Un grupo de renovables teme ‘tarifazo’ tras la decisión del regulador

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Esta alza puede rondar el 500% para las centrales con la tarifa preferencial para tecnologías renovables, según comentaron tres fuentes del sector con conocimiento del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. La tarifa en Alta Transmisión pasará de 0.049 pesos a 0.2586 pesos por kilowatt hora, un aumento de 428%, la de media tensión subirá 469%, y la de baja en 820%, según una de las fuentes.

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La CFE no ofreció detalles de cómo quedarán las nuevas tarifas y se limitó a informar que el aumento busca “un equilibrio responsable entre las tarifas eléctricas en relación con los costos”.

Pero el cambio puede resultar transgresor para un grupo de plantas renovables a las que se les otorgaron permisos con anterioridad de esta fecha, y que tenían una tarifa especial conocida como estampilla o verde.

Esta tarifa se traduce en un cobro simbólico de menos de cinco centavos por cada kilowatt hora transmitido, frente a las tarifas que superan los 30 o 50 centavos que se pagan bajo la actual Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Este beneficio se dio en su momento como un apoyo para impulsar tecnologías como las eólicas que tenían costos más altos frente a las tecnologías convencionales.

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“En el caso del servicio de transmisión, los cargos de porteo no son equiparables con las tarifas reguladas que actualmente aplican por el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, dado que su aplicación tiene propósitos distintos. Los primeros tuvieron el papel de incentivos para impulsar la generación renovable, y las segundas son el vehículo para que el Transportista y Distribuidor recuperen sus costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento, entre otros”, explica un informe publicado por la consultora ESTA Internacional, quien ofrece un informe anual sobre el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), creado a partir de la reforma energética.

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El informe muestra que los 250 contratos interconectados legados (CIL), que incluyen a las centrales convencionales y renovables de la ley anterior, causaron un déficit de poco más de 6,000 millones de pesos (mdp), que pagó casi en su totalidad una filial de CFE encargada de comprar la electricidad en el MEM, y que al final termina cobrándose en las tarifas a los usuarios finales.

“El déficit entre los ingresos por porteo y los egresos por el servicio Transmisión y Distribución, se reduciría si los cargos de porteo de los CIL se incrementaran entre un 150% y 233 % en relación con las tarifas reguladas”, dice el reporte.

Los cambios a las tarifas van a impactar a 4,000 MW de generación de proyectos eólicos que dan su energía a firmas como FEMSA, Soriana, Liverpool, Arca, Cemex o Bimbo entre muchos otros clientes de menor tamaño, dijeron las fuentes.

“También a muchos comercios, hoteles, banca, hospitales, escuelas, servicios municipales y estatales (alumbrado público, bombeo de agua, transporte)... Incluso le va a pegar a Pemex, que también usa el porteo para la planta de cogeneración de Nuevo Pemex para suministrar todos sus centros de consumo”, dice una de las fuentes.

Los cambios pueden desatar conflictos legales tanto con las firmas como los generadores y los bancos involucrados, debido a que el acuerdo, que aún no se ha dado a conocer, puede interpretarse como un cambio en los derechos que tenían estas centrales que se constituyeron bajo otros supuestos, y que esta alza puede dañar sus perspectivas económicas, dijeron dos de las fuentes.

“El problema es el mensaje, que estos proyectos como tienen derechos adquiridos y el gobierno les dijo que podían operar por 25 a 30 años, cambias las condiciones. Y los haces inviables financieramente. Y te pueden pelear y ganar y, además, indemnizarlos”, dice una fuente legal con conocimiento de este tipo de contratos.

Las fuentes consultadas también coinciden en que las condiciones tarifarias de esos contratos sí pueden verse como ventajosas en estos momentos, sobre todo aquellas más cercanas a la publicación de la reforma energética, y que se terminaron con posterioridad, manteniendo las ventajas de la ley anterior.

Pero la forma en que se están impulsando las modificaciones vulnera la certidumbre jurídica de los proyectos en el sector, además que pueden incrementar los costos para las empresas que los usan, lo que a su vez van a terminar trasladando al consumidor, coinciden las fuentes consultadas.

Los cambios a la tarifa estampilla formaron parte de la conversaciones y peticiones que intercambió la CFE durante el año pasado en una serie de peticiones que realizó ante la CRE, con el fin de “emparejar” el terreno de juego para el ex monopolio estatal. La medida se da además luego de una serie de acuerdos publicados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Secretaría de Energía (Sener), que también han causado impactos entre los renovables.