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La Secretaría de Energía (Sener) modificó la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, un instrumento que tenía la intención de impulsar la construcción de nueva infraestructura y tener inventarios de productos como gasolinas, diésel y turbosina. Pero, a finales del año pasado, a unos días de entrar en vigor, el gobierno decidió ampliar su cumplimiento y disminuir los días de reservas que debían comprometerse, para dejarlo en cinco días mínimo a partir de este 1 de julio.
El sector gasolinero se encuentra de nuevo en incertidumbre sobre cómo se cumplirá con esta meta porque, si bien en el país existe el espacio suficiente para llegar a ese margen de autosuficiencia en casos de emergencia, casi todo lo controla Pemex, y los distribuidores y comercializadores de combustibles que dan servicios a su vez a las estaciones no tienen los lineamientos que debe emitir la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“A día de hoy no se sabe quiénes no van a cumplir, porque no sabemos cuál es la capacidad disponible. La CRE no saca información y así es difícil conocer el déficit en el mercado”, dice Daniela Flores, analista de la consultora Talanza Energy.
La política debe establecer el número de litros que los distribuidores y comercializadores de combustibles al mayoreo, que a su vez tengan como clientes a estaciones de servicio, deben tener para cumplir con el suministro por cinco días en caso de alguna emergencia que impida al mercado abastecerse.
Pemex tiene más del 90% de este almacenamiento en el país para hacer inventarios de combustibles , y con esa capacidad todo el mercado pudiera cumplir sin problemas con los cinco días que exige el regulación. Pero la petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza publicó la semana pasada una serie de términos que usará como base para ofrecer el llamado servicio de tickets, un contrato donde el ofertante se compromete a tener el combustible disponible en caso de que se determine una emergencia de abasto, y donde la otra parte paga por este derecho sobre una parte de esos inventarios.
“Entre comercializadores y distribuidores manejamos alrededor del 60% que vende Pemex. La entrada en vigor de esto va a permitir a Pemex cobrar algo que es un ingreso directo sin mover nada”, dice Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy.
Los términos establecen entre sus obligaciones del cliente que quiera comprar estos tickets para cumplir con la política tenga, además, un contrato de comercialización con Pemex. El mercado ha interpretado esto como una venta atada de dos servicios diferentes, porque el ticket solo da el derecho de tener esta capacidad de inventarios contratada en caso de emergencia; mientras la comercialización implica una relación donde la petrolera nacional vende el combustible de manera regular a ese cliente.
