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Aprobación de la MIA no cambia la situación jurídica de Santa Lucía, dice MCCI

Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aún falta el título de concesión para comenzar a construir el proyecto, además de otras autorizaciones.

jue 25 julio 2019 07:54 PM

La Sedena, que encabeza el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, aún no cuenta con un título de concesión necesario para comenzar las labores necesarias, refiere MCCI. (FOTO: ©MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Juan Tolentino Morales

@JannTM

La aprobación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a construirse en la base aérea militar de Santa Lucía, no cambia la situación jurídica actual del proyecto ni da luz verde para que inicie su construcción, ya que aún están pendientes autorizaciones de entidades federales y estatales, dijo Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En temas ambientales, explicó, es uno de los requisitos que los jueces, a través de los 147 juicios de amparo interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches, han puesto sobre la mesa. “Tienen que cumplir con permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad y viabilidad técnica, aeronáutica y cuestiones de estrategia social”

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo público hoy el dictamen de la MIA promovida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien encabeza el proyecto de construcción del aeropuerto en Santa Lucía, y aunque en sus anexos incluye avances respecto a los estudios realizados por la empresa NavBlue y Aeropuertos de París (encargados de análisis de espacio aéreo y el plan maestro, respectivamente), hay varias dependencias que deben emitir su visto bueno oficialmente.

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“La Ley de Aeropuertos dice que sólo se le puede otorgar la concesión a una sociedad mercantil, la Sedena es promovente, pero no es persona jurídica ni una sociedad mercantil, y no tiene título de concesión, entonces por más que se tengan permisos y autorizaciones correspondientes, no podría comenzar a construir”, enfatizó.

Al respecto, Demetrio Galindez López, investigador en materia aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideró que análisis como una manifestación de impacto ambiental son ejercicios que toman mucho tiempo, y que su pronta aprobación podría responder a decisiones del gobierno federal.

“Desde mi punto de vista, lo que está prevaleciendo es la influencia del gobierno actual –del Ejecutivo, específicamente– en querer llevar a cabo el proyecto. Quiérase que no, todas las instituciones del gobierno se van a tener que alinear a esa posición”, dijo.

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Carrasco agregó que las autorizaciones no dependen únicamente del gobierno federal, sino también de coordinaciones interinstitucionales con autoridades del estado de hidalgo, del Estado de México, de la Ciudad de México, así como de entidades como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, dependiente de la ONU).

“No viene a modificar la suspensión que se ha otorgado en los juicios de amparo, actualmente tenemos 11 suspensiones vigentes, con una basta”, dijo Carrasco.