a uso de suelo”.

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Explicó que la adopción de prácticas anticorrupción impactaría a otros sectores ya que de acuerdo con el Índice Mundial de Transparencia Inmobiliaria 2018, en los próximos 10 años el mercado de bienes raíces movilizaría un trillón de dólares en el mundo.

“Vemos una normalización en la corrupción”, señaló Carolina Rodríguez al detallar que de acuerdo con el diagnóstico, 94% de las personas encuestadas refirió haber sido víctima de extorsión, de las cuales sólo 36% denuncia, en tanto que 42% no lo hace porque no cree en las autoridades.

Expuso que en la percepción de corrupción de autoridades, las personas consideradas en este estudio señalaron que las más corruptas son las de alcaldías y municipios con 4.4%, seguido por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la policía local, cada una con 3.8%, así como sistemas u organismos de aguas, con 3.0%.

Delegaciones

Las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Benito Juárez son las peor calificadas en el diagnóstico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la Ciudad de México.

Este ejercicio, realizado entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 y dado a conocer este martes, señala que para los desarrolladores inmobiliarios, los municipios y alcaldías “son las autoridades que más se vinculan con actos de corrupción en el sector”.

En México, subraya el diagnóstico, las empresas gastan 1,600 millones de pesos anuales por incurrir en actos de corrupción, (INEGI 2016).

Además de las implicaciones monetarias de la corrupción, el sector inmobiliario de la Ciudad de México enfrenta graves costos de reputación.

La Ciudad de México, señala el documento, se desenvuelve dentro de un contexto de gran desconfianza y continuos señalamientos de corrupción.

De acuerdo con el Índice Doing Business del Banco Mundial, en la Ciudad de México es necesario realizar 15 trámites para obtener un permiso de construcción, mismos que se desdoblan en decenas de requisitos que se presentan ante múltiples dependencias.

El marco jurídico del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México es complejo y difuso, se conforma de, por lo menos, ocho instrumentos entre leyes, códigos, reglamentos y programas. Lo que abona a la confusión y desconfianza de los ciudadanos hacia el desarrollo inmobiliario, pues se percibe una multiplicidad de excepciones que atenta contra el ordenamiento y la conservación territorial.

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De acuerdo con el estudio, el 94% de los entrevistados declaró haber sido víctima de corrupción y de extorsión, pero sólo 36% afirmó haber denunciado.

Entre las razones para no hacerlo destaca que el 42% no confía en las autoridades. Además está la impunidad con la que algunos funcionarios, a pesar de ser señalados por actos de corrupción, pasan de un cargo público a otro.

Para los desarrolladores, el registro de la manifestación de construcción es el trámite que presenta más actos de corrupción. Aunque las alcaldías no emiten una licencia como tal, sino que registran el expediente presentado por los particulares, frecuentemente hacen observaciones injustificadas a los documentos, solicitando requisitos por encima de la ley y llevan los plazos legales hasta el extremo.

A cambio de otorgar el registro de la manifestación, señalan algunos desarrolladores, ciertas demarcaciones cobran una tasa por unidad construida -una suerte de impuesto informal- que oscila entre 2 y 15 millones de pesos y los proyectos pueden retrasarse desde 6 meses hasta 2 años.

Otras experiencias de corrupción compartidas están relacionadas con la obtención de la factibilidad de agua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la licencia de construcción especial y las visitas de verificación por parte de las delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

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Se detectaron tres factores de riesgo que inciden en la comisión de actos de corrupción: interacción presencial entre particulares y autoridades, capacidad de que la autoridad utilice criterios discrecionales en la resolución de un trámite y la participación de múltiples autoridades en el proceso.

Destaca la práctica de algunos desarrolladores de acudir con funcionarios de alto nivel para destrabar distintos problemas relacionados con corrupción, pues perciben la intervención de altos mandos se percibe como un favor y no como un acto de autoridad que imponga el apego a la ley.

Entre las posibles soluciones que señala Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se encuentra la digitalización de trámites, un ejercicio más transparente de los pagos por aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal (artículos 300-302) y la intervención de profesionales en la revisión de los proyectos, como es el caso de la oficina VISA, establecida en el Colegio de Arquitectos.

El Índice de Percepción de Corrupción 2017, elaborado por Transparencia Internacional, otorgó a México una calificación de 29, donde 0 puntos significa que el país es altamente corrupto, y 100 significa que mantiene prácticas limpias.

Para México, esta calificación ha venido en declive constante desde hace varios años, y lo ubica actualmente en el lugar 135 de 180 países evaluados. Solo 27% de la población considera que el gobierno está haciendo lo adecuado para combatir este problema (Corporación Latinobarómetro 2017).

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Con información de Notimex