Los esfuerzos del gobierno federal por arrancar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía se están viendo frustrados.
El 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva infraestructura aeroportuaria en la base aérea militar no. 1 en Santa Lucía comenzaría a construirse el lunes siguiente. Ese día, sólo hubo una ceremonia simbólica para la colocación de la primera piedra. Y desde entonces, no ha habido avances.
Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el general Gustavo Vallejo Suárez, quien encabeza el proyecto de Santa Lucía, anunciaron que las obras arrancarían entre mediados y finales de junio, después contar con todos los requisitos legales.
Pero no se han logrado, y recientemente el proyecto fue frenado, por carecer de los estudios necesarios, por tres resoluciones judiciales interpuestas por el colectivo #NoMásDerroches, conformado por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Confederación Patronal (Coparmex) y Causa en Común, entre otras.
La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles necesita estudios y permisos para la preparación del sitio y para su construcción.
Según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicado en abril de este año, en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, hasta ese momento el proyecto contaba con dos estudios preliminares para la preparación del sitio antes de la construcción: levantamiento topográfico, en el que se analiza el terreno, y el estudio geotécnico, que evalúa la mecánica de suelos.
Para la fase de preparación del sitio se tienen contempladas actividades como la demolición de estructuras existentes en la base aérea, el desmonte y despalme de árboles, excavaciones, compactaciones, nivelaciones, cimentaciones, formación de plantas de terracería, así como la construcción de caminos interiores y de almacenes cubiertos y a la intemperie.
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Sin embargo, los estudios requeridos para la construcción aún están ausentes, o si existen, “no los han dado a conocer”, explica Demetrio Galindez López, académico del Instituto Politécnico Nacional e investigador en materia aeronáutica.
El proyecto para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se basa en el Plan Maestro preliminar, según el informe de la propia Sedena, por lo que no se están tomando en cuenta los cambios que podrían reflejarse en la versión final del Plan Maestro.
Galindez ha sido uno de los principales críticos de esto. El investigador, que participó en la mesa de Infraestructura Aeroportuaria en la Cámara de Diputados como parte de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, considera que es la razón que ha derivado en la suspensión temporal del proyecto.
“Por falta de seriedad, de profesionalismo, ocurre lo que ocurre. (...) Antes de iniciar cualquier obra, debería estar completo el Plan Maestro del aeropuerto, que es el resultado de los estudios de planificación, en los cuales se ve cada una de las áreas que involucran al proyecto, empezando por el concepto aeronáutico, la infraestructura, el espacio aéreo, etcétera”, dice.
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Un ejemplo de los estudios requeridos para este tipo de proyectos son los trabajos preliminares del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) de Texcoco.
Según un documento de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), los trabajos de preinversión, realizados entre agosto y diciembre de 2013, contemplaron al menos 17 estudios: de carácter topográfico, un anteproyecto de plan de negocios, de cumplimiento de normatividad, costo-beneficio, y simulación hidráulica y evaluación ambiental, entre otros. Posteriormente, se sumaron más ejercicios para ahondar en cada uno de los rubros analizados.
Además, se tomaron en cuenta otros seis estudios que ya evaluaban rubros como el hidráulico y la geotecnia en la región de Texcoco. Por eso, el investigador del IPN considera que la única manera en que existe la posibilidad de que los estudios estén listos al cierre de junio es si ya existe un equipo que esté integrando evaluaciones previamente realizadas, como ocurrió en el caso de Texcoco.
No obstante, contar con los estudios es sólo el comienzo, ya que el verdadero reto radica en su aprobación.
“Podrían estar los estudios, pero no las autorizaciones. En cada etapa, las autoridades deben de ajustarse a un marco normativo, el cual nos obliga a obtener licencias para operar. Se me hace aventurado decir que a finales de junio tengan todo esto, aún esperan que se resuelva la Manifestación de Impacto Ambiental en diferentes rubros”, indica.
A la fecha, el proyecto se ha enfrentado a tres suspensiones: dos provisionales y una definitiva.
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Mariano Calderón, socio de Santamarina a cargo del área de Litigio Administrativo y Amparo, explica que la suspensión ocurrió primero en forma provisional y luego en forma definitiva.
Durante el juicio de una suspensión provisional, el juez analiza los argumentos de los quejosos (en este caso, #NoMásDerroches), y si el acto que impugnan (la construcción de Santa Lucía) es inconstitucional. En paralelo, se le pide al juez que suspenda los actos que se están impugnando, lo que se conoce como el incidente de suspensión, y que derivó en el cese de labores en Santa Lucía.
Cuando se resuelve la suspensión provisional, el juez le pide un Informe Previo a las autoridades para que expliquen si existe efectivamente el acto que reclaman o no. Con base en este informe, y en la información de una audiencia incidental en la que las partes ofrecerán sus pruebas, el juez emite una resolución sobre la suspensión, que se llama suspensión definitiva.
Calderón explica que el medio de defensa para la suspensión definitiva es un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, para lo cual las autoridades tienen un plazo de 10 días hábiles a partir de que se les otorgó la resolución.
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De ahí que, mientras no se tengan los estudios y permisos requeridos, el juez tiene facultades para ordenar que se suspenda indefinidamente el proyecto.
Al respecto, el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina del 4 de junio que se respetará la decisión del juez. “Todavía estamos esperando que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Parece que es a fines de junio o principios de julio, de acuerdo con lo que tenemos de información”, señaló.
