La ruta que empuja la Secretaría de Energía (Sener) para tener un mayor control sobre el mercado eléctrico no sólo debe preocupar sobre el destino de las nuevas centrales solares y eólicas, sino a todo el sector privado en su conjunto. Los cambios van a impactar en los costos eléctricos, en la rentabilidad de los proyectos, la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y deja en el limbo la ampliación de las redes de transmisión del país, advierten expertos del sector.
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El gobierno ha defendido que la nueva política de confiabilidad está dirigida a poner “orden” en el sector eléctrico, con el fin de fortalecer a CFE, pero sin discriminar a las tecnologías ni obstruir proyectos renovables. Pero los gremios solar y eólico son los primeros que se han quejado justo de las nuevas reglas van dirigidas a frenar su expansión impulsada durante el sexenio pasado.
1- Sucio y caro, pero confiable
Las nuevas directrices del despacho eléctrico van a permitir que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) modifique los criterios de despacho para satisfacer la demanda eléctrica, advierten los especialistas.
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El despacho se refiere a la inyección de la electricidad por parte de las centrales para suministrar la demanda de los usuarios cada día. Las reglas actuales, aún vigentes a pesar de la nueva política, prevén que entren primero al despacho las centrales que, por su forma de operar como la nuclear o geotérmica, no pueden esperar en la fila para inyectar su electricidad. Pero a partir de aquí, el criterio económico prevalece cuando la red trabaja en condiciones de confiabilidad, es decir, bajo los parámetros de frecuencia y potencia que se requieren en la red.
“Lo que cambia con la política es que ese despacho a menor costo posible es cancelado para adquirir una nueva acepción donde la seguridad tiene prioridad sobre la cuestión económica”, dice David Briseño, vicepresidente de desarrollo y gestión de proyectos de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
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El gestor ahora tendrá la faculta de incluir centrales que le aseguren que su electricidad se inyectará de forma continua y con la potencia requerida, aunque provenga de plantas que usen combustibles fósiles como el gas natural –el más limpio y barato de éstos-, combustóleo o diésel, dice Briseño.
“Esta nueva política es contraria a un modelo de competencia y abre la discrecionalidad al gestor para ver quien puede generar y quien no”, coincide Rosanety Barrios, exfuncionaria de Sener.
2- ¿Y la red eléctrica?
La nueva política enfoca sus esfuerzo en impedir que las redes de transmisión del país sufran fallas por saturación y cambios fuertes de frecuencia; pero en lugar de enfocarse en la inversión y ampliación de las ventas de este mercado, busca limitar su crecimiento, dicen los especialistas.
“El acuerdo tiene muchas cosas que no gustan, como el despacho, pero creo que el problema más grande de todo el sector eléctrico, y que la gente no ve ahora, es el tema de la red de transmisión” dice Paolo Salerno, socio fundador de Salerno y Asociados.
La capacidad de generación se ha expandido durante los últimos tres años gracias a la entrada de centrales solares, eólicas y de ciclo combinado.
Esta última tecnología, que resulta de las más baratas y limpias dentro de las convencionales, ha sido la tendencia a seguir del mercado mexicano desde hace más de una década, donde incluso la CFE ha invertido fuertes cantidades de dinero para reconvertir plantas que usaban el combustóleo –un derivado del petróleo que es más costos y contaminante, y menos eficientes- para que corran con gas natural.
Pero esta ampliación del parque de generación no se ha visto compensada con un incremento en la expansión de las redes de transmisión, como las torres eléctricas que se ven al lado de las carreteras.
“El problema de las redes, de las interconexiones, subestaciones, es un problema viejo. El sistema no tiene capacidad para todo. Ahí está el punto nodal”, dice Salerno.
La anterior administración nunca pudo sacar adelante los grandes proyectos de transmisión como la línea de corriente directa –una tecnología innovadora para la red de mexicana- entre el centro del país y Oaxaca; o para interconectar al sistema aislado de la península de Baja California con el resto del país.
Ambos proyectos se cancelaron a la entrada del gobierno de López Obrador, casi a la par de las subastas de largo plazo.
La nueva política no obliga a CFE ni al gobierno invertir en nuevas redes para que se amplié la capacidad de transportar electricidad de diferentes partes de la república, dice Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
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3- La independencia del gestor
Las renovables aparecen como las primeras grandes afectadas de este cambio de visión, justo porque su generación tiende a ser menos estable que las plantas que corren con algún combustible fósil; y al ponerse por encima la confiabilidad que los costos, van a verse afectadas por estos cambios
Pero también preocupa la discrecionalidad y parcialidad del CENACE como gestor de la red, que puede impulsar la entrada de centrales de CFE antes que otras privadas de tecnologías convencionales
“Esto está hecho para cuidar a la CFE. Hoy las plantas privadas no van a tener certeza de que su energía va a ser inyectada”, dice Barrios.
Las modificaciones van a reducir de manera artificial la competencia de centrales privadas en el mercado, permitiendo que sea el CENACE quien defina los parámetros de confiabilidad, dice Valle.
“Estás fortaleciendo al monopolio con algo que claramente atenta contra las reglas del mercado y el piso parejo”, dice el representante.
El centro mostró sus intenciones de tomar un mayor control sobre el ingreso de las plantas renovables con un acuerdo publicado el 29 de abril pasado donde frenó las pruebas de 15 centrales que requerían estas pruebas, y dos ampliaciones, según cifras mostradas en una presentación del CENACE este martes.
4- Una política impuesta sobre la ley
El nuevo instrumento, publicado el viernes pasado, otorga facultades y cambia el modelo de despacho previsto por la propia Ley de la Industria Eléctrica (LIE), un ordenamiento que tiene más jerarquía que una política pública, coinciden los especialistas consultados.
“Es verdad que el artículo 132 de la LIE le da facultades a Sener para emitir políticas en materia de confiabilidad, pero el mismo artículo habla de la eficiencia, y que debe existir un equilibrio entre ambas variables, mientras que la política prioriza la primera sobre la segunda”, dice un experto en temas legales en materia energética, que habló bajo condición de anonimato.
La nueva política va a permitir al CENACE negar permisos de interconexión para nuevos proyectos por instrucción de Sener, cuando la LIE sólo contempla que deben cumplir con inversiones en reforzamiento, pero nunca negar, explica la fuente
“Ahora el CENACE puede negarlos si es que hay saturación en un nodo”, dice la fuente.
Las centrales deben tener el visto bueno del gestor en temas de interconexión a la red, y cuando un nodo en una región comienza a saturarse, pide que se hagan inversiones en líneas de transmisión y subestaciones que, según el nivel de ocupación, pueden ser más o menos costos. Pero estas inversiones pasan a formar parte de los activos de CFE, una vez que se instalan los proyectos, aunque fueran construidos para la operación de una central eléctrica privada.
5- Un cambio de reglas que asuste a la inversión
Las nuevas políticas pueden afectar tanto a las empresas que habían solicitado permisos bajo las leyes y reglamentos derivados de la Reforma Energética, como a quienes estudiaban ingresar al mercado mexicano en los próximos meses.
“Se ve cada vez más difícil sostener el apoyo de nuestros inversores cuando claramente el gobierno cambia las reglas”, dice un directivo de una de las empresas afectadas por el acuerdo del 29 de abril de CENACE, que pidió no ser citado, porque no tiene la autorización para discutir el tema.
Los proyectos eléctricos tienen aparejadas inversiones de fondos, bancos, Afores y también a la banca de desarrollo del gobierno, y este cambio de reglas puede aumentar las tasas de retorno por el aumento en el riesgo sobre los proyectos.
Las empresas y fondos internacionales han pedido la intervención de sus embajadas para pronunciarse sobre estos riesgos, pero también pudieran optar por buscar tanto la protección judicial mexicana además del arbitraje internacional.
“He platicado con varias empresas del sector, que no son renovables, y les he advertido que si bien en principio parece no afectarlas, debe anticipar que deberán defenderse legalmente porque la política va a trastocar a todo el sistema eléctrico”, dice la fuente legal consultada.
El sector renovable apostó inversiones por casi 9,000 millones de dólares (mdd) durante las subastas de largo plazo del sexenio pasado, mientras que el sector privado cuenta con más capital invertido en otro tipo de plantas como las de ciclo combinado, o los acuerdos bilaterales con industriales.
