Las modificaciones a los instrumentos que regulan las tarifas que pagan las centrales constituidas bajo las reglas anteriores a la Reforma Energética de 2014 y 2015 son "insostenibles", porque las propias leyes que nacieron de estos cambios reconocen que se deben respetar sus términos hasta la conclusión de la vigencia de los contratos, dice un estudio elaborado por el monitor del mercado eléctrico, la consultora ESTA Internacional, que trabaja bajo contrato de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El monitor eléctrico ve inviable cambiar las reglas en las tarifas renovables
El alza en las tarifas implica acabar con el modelo de negocio previsto anterior a la reforma energética, dice un estudio de la consultora ESTA Internacional.
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Un grupo de centrales de energías renovables, en su mayoría eólicas, enfrentan el incremento de una parte de las tarifas que pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pudiera subir 10 veces o más, en una decisión que se enmarca dentro de una serie de acciones emprendidas por la administración de Andrés Manuel López Obrador en el mercado eléctrico, y que la iniciativa privada ha criticado y combatido de manera frontal.
Pero esta decisión de disparar la tarifa de porteo, tomada a finales de marzo, puede ser “insostenible”, debido a que con este menor cobro se apostó por impulsar nueva infraestructura de generación, sobre todo renovable (cuyos costos eran relativamente mayores en comparación con otro tipo de tecnologías), a través de incentivos en la transmisión, explica el monitor independiente del mercado eléctrico.
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“Cualquier modificación de los instrumentos que regulan los cargos por porteo no sería sostenible técnica y jurídicamente, ya que la propia LIE (Ley de la Industria Eléctrica) reconoce los instrumentos vinculados a los CIL (Contratos de Interconexión Legados), mismos que se respetarán en sus términos hasta la conclusión de la vigencia de los contratos respectivos”, dice el estudio, publicado el 15 de mayo.
Esta parte se refiere al impacto del porteo, la tarifa que se cobra por el uso de las redes de transporte y distribución para llevar la electricidad que generan, y que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) incrementó a finales del mes pasado.
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El estudio del llamado Monitor Independiente del Mercado Eléctrico, que realiza la consultora especializada ESTA Internacional (que obtuvo el contrato de la CRE en 2017 en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional), refiere sobre este tema que se requeriría aumentar entre 150% a 233% las tarifas de porteo de los más de 250 contratos legados para que el Generador de Interconexión, que es una filial de (CFE), para evitar caer en un déficit.
“Se infiere que los ingresos por porteo serían equiparables con los egresos por el servicio público de Transmisión y Distribución, si los cargos de porteo de los CIL se incrementaran entre un 150% y 233 % en relación con las tarifas reguladas”, dice el monitor.
Este incremento se refiere a los montos finales que se pagan por todas estas plantas que incluyen tecnologías convencionales y renovables; pero el alza se puede disparar si se refiere solo a la tarifa en específico de las centrales solares y eólicas a las que se les cobraba una tarifa aún menor, y que tras la resolución de la CRE pudiera dispararse hasta en 10 veces o más, según contaron fuentes a Expansión.
El déficit por este concepto cerró en poco más de 6,000 millones de pesos (mdp) durante 2019, mientras que en 2018 fue de menos 7,303 mdp y en 2017 de 6,735 mdp. Pero el propio monitor apunta que cambiar las tarifas de porteo va en contra de lo dispuesto por la legislación actual.
Si bien CFE como representante de estas centrales frente al Mercado Eléctrico Mayorista termina por resentir este cobro, al final éste se le reconoce a la eléctrica nacional dentro de la tarifa que la aprueba la CRE, explica el monitor.
El regulador eléctrico ha defendido los cambios, sin dar a conocer las nuevas tarifas a cobrar, debido a que se equiparan con las que pagan en estos momentos las centrales que surgieron de la Reforma Energética, además de que ayudará a reducir la tarifa a los usuarios finales.
El sector privado se ha lanzado en contra de estos cambios debido a que modifican las reglas y modelos de negocio bajo los que se financiaron estos proyectos. Las modificaciones afectan de manera directa a empresas que reciben los beneficios de esta tarifa estampilla, y que proveen electricidad bajo este esquema a ciertas unidades de empresas como FEMSA, Soriana, Liverpool, Arca, Cemex o Bimbo, entre otro tipo negocios como comercios, hoteles, banca, hospitales, escuelas, servicios municipales y estatales.
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