Pemex lleva la ventaja con la nueva política de inventarios de gasolinas

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La Secretaría de Energía (Sener) modificó la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, un instrumento que tenía la intención de impulsar la construcción de nueva infraestructura y tener inventarios de productos como gasolinas, diésel y turbosina. Pero, a finales del año pasado, a unos días de entrar en vigor, el gobierno decidió ampliar su cumplimiento y disminuir los días de reservas que debían comprometerse, para dejarlo en cinco días mínimo a partir de este 1 de julio.

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El sector gasolinero se encuentra de nuevo en incertidumbre sobre cómo se cumplirá con esta meta porque, si bien en el país existe el espacio suficiente para llegar a ese margen de autosuficiencia en casos de emergencia, casi todo lo controla Pemex, y los distribuidores y comercializadores de combustibles que dan servicios a su vez a las estaciones no tienen los lineamientos que debe emitir la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“A día de hoy no se sabe quiénes no van a cumplir, porque no sabemos cuál es la capacidad disponible. La CRE no saca información y así es difícil conocer el déficit en el mercado”, dice Daniela Flores, analista de la consultora Talanza Energy.

La política debe establecer el número de litros que los distribuidores y comercializadores de combustibles al mayoreo, que a su vez tengan como clientes a estaciones de servicio, deben tener para cumplir con el suministro por cinco días en caso de alguna emergencia que impida al mercado abastecerse.

Pemex tiene más del 90% de este almacenamiento en el país para hacer inventarios de combustibles , y con esa capacidad todo el mercado pudiera cumplir sin problemas con los cinco días que exige el regulación. Pero la petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza publicó la semana pasada una serie de términos que usará como base para ofrecer el llamado servicio de tickets, un contrato donde el ofertante se compromete a tener el combustible disponible en caso de que se determine una emergencia de abasto, y donde la otra parte paga por este derecho sobre una parte de esos inventarios.

“Entre comercializadores y distribuidores manejamos alrededor del 60% que vende Pemex. La entrada en vigor de esto va a permitir a Pemex cobrar algo que es un ingreso directo sin mover nada”, dice Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy.

Los términos establecen entre sus obligaciones del cliente que quiera comprar estos tickets para cumplir con la política tenga, además, un contrato de comercialización con Pemex. El mercado ha interpretado esto como una venta atada de dos servicios diferentes, porque el ticket solo da el derecho de tener esta capacidad de inventarios contratada en caso de emergencia; mientras la comercialización implica una relación donde la petrolera nacional vende el combustible de manera regular a ese cliente.

“Esto se puede considerarse una venta atada, la venta de un producto sujeta a la contratación de otro”, dijo Alejandro García Villarreal, analista de la consultora SICEnergy, durante una conferencia virtual para miembros de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Pero esta práctica requiere de un análisis por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que, además, debiera ir aparejada de una declaratoria de poder sustancial de mercado, dice García. La CRE justo opinó que Pemex no tenía esta etiqueta a finales del año pasado, cuando decidió eliminar parte de la regulación asimétrica.

“Solo vender a sus usuarios creo que es parcialmente adecuado, porque Pemex debe asegurar mínimo a la gente que me compra. El problema es que no está obligado a decir cuánto más les sobra”, opina Alejandro Montufar Helú, director de la consultora PetroIntelligence.

La falta de competencia en este mercado, debido al retraso en los proyectos de almacenamiento de privados, deja a Pemex con este poder para fijar sus condiciones en el mercado. Incluso las empresas que quieran cumplir de manera momentánea a través de los tickets que ofrece la petrolera nacional deberán sujetarse a contratos de seis meses a un año, cuando la política no fija un mínimo de días, y de hecho, solo pide que se renueven los datos en el sistema cada 30 días.

“Además van a firmar el contrato por seis meses y van a cambiar el precio cada mes, eso es algo que no veo que les convenga”, dice el analista de SICEnergy, en referencia a que los términos fijan que la tarifa por el almacenamiento va a cambiar cada 30 días.

Pero el análisis sobre si está ejerciendo algún tipo de práctica ilegal debido a su poder en el mercado también estará limitado a ver cómo se desarrolla. Si bien nace de uno existente que es el del almacenamiento, los tickets apenas comienzan a ofrecerse como una alternativa para cumplir esta parte de la política, por lo que faltará demostrar que Pemex lo domina y ejerce su poder de mercado, dice García.

El vacio de otros competidores también abre la puerta a que Pemex fije estas tarifas. La petrolera ha ofrecido este servicio a 30 centavos por litro, un costo que puede repercutir en el precio final al consumidor, dice Arroyo.

“Dejaran que el mercado haga lo suyo, solo que en este caso ellos tendrán una posición dominante en la capacidad de inventario”, dice Flores.

Los inventarios de gasolinas llegaron a tocar más de 14 días de almacenamiento respecto a la demanda en la semana 16 de este año, justo en los días más agudos de las medidas de confinamiento para frenar el avance de la epidemia de la COVID-19 en México, según cifras de Sener; aunque en lo que va del año rondan entre el 4 y 6 días de inventarios.