Pero lo que sigue aún es incierto, dicen los abogados del sector, y el fallo de la Corte no significa exactamente una victoria para la administración morenista. Pese a la declaratoria del máximo organismo en materia judicial, los cambios aún no pueden ser aplicados, no mientras exista un proceso de amparo.
Fuera de ello, el camino a recorrer aún es difícil de predecir. Para algunos, el mercado ya ha sido prácticamente fragmentado y la negativa a la reforma constitucional no marcará un gran cambio en la dinámica. “El golpeteo ha generado que no haya nueva inversión en proyectos de generación. Lo que me parece es que no necesitan hacer mucho más para mantener el mercado en el estatus en que está ahorita”, dice Julia González Romero, una abogada del sector. “Las medidas administrativas que han tomado han logrado el objetivo de política pública y en este sentido la política pública ha estado muy alineada con el discurso de fomentar la participación de CFE”.
Para otros, el camino está en esperar a que existan las condiciones para implantar lo contenido en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) o impulsar de nueva cuenta cambios a leyes secundarias, para lo que el presidente no necesita un mayoría calificada en el Congreso, con la que no cuentan ahora mismo. “Todavía pueden darse (cambios a leyes secundarias), pero el costo y desgaste político sería alto”, dice un abogado del sector que trabaja de cerca con compañías del mercado, pero que ha pedido no ser citado.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
La decisión de la Corte sobre la LIE dio un respiro al gobierno obradorista. La iniciativa aprobada en marzo del año pasado en el Congreso contiene las partes esenciales de la política eléctrica presidencial: el cambio en el orden en que se usa la electricidad y la cancelación y revisión de contratos.
Pero los cambios están lejos de ser echados a andar. Si bien la reforma secundaria no se calificó de inconstitucional, las nuevas reglas no podrán ser puestas en marcha mientras exista al menos una suspensión general otorgada a alguna compañía u organización. Hacerlo representaría un desacato a una sentencia de amparo, explican los abogados.
Los amparos siguen por ahora su marcha y los juzgados y tribunales tendrán la última palabra. Si bien no existió una declaratoria de inconstitucionalidad, la mayoría de los jueces dio su voto para que esta fuera declarada así y ese precedente podría pesar en la decisión del resto de los organismos del poder judicial.
Existe otra posibilidad, aunque es un poco más remota: una negativa a los amparos y una puesta en marcha de los cambios. Pero ahí una nueva ola de amparos por parte de los privados vendría de nuevo, para ahora intentar detener la legislación, pero ahora de manera individual. Un círculo que podría parecer no tener fin. “Si sigues teniendo una ley a todas luces inconstitucional mañana cualquier la puede impugnar y a todas luces la va a poder ganar”, dice Daniel Sánchez, abogado de Backer & McKenzie.
Esta semana otra discusión en la Suprema Corte podría sentar un precedente. Los ministros discutirán dos controversias constitucionales presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica y por el estado de Colima que argumentan que el ejecutivo rebasó sus facultades con el envío de la iniciativa. Si se alcanza una mayoría en la Corte, la reforma a la LIE podría ser declarada como inconstitucional y sus efectos serían generales, nada de lo dispuesto en ese documento podría aplicarse.
Reforma a la Ley Minera para garantizar explotación del litio
En cuanto al litio, un tema también medular para la administración, parece que el presidente ya se ha blindado. Hace unos días dejó lista y firmada una iniciativa para reformar la Ley Minera, que busca que el litio quede como propiedad de la nación y sea el gobierno el que tome las riendas en su explotación.
El cambio solo requiere una mayoría simple, con el que cuenta Morena en ambos Congresos. El proceso ya se ha echado a andar. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicitó ayer a la mesa directiva de la Cámara de Diputados convocar a sesión del pleno este lunes para aprobar el cambio enviado desde presidencia.
Pero, en cuanto a la materia eléctrica, el camino aún es largo y ya solo quedan tres años de gobierno.
