Según el estudio ‘Impacto del alza de precios internacionales en el sector gasolinero en México’, desarrollado por la plataforma PetroIntelligence, la medida de igualar precios en terminales genera distorsiones competitivas entre Pemex y las empresas importadoras de combustible que no pueden ofrecer los mismos descuentos.
Además, la estrategia de establecer un pacto voluntario de precios máximos de venta al público, así como la aplicación de estímulos fiscales al IEPS de los combustibles –pero sin llegar al 100%– no es lo suficientemente efectiva para controlar la volatilidad de los combustibles, lo que aumenta la presión para la empresa estatal.
Para la gasolina regular se aplicó el tope de precios en febrero del 2025, medida que se ha renovado cada seis meses y que, aunque tiene un carácter de voluntario, el gobierno hizo firmar a la mayor parte del sector un acuerdo en el que se establece no vender el combustible por arriba de los 24 pesos por litro.
En cuanto al diésel, la medida fue aplicada en abril pasado, con un acuerdo nuevamente ‘voluntario’, en el que no existe la firma de un documento, pero en el que se estableció en no venderlo en más de 27 pesos por litro.
Dichos acuerdos fueron ratificados por seis meses más, es decir, hasta febrero del 2027.
Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que la medida de contención de precios aplicada actualmente a Pemex responde a que no hay partida presupuestaria o una reclasificación de corto plazo para que no sea quien absorba directamente esas pérdidas, todo con tal de mantener los niveles de inflación.
“Claramente es una pérdida de ingresos, claro que Pemex está ganando menos, se está sacrificando ese ingreso para poder mantener la inflación, la estrategia del pacto voluntarios y los efectos adversos que está teniendo es poner en la cuerda floja a un Pemex cada vez más debilitado financieramente, más la afectación de la inversión en el sector gasolinero, esos son los costos ocultos por combatir la inflación”, dijo en entrevista con Expansión.