Dentro de la cartera de inversión que contempla la Secretaría de Economía (SE), la cual ya asciende a 406,800 millones de dólares, poco más de la mitad está concentrada en diversos proyectos de energía.
Diana León, titular del sector de Energía en la Secretaría de Economía, explicó que ya existen aproximadamente 30 proyectos energéticos que están aprobados para su ejecución por parte de la dependencia y de la Secretaría de Energía (Sener).
“Tenemos un diálogo directamente con Sener, estoy hablando de aproximadamente la mitad o un poco más (de proyectos), sobre todo para temas de infraestructura porque cuando hablamos de energía tenemos proyectos renovables, líneas de transmisión, gasoductos, todo lo que implica el sector", aseguró la funcionaria en el marco del Primer Clean Firm Power Latam Summit.
“Yo creo que (proyectos) de energía en Economía, y avalados por Energía, estamos arriba de unos 20 o hasta 30 proyectos grandes que son inversión extranjera directa”, precisó.
Del total de la cartera de proyectos de Economía, además de los energéticos, contempla sectores como el de semiconductores, Data Centers, farmacéuticos, entre otros, con inversión mexicana o extranjera, aseguró León.
Algunos de los proyectos que ya se lograron desatorar y que permitirán la consolidación de esas inversiones está uno de hidrógeno verde en Sonora, que trae una empresa francesa de la cual se omitió el nombre; así como otro más para el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía.
Además de esta cartera de promoción de inversiones, el país hará frente con el Plan de Inversión en infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, el cual se presentó el pasado 3 de febrero.
En dicho Plan, se contempla una meta de inversión en infraestructura –en ocho sectores estratégicos– hasta por 5.6 billones de pesos durante el sexenio; donde la mayoría se concentra en energía, seguido por trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Para lograrlo, se tendrán diversos esquemas de inversión mixta, donde el estado definirá las reglas de operación y objetivos sociales, se compartirán los beneficios y al no depender exclusivamente de un presupuesto se protegerán las finanzas públicas.
