El temor reina entre los vecinos de Santa Lucía por la compra de predios
Aunque la Sedena ya tiene contemplada la adquisición de más de 1,000 hectáreas con un presupuesto superior a los 3,000 mdp, los vecinos de la base militar ignoran si serán reubicados.
Los vecinos de la base aérea militar no. 1 de Santa Lucía han aprendido durante los últimos meses a vivir con la incertidumbre de qué ocurrirá con su vivienda. El proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene contemplada la adquisición de una superficie total de 1,284 hectáreas al sur y el oeste del polígono de construcción, y hasta existe un presupuesto de 3,030 millones de pesos (mdp) para ello. Pero los habitantes no tienen certeza de qué predios se van a adquirir.
La compra de terrenos adyacentes a la base aérea tiene el propósito de que funjan como “áreas de amortiguamiento acústico y de seguridad”, refiere la propuesta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido que una de las ventajas del proyecto es que no se requerirían predios adicionales.
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Hay la extensión suficiente aquí en esta base aérea. Tampoco se sabe mucho de eso. Esta base aérea tiene cerca de 3,000 hectáreas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son 600 hectáreas, estamos hablando de cinco veces la superficie del actual aeropuerto. Tierra firme.
Andrés Manuel López Obrador, durante la inauguración de la Feria Aeroespacial de México el 24 de abril.
Los otros afectados
El plan de compra de predios de la Sedena contempla un área dividida en cuatro predios, conformados por distintos terrenos de propiedad privada, por ejidos, así como predios que actualmente forman parte del Parque Estatal Sierra Hermosa.
Creado en 1994, este parque tiene una superficie de 504 hectáreas, de las cuales 181 se destinarían para el proyecto aeroportuario.
Apenas seis vigilantes están al resguardo de este perímetro, que en otros años fue una hacienda agropecuaria. Dos de ellos, Aurelio y José, llevan más de 20 años cuidando el parque, y lo conocen a profundidad. Les preocupa qué ocurrirá con él una vez que comience la construcción del aeropuerto.
“No tenemos idea de cómo está el trazo, ni si algunos ejidatarios venderán sus espacios para que hagan la ruta de vía terrestre, la vía aérea no sabemos cómo esté tampoco”, dice uno de ellos.
Aunque la MIA da cuenta de la presencia de fauna en el perímetro de Santa Lucía, apenas menciona al parque Sierra Hermosa –que colinda con el área de tiro de la base militar–, y no deja claro qué especies que se encuentran dentro de él.
Sin embargo, las personas a cargo conocen bien a la fauna con la que conviven, y consideran que sería vulnerable al movimiento que conllevaría el aeropuerto.
“Sí nos preocupa porque las aves que tenemos aquí dentro del parque, al haber tanto movimiento, las va a espantar. Y déjame decirte que sí tenemos algo de aves: tenemos águilas, zopilotes, halcón, caracara, ibis, gaviota, patos… Tenemos variedad, pero ya con el movimientos de las aeronaves, quién sabe”, señala el cuidador.
“A todo nos tenemos que acostumbrar”
El proyecto contempla un área de influencia directa alrededor del futuro aeropuerto, que recibirá directamente los impactos socioeconómicos y ambientales del proyecto, y que se conforma por cinco municipios: Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Zumpango y Tonanitla.
En el fraccionamiento Paseos de Tecámac, apenas un muro separa a una de sus calles, la Avenida Tulipanes, de la base área.
Aquí, algunos vecinos muestran su preocupación ante la ausencia de las autoridades, quienes no han ido a consultarles sobre el proyecto, aun cuando en reiteradas ocasiones el gobierno federal ha dicho que cuenta con el apoyo de los habitantes.
Esta ausencia ha provocado la inquietud de los habitantes, que temen por la expropiación de sus viviendas e, incluso, de un pozo que abastece a la unidad habitacional.
“Sabemos que llega el gobierno, te expropia o te pide que le remates tu vivienda. En este caso, nosotros como condóminos de este fraccionamiento no estaríamos dispuestos a hacerlo, ya que es el patrimonio por el que hemos luchado mucho tiempo”, expresa Guillermo Muñoz.
El documento de la Sedena considera que el proyecto representará “una gran oportunidad para la creación de empleos”, pero sus habitantes se muestran poco optimistas al respecto.
“Yo considero que no (será así), más que nada por las concesiones. Puede haber, pero igual pueden estar vendidas. Vamos a ser realistas, no va a haber trabajo para los taxistas de nuestro municipio. ¿Qué es lo que pasa en el aeropuerto actual? Están vendidas todas las concesiones de taxistas y ¿a poco están trabajando los que son de color rosa?”, opina Lourdes Reséndiz, otra de las vecinas del lugar.
Al noroeste del polígono, al interior del Predio 4 y justo debajo de lo que será el cono de despegue, se encuentra la casa de María Luisa Pérez Aguilar. Para ella y su familia, lo de menos es el ruido del aeropuerto o el movimiento que conlleva.
El ruido provocado por un avión en el despegue es de alrededor de 130-150 decibelios A, ruido que se disipa con la distancia. Pero, en el caso del cono de despegue, se tiene que la población está en el límite noreste del predio y es esta la que sería mayormente afectada. La temporalidad y la falta de medidas efectivas para controlar este problema hacen que el impacto sea considerado como adverso significativo
Manifestación de impacto ambiental, Sedena.
“A todo nos tenemos que acostumbrar. Hay ocasiones donde hay ruido, no es siempre, eso cuando salen los dichosos F5, pero ya nos acostumbramos”, dice.
Su verdadera preocupación se deriva de si el gobierno tiene la intención de adquirir sus terrenos, sobre lo que no les han informado nada, ni mucho menos preguntado.
“Todo lo que hemos escuchado aquí son rumores. Es nuestro único patrimonio de seis hermanos, y estamos mal. Si nos reubican, que nos digan adónde. Como pueden ver aquí en mi familia vivo de este changarrito”, dice, señalando el interior de una tienda de abarrotes.
“Aquí tratamos de echarle ganas. Si nos reubican o nos quieren comprar, que nos digan cómo, de qué manera, porque somos seis hermanos y para construir es difícil”.
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Tierra fértil para la especulación
Isaac Cortés se dedica, junto a Mary García, a vender terrenos en los alrededores de la base aérea de Santa Lucía, en los municipios de Tecámac y Zumpango, y si bien los predios a su cargo no han encarecido, sí es el caso de otros sobre avenidas principales.
“El precio por metro cuadrado es de 1,500 pesos en facilidad de pago, de contado a 1,000 pesos (…) En algunos casos ha subido hasta 2,000 pesos, el doble se puede decir, a partir del anuncio del proyecto”, explica.
García vende predios pertenecientes principalmente a habitantes de la zona, quienes por años se han dedicado a adquirir grandes áreas para fraccionarlas y posteriormente revenderlas a un mejor precio.
“Algunos piensan que a futuro subirá de precio y lo ven como inversión por lo del aeropuerto, pero la mayoría compra como habitacional, sobre todo los que viven en las unidades y no les gustan las casas porque son muy chiquitas”, apunta.
El documento de la Sedena advierte que los precios y uso de suelo de la periferia de Santa Lucía pueden entrar en un proceso de especulación y presión para el cambio de su uso.
“Este es un riesgo que no es fácil de controlar, ya que entra en un proceso de oferta y demanda, situación que se complica considerando que hay un ordenamiento de usos de suelo en la zona actual que debe de ser aplicado”.
Esta situación comienza a verse como un riesgo que puede desencadenar en un crecimiento anárquico en torno al aeropuerto proyectado, generando nuevos centros comerciales, de hospedaje e incluso de diversión nocturna, y sus implicaciones sociales que pueden ser molesto para la población local
Manifestación de impacto ambiental, Sedena.
El proyecto del nuevo aeropuerto en Santa Lucía actualmente está congelado. A raíz de que la obra carece de un dictamen sobre su MIA, y de que organizaciones como el colectivo #NoMásDerroches han interpuesto más de 100 recursos de amparo contra la obra. Una disputa que, para los vecinos de Santa Lucía, se traduce en mayor incertidumbre.