¿Qué buscan las empresas amparadas contra la reforma al outsourcing? Mary Kay no respondió a la solicitud de entrevista para conocer sus razones. Pero Javier Zepeda, consultor de negocios, que tiene conocimiento de dos de los otros amparos, asegura que la causa del recurso es la inconformidad a los nuevos lineamientos y, sobre todo, la falta de claridad en cuanto a los servicios especializados.
Hay quienes creen que un servicio especializado es aquel que una empresa puede brindar por su grado de especialidad. “La Secretaría del Trabajo tendría que ser más específica en cuáles son esos servicios, ¿por qué no un catálogo de servicios como el que maneja el SAT para poder facturar electrónicamente?”, dice.
Zepeda no prevé que la resolución sea a favor de las compañías, pues la reforma al outsourcing se dio en común acuerdo entre el gobierno, el sector privado y obrero. “No veo argumentos sólidos por parte de los quejosos para echar para atrás esta reforma”, menciona.
Lorenia Atondo, socia del despacho Reynoso y Atondo Abogados y responsable de otros de los 17 amparos interpuestos en la materia, dice que conseguir la suspensión provisional ya es un juicio ganado. “No es que las empresas no quieran entrar en este nuevo esquema legislativo, sino que es imposible hacerlo en el tiempo establecido”, indica.
Gabriel Fernández, abogado fiscalista del mismo despacho, reitera que el objetivo de los amparos no es echar para atrás la reforma al outsourcing, sino ganar tiempo. Lo suficiente para que las empresas amparadas puedan seguir operando, en lo que concluyen con su proceso de transición de nómina, así como el registro ante la autoridad laboral como prestadoras de servicios especializados, en el caso que corresponda.
La administración pública tiene hasta el 1 de enero de 2022 para incluir en la nómina a los trabajadores que están en la modalidad de outsourcing, a diferencia de los tres meses que se estipularon para el sector privado. De no cumplir con ello, las empresas podrían hacerse acreedoras a multas que pueden ir desde los 250 hasta las 5,000 unidades de medida y actualización (UMA), esto es, de los 22,405 a los 448,100 pesos.
“Si el gobierno, como uno de los grandes empleadores del país, se dio más tiempo para cumplir con la política que él mismo creó, entonces el proceso debería ser más igualitario”, comenta Maya Dadoo, CEO de Worky, una compañía de software para recursos humanos.
La transición de nómina no es tan ágil, agrega. Una compañía que tiene gente con conocimientos contables puede incorporar al personal subcontratado, mediante programas de cálculo de nómina. Y las empresas que no tienen a un contador o un área de recursos humanos pueden recurrir a un servicio de maquila de nómina, es decir, un tercero especializado que se encargue del proceso.
Sin embargo, Dadoo refiere que incorporar a 50 empleados en una nómina tarda en promedio quince días, y agregar a más de 500 conlleva más de tres meses. Además, antes de iniciar con el cambio, la empresa debe cerciorarse de que cuenta con su registro patronal ante el IMSS y el SAT.
“Aquí las empresas dependen de la disponibilidad de citas, y aunque tengan tecnología detrás que las apoye a ser más eficientes, el trámite es un filtro que hace un poco más difícil el camino hacia la internacionalización”, expresa.
La intención de los abogados consultados es que sus clientes tengan hasta el año entrante para cumplir con la reforma. Esta semana esperan una resolución.
