En ese contexto, el acceso a beneficios fiscales cobra relevancia, ya que permitiría compensar el impacto financiero derivado de los retrasos en la devolución de saldos a favor por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) registrados en los últimos años. Esta situación ha llevado a la Asociación a recurrir a litigios para recuperar recursos, con costos legales cercanos a 500,000 pesos por proceso.
“Nuestras inversiones tienen un retorno estimado de tres a cinco años si todo sale bien; pero cuando las devoluciones de IVA no llegan en tiempo y forma, ese periodo puede extenderse hasta 10 o incluso 15 años”, advirtió Alejandra Valdez.
Integrar al sector en el esquema de beneficios fiscales también permitiría a los estudios invertir en tecnología, reforzar sistemas de seguridad, capacitar talento y mejorar las condiciones salariales de sus más de 10,000 colaboradores.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que uno de los objetivos de los incentivos fiscales federales es activar la cadena productiva de la industria audiovisual nacional a través de la captación de más proyectos, pero también para crear más empleos y salarios competitivos en el sector.
Aunque no se cuenta con una cifra específica del aporte del doblaje al Producto Interno Bruto (PIB), la industria audiovisual en general contribuye al PIB nacional con 69,000 millones de pesos y aporta 10,000 millones al fisco, según el estudio ‘La contribución económica de la industria audiovisual mexicana’, realizado por Oxford Economics para la Motion Picture Association.
Detrás de cada proyecto de doblaje hay infraestructura tecnológica, procesos de seguridad, capacitación y una cadena de valor que requiere condiciones estables para desarrollarse. En ese contexto, la industria pide un respaldo integral por parte de las autoridades, no solo para subsistir, sino para crecer, atraer más producciones y generar empleos de mayor calidad en un mercado cada vez más competitivo.