Al final, el vino salió de la aduana sin que les dieran una explicación, pero era demasiado tarde. El cliente no compró el lote, el inventario de la pequeña empresa subió, con un costo elevado para ella, y sus finanzas se comprometieron. Si no hubiera sido urgente tener el producto en México, lo hubiera importado vía marítima, pero había que colocar el vino en el momento justo. “Tuvimos una situación en el aeropuerto, era algo supercrítico por el tiempo de la detención, pero hasta ahorita no sabemos qué pasó”, refiere uno de los encargados de la operación que solicitó el anonimato.
La historia de esta pyme se replica en las aduanas del país, ya sean marítimas, terrestres o aéreas. México arrastra viejos desafíos que pasan por la falta de personal calificado y suficiente, de infraestructura adecuada y de equipos tecnológicos de revisión no intrusiva, como rayos x o gamma, que permitan el flujo más eficiente de las mercancías de comercio exterior.
Hablar de logística en México no es tarea sencilla. Y los retos ya existentes se ven acentuados por la presión que ejerce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusa al país de ser la puerta trasera para la entrada no solo de drogas como el fentanilo y algunos precursores químicos, sino de productos ‘Made in China’.
De este lado de la frontera, si bien algunas decisiones se han alineado a la visión de Washington, también se han tomado por causas internas. El propósito de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es claro: modernizar los procesos, reforzar la fiscalización y combatir la evasión fiscal y el contrabando, tras escándalos que han involucrado a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) en irregularidades.
Y es que en México hay una herida que permanece abierta. Cuando se supone que la transferencia de la administración de puertos y aduanas de mandos civiles a militares, ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, era para reforzar la seguridad, vino uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.
El huachicol fiscal dejó pérdidas al erario estimadas en más de 600,000 millones de pesos entre 2018 y 2025, debido a la internación de combustibles declarados con fracciones arancelarias correspondientes a productos más baratos y cuya complicidad de mandos portuarios y aduanales fue reconocida por el propio gobierno de Sheinbaum