La administración de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en plena lucha con el sector privado ante los cambios que ha sufrido el sector desde el año pasado. El gobierno pone todo de su parte para permitir que los exmonopolios Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retomen su papel dominante en el sector energético, una visión que promueve de manera activa con miras hacia 2024.
El gobierno redobla su apuesta ante las críticas del sector energético
La administración refrenda sus últimas acciones en su guía de política energética, a pesar de los reclamos desde EU, Canadá y Europa.
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El choque de posturas más reciente viene desde el influyente Instituto Americano del Petróleo (API), que ha pedido la intervención de altos funcionarios de la administración de Donald Trump para frenar lo que considera un trato “discriminatorio” contra sus agremiados con inversiones en el país, para favorecer el camino a Pemex.
“Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, apuntó Michael Sommers, director general del Instituto, en una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Donald Trump fechada el 11 de junio.
El reclamo, que se enfoca en las empresas del sector de hidrocarburos y petrolíferos, se une a los realizados por la embajada de Canadá y la Delegación de la Unión Europea a mediados del mes pasado para externar las preocupaciones de las firmas de sus países sobre las modificaciones que se están realizando en el sector eléctrico en México, y que amenazan con afectar sus inversiones en el país.
“En los últimos meses, empresas canadienses con inversión y proyectos en el país han enfrentado diversos desafíos, manifestando su preocupación por la política de cancelación de las subastas de energía limpia”, dijo Graeme C. Clark, embajador designado de Canadá, en una carta enviada a la titular de Sener
Las cartas de ambas embajadas se enviaron antes de la publicación intempestiva de la nueva política de confiabilidad para el sistema eléctrico, y del alza de casi 800% a las tarifas que pagan ciertas centrales renovables.
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El sector empresarial y las asociaciones de firmas renovables han manifestado su preocupación por estos cambios y han interpuesto juicios de amparo en contra del gobierno, ganando hasta ahora suspensiones que frenan estas modificaciones por el momento.
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Pero el gobierno tiene lista la publicación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, un instrumento que muestra la guía de las acciones que deberá tomar la administración para llevar a cabo su “rescate de la soberanía energética”, una visión enfocada a que el Estado tome más participación y control del sector.
“Para atender la problemática de Pemex es necesario recuperar la rectoría del Estado a través de Sener, con la participación de los órganos reguladores coordinados en materia energética alineados a la política de rescate del sector energético nacional, que le permitan competir en igualdad de circunstancias con los demás agentes económicos del mercado”, dice el documento enviado por la Secretaría, que pide se exente de la consulta pública y se apruebe en sus términos.
Este anteproyecto de Programa muestra la firme intención del gobierno de dar cada vez más apoyos tanto a Pemex como a CFE para fortalecerse su posición en un mercado que iba ganando algunos espacios de los exmonopolios legales. Si bien el gobierno cumple con su promesa de no modificar la Constitución para revertir la reforma energética, está aprovechando los huecos regulatorios que se dejaron desprovistos de actualización durante el sexenio pasado, justo para fortalecer a las empresas estatales, afirma Daniela Flores, analista de la consultora Talanza Energy.
“No han actualizado las reglas de juego desde la reforma del 95 en muchos casos. Y ese fue un error de la administración pasada, el no dejar todo bien amarrado”, opina la especialista.
Los retrasos en la emisión de permisos por parte la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que acusa API es muestra de estos agujeros porque esa lentitud se da desde la administración pasada, dice Flores.
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El Comisión tiene cerca de 480 permisos referentes a la construcción de nuevas gasolineras, 300 permisos para la cesión de derechos de estaciones de servicio y seis proyectos de almacenamiento aún sin autorizar. En total, suman inversiones casi 17,000 millones de pesos (mdp), dice Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy.
“Hay dos elementos muy importantes que vemos en los retrasos en CRE, uno es un sesgo ideológico por parte de los comisionados y, en segundo lugar, es la inexperiencia, el temor a lo que no conocen”, afirma.
En el sector eléctrico, la actuación del gobierno ha sido más clara, pero también ha llevado a que más empresas se hayan amparado en contra de sus medidas, dice Flores.
Las acciones tomadas por el gobierno pudieran dar argumentos a las firmas que se vean afectadas a presentar arbitrajes internacionales, al considerar que sus inversiones se están viendo afectadas por beneficiar a las empresas estatales, cuestiones que tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevén como causas para realizar estos reclamos, apunta Miguel Flores Bernés, socio de la firma legal Greenberg Trauring.
“El capítulo de inversiones de ambos tratados además es muy severo y hay muchos casos donde México ha sido demandado”, sostiene el especialista.
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