El gobierno pone en jaque al sector eléctrico privado y a los consumidores

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La dependencia que dirige Rocío Nahle emitió de forma atropellada una nueva política enfocada en el acceso y uso a las redes de transmisión y distribución eléctrica del país, en una resolución que terminó con la renuncia del titular del órgano que revisa el impacto de las nuevas reglamentaciones, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

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La secretaría argumentó primero que debía expedirse de manera urgente esta regulación derivado del impacto de la crisis sanitaria en la demanda eléctrica y posibles fallas asociadas al uso de centrales solares y eólicas; para luego defender que este instrumento iba destinado a ordenar al sistema eléctrico en su conjunto, más allá de la epidemia de la COVID-19.

La nueva política precede además a un acuerdo del 29 de abril emitido por el gestor del sistema, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que limitaba el acceso de nuevas centrales renovables durante la crisis sanitaria.

Las empresas han recibido con alarma total estas modificaciones –existen más de una decena de amparos en contra del acuerdo de finales del mes pasado, y se han otorgado suspensiones provisionales en al menos tres- debido a que ven en el fondo una regresión en las reglas de este mercado que tras la reforma energética tenían como prioridad asegurar el acceso libre a las redes de transmisión a todos los participantes y bajo criterios de mérito económico, es decir, privilegiando a las energías más baratas, dice Rosanety Barrios, exfuncionaria de Sener.

“Lo que hace este documento es romper este binomio confiabilidad y despacho económico, pone a la primera por delante, y el sistema dejará de ser verificable y transparente para volverse totalmente subjetivo. Es evidente que están favoreciendo a CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, dice la especialista.

Sener no ha respondido a numerosas peticiones de entrevista para hablar sobre los cambios impulsados en el sector.

La dependencia ha defendido que el acuerdo de política se emitió conforme a las leyes vigentes, y respetando los preceptos constitucionales que le dan al Estado el monopolio sobre las redes de transmisión y distribución.

“No se trata ni de buenos ni malos de ninguna manera, pero sí nos interesa que la CFE se fortalezca”, dijo Roció Nahle, en una entrevista radiofónica en el noticiario de Carmen Aristegui, este lunes.

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El gremio de las renovables critica justo que la política no fortalece a la eléctrica nacional, que dirige Manuel Bartlett, sino que debilita a la competencia para beneficiar a la empresa estatal.

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“La realidad, y lo ha expresado la secretaria (de Energía), es que quieren que CFE tenga una posición en el mercado sin haber invertido”, dice Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).

México se había puesto como punta de lanza en la expansión de los proyectos renovables. Durante el sexenio pasado atrajo inversiones por casi 9,000 millones de dólares en proyectos. Una gran cantidad se encuentra ya en pleno funcionamiento, y aún quedan cerca de 20 por entrar en operación.

El nuevo marco de referencia, llamado Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, genera incertidumbre sobre los proyectos nacidos tanto de estos procesos, como de otros renovables anteriores a la Reforma Energética, o los que se dieron bajo otros supuestos de la ley, coinciden los especialistas entrevistados.

“Estamos evaluando, por supuesto estamos preocupados al igual que todo el sector. Estamos activos en las diferentes asociaciones, y de manera directa evaluando la política. Es un documento bastante complejo y nuevo, pues estamos estudiando para entender puntualmente los impactos”, dice Tania Ortiz, directora general de la energética mexicana IEnova.

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La empresa cuenta con casi 1,000 MW de capacidad de generación bajo distintos modelos que prevé tanto la ley vigente como la derogada tras la Reforma Eléctrica de 2014.

El gremio de solares y renovables anticipan que las empresas del sector acudan tanto a los tribunales locales como a los internacionales para defenderse de estos cambios.

“Esto acabará en tribunales y al final Sener lo va a perder, porque lo hicieron mal, y lo saben. Ya les pasó con el tema de los CEL (Certificados de Energías Limpias), con el acuerdo de abril. Es una guerra donde solo va a perder México”, dice Paolo Salerno, socio fundador de Salerno y Asociados.

El especialista teme que estas medidas terminen por ahuyentar inversiones que esperaban aterrizar en el país antes del pandemia de coronavirus, porque las empresas internacionales verán los conflictos que se viven por estos cambios de las reglas de juego.

Un riesgo para todos

Aunque las nuevas directrices del mercado eléctrico tienen restricciones específicas para las energías renovables, debido a que temen por la intermitencia de su generación, la política va más allá y amenaza a todas las empresas privadas y a los propios consumidores.

“La política está violentando el precepto de sustentabilidad previsto en la Constitución, no sólo la financiera, sino la ambiental y social; porque bloqueas a las empresas que ofrecen energía más barata y limpia para favorecer a combustibles más caros y contaminantes”, dice Lourdes Melgar, exsubsecretaria de electricidad y de hidrocarburos en la Sener.

El nuevo acuerdo, publicado sin pasar por consulta pública con la industria ni otro interesado, establece nuevas reglas para el despacho donde se prioriza la confiabilidad a la economía.

Esto implica que el CENACE pueda preferir dar entrada a centrales que usan combustibles como el diésel o el combustóleo antes que otras tecnologías como la solar, eólica o las impulsadas a gas natural, advierte Rosanety.

“Esto va más allá e impacta a toda la economía, porque incluso pudiera impedirse la ampliación de un parque industrial bajo la excusa de que no hay capacidad para soportar más demanda en esa zona”, dice la especialista.

Las modificaciones también violan los preceptos de los tratados internacionales sobre la retroactividad de las leyes sobre inversiones de extranjeros, donde una nueva legislación no debería aplicar en perjuicio de una empresa que llegó a un país bajo otras reglas, dice Melgar.

“También se ve afectada a la sustentabilidad social, porque esto puede frenar inversiones que iban a beneficiar a esas localidades”, dice la exfuncionaria.

Las medidas también amenazan con avanzar en la sustitución de tecnologías más contaminantes por unas más amigables con el medio ambiente, dice Melgar.

Las organización ambientales WWF México y Greenpace México han advertido de las consecuencias en materia ambiental y de salud de la adopción de esta nueva política.

“WWF México hace un llamado respetuoso a la Secretaría de Energía (Sener) a no vulnerar el desarrollo de las energías renovables en el país en apego a la regulación vigente y en favor de todos los mexicanos y mexicanas y sus futuras generaciones”, dijo el organismo en un comunicado este lunes.

El vuelco a la regulación también afectará a los grandes consumidores industriales y comerciales que tendrán la incertidumbre sobre si pueden apostar por proyectos de generación por fuera de CFE. O si las tarifas de la eléctrica nacional subirán al privilegiarse la confiabilidad antes que el despacho económico, dice Julio Valle.

Las cúpulas empresariales han mostrado su crítica a las modificaciones, así como las embajadas de los países donde sus connacionales se han visto afectados. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador defiende la publicación de este acuerdo, que encaja con su política de fortalecer a los exmonopolios legales de Pemex y CFE, para alcanzar lo que han llamado soberanía energética.