México ha caído seis lugares, hasta el puesto 19 entre 40 países, en el ranking de los mejores destinos para la inversión en energías renovables que realiza la consultora EY.
Esto es consecuencia de algunas decisiones del gobierno como la cancelación de las subastas de largo plazo —licitaciones para que las empresas privadas puedan generar electricidad para la red de CFE— y la revisión de los contratos a las renovables por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“En el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2024, el gobierno nacional se propone el objetivo de fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas energéticas del Estado (Pemex y CFE)”, explicó Alberto Álvarez, socio líder del segmento de Energía para EY Latam Norte, en un comunicado de prensa. Esa estrategia va en detrimento del impulso a la participación privada en la industria energética.
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La actual administración detuvo los procesos de licitación por los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el pasado sexenio, había logrado apalancar inversiones por 8,600 millones de dólares para la construcción de centrales de energías limpias, sobre todo solares y eólicas.
“Avanzar las subastas de energía eléctrica sería la herramienta perfecta para cumplir con esta meta: las energías renovables ofrecen generación sostenible de bajo costo y el capital privado ofrece una fuente de financiación urgentemente necesaria para el sector energético”, dijo Álvarez.
Con esto, México se había posicionado como uno de los países que había logrado récords de menores costos de generación eléctrica de energías renovables, con las tres subastas de largo plazo realizadas.
Pero la Secretaría de Energía publicó recientemente la versión del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 , donde reafirmó que por el momento no continuará con el sistema de subastas de largo plazo.
China, Estados Unidos y Francia se colocaron en los primeros tres lugares del ranking, que mide cuestiones como la necesidad de energías renovables, la estabilidad de la política pública, que existan condiciones económicos y técnicas para hacer viable los proyectos, y la diversidad de los recursos naturales de los países calificados.
