Las empresas respaldan registro móvil, pero persisten dudas por datos personales

“El registro no es por sí solo una solución inmediata a este fenómeno de la extorsión, que es muy complejo, pero sí representa un paso relevante para cerrar estos espacios, principalmente el anonimato que hoy facilita estas conductas”, refiere. “Debemos entenderlo como una herramienta de seguridad anti extorsión y, al mismo tiempo, como una medida que puede contribuir a proteger la economía cotidiana”, añade.

Para el presidente de la Concanaco Servytur, al contar con el nombre de la persona física o moral a quien pertenece la línea telefónica, se tendrá mayor trazabilidad de las llamadas de extorsión que reciben las pequeñas y medianas empresas, lo que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y a generar condiciones de confianza para las actividades económicas.

Al 8 de marzo, el registro de líneas móviles contabilizó 20.4 millones líneas vinculadas a una identidad de las 161.7 millones que hay actualmente en el país, según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El dato del nuevo regulador implica que, cada día, alrededor de 346,000 personas entregan sus datos a las compañías telefónicas, apenas una tercera parte de los 934,000 mexicanos que deberían vincular sus líneas para alcanzar la meta del registro móvil total el próximo 30 de junio.

Entre la seguridad y privacidad

El padrón de líneas telefónicas también tiene algunos bemoles. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), señala que, si bien en algunos países este tipo de registro funciona para prevenir fraudes y fortalecer la ciberseguridad, en México persisten dudas sobre el manejo de la información y la protección de los datos personales.

“A lo mejor estaríamos entregando en bandeja de plata información a los delincuentes, que no sabemos de qué manera podrían acceder a estas bases de datos para hacer mal uso de ellas”, advierte. “Tengo mis dudas porque no hay garantía del manejo correcto y seguro de la información que se brinde”, añade.

El contexto tampoco es alentador. La extorsión que enfrentan día a día los comercios y prestadores de servicios en el país no mejora. En 2025 se registraron 11,081 víctimas, la cifra más alta de los últimos 10 años a nivel nacional, de acuerdo con datos compartidos por De la Torre. El incremento en comparación con 2024 es de 2%, y la mayoría de los casos no se denuncia, lo que sugiere que la dimensión del delito es mayor a la que reflejan las cifras

El presidente de la Concanaco Servytur indica que más del 75% de las más de 11,000 llamadas de extorsión no fueron consumadas, mientras que el 90% fueron canceladas mediante mecanismos de denuncia anónima. En este sentido, el registro de líneas telefónicas móviles -que concluye el 30 de junio- se suma a la estrategia de seguridad.

“El registro de líneas telefónicas no debe verse de manera aislada. Debemos entenderlo como parte de una agenda más amplia para cerrar espacios a la extorsión, fortalecer la prevención, visibilizar los efectos de la delincuencia y proteger la operación del comercio, los servicios y el turismo”, señala De la Torre.

En México, para adquirir una línea telefónica no es necesario presentar identificación, sobre todo en los sistemas de prepago. Incluso, teléfonos calificados como “desechables”, con un precio cercano a los 600 pesos y que se comercializan en tiendas de conveniencia, son utilizados para delinquir y luego ser descartados sin dejar rastro.

El padrón busca vincular cada línea con la identidad de sus usuarios, asociarla a una persona física o moral y dar mayor trazabilidad al uso de la telefonía móvil. Para la Concanaco Servytur, esto permitiría cerrar un eslabón en la cadena delictiva al eliminar el anonimato del titular de la línea.

“Cualquier herramienta que fortalezca la trazabilidad, que permita identificar mejor el origen de las comunicaciones y que contribuya a la investigación ayudará a generar condiciones más seguras para la operación de las empresas, los negocios familiares y las comunidades”, argumenta.

Sin embargo, también hay implicaciones económicas. Rivera advierte que esta medida podría encarecer el costo del servicio telefónico debido a una mayor carga operativa para las compañías, lo que impactaría el bolsillo de los consumidores y, en consecuencia, a los pequeños comercios por una menor capacidad de gasto.

De la Torre sostiene que la extorsión también presiona la economía, altera la vida cotidiana y genera miedo, lo que afecta las decisiones de consumo y golpea la operación de los comercios. Por ello, considera que el registro puede generar mayor certidumbre para la ciudadanía.

Rivera añade que uno de los problemas es que, en muchos casos, la extorsión se ejecuta desde centros penitenciarios o incluso desde call centers, por lo que se requerirá una estrategia más amplia con medidas adicionales para mitigar este delito.