La salida de AT&T y Telefónica abre paso a un mercado de telecomunicaciones con dos gigantes locales

La reconfiguración ocurre en una industria que durante la última década registró una caída de precios cercana a 33% y en la que la reforma de telecomunicaciones de 2013 buscó reducir las barreras de entrada, limitar el poder de los operadores dominantes y fortalecer la autonomía de las decisiones regulatorias. La salida de competidores internacionales y la transformación de las instituciones encargadas de vigilar la competencia económica ponen a prueba la continuidad de esos avances.

La reconfiguración del mercado

América Móvil y Televisa serán los protagonistas de esa disputa, aunque parten de posiciones distintas. La primera concentraba 59.9% de los ingresos del sector de telecomunicaciones al cierre de 2025, con una participación de 57.5% en el mercado móvil y de 40.9% en el segmento fijo, según los últimos datos disponibles de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Televisa, por su parte, representaba 6.5% de los ingresos de la industria y tenía una participación de 19.7% en los servicios fijos. Pero con la adquisición de los activos de AT&T México, sumaría una participación de 16.4% en el mercado móvil y elevaría su peso en los ingresos del sector a 12.5%.

La operación modificaría la posición de Televisa en un segmento en el que su presencia ha sido menor que la de América Móvil. La combinación de sus servicios de televisión de paga, internet fijo y conectividad móvil le permitiría competir con una oferta más amplia, mientras que el grupo de Slim conservaría una posición predominante en los principales segmentos del mercado.

La disputa no se limitará a captar usuarios de telefonía móvil. La expansión de la conectividad exige inversiones en fibra óptica, redes móviles y espectro radioeléctrico, además de una infraestructura capaz de soportar el crecimiento del tráfico de datos. La inteligencia artificial y el uso creciente de servicios digitales añaden presión sobre la capacidad de las redes.

En ese escenario, el tamaño de los operadores puede facilitar el financiamiento de proyectos y el aprovechamiento de economías de escala. Pero la concentración también puede reducir las alternativas disponibles para los consumidores y dificultar la entrada de empresas que no cuentan con una infraestructura comparable.

Para Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa, la incertidumbre regulatoria y las señales que reciben los inversionistas forman parte de los factores que pueden influir en las decisiones de permanencia, expansión o salida de empresas como AT&T y Telefónica.

“La competencia económica no es una de las principales políticas de este sexenio y bajo esas circunstancias sí se ve un regreso a la concentración del mercado”, advirtió la especialista.

El cambio regulatorio pone a prueba la competencia

La nueva configuración del mercado coincide con la transformación del sistema regulatorio mexicano. La reforma de telecomunicaciones de 2013 estableció un regulador autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con facultades para promover la competencia, reducir barreras de entrada y establecer medidas para limitar el poder de los operadores preponderantes.

En los últimos ocho años, sin embargo, los contrapesos institucionales del sector se debilitaron, un proceso que culminó con la desaparición del IFT y la creación de una nueva estructura de regulación y competencia.

El nuevo esquema distribuye las responsabilidades entre la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la CRT, pero ya no cuenta con la autonomía constitucional que tenía el instituto. Para los críticos del cambio, la mayor vinculación de las nuevas autoridades con el Ejecutivo abre interrogantes sobre la independencia de sus decisiones y la influencia que podrían ejercer los intereses políticos.

Moreno considera que esta transformación institucional ayuda a explicar la pérdida de atractivo del mercado mexicano para algunas multinacionales. La incertidumbre sobre las reglas y su aplicación puede modificar los cálculos de inversión de las empresas, sobre todo en una industria que necesita grandes desembolsos para desplegar y actualizar infraestructura.

Uno de los principales asuntos pendientes será la revisión de las medidas de preponderancia aplicables a América Móvil. Una flexibilización de esas obligaciones podría reducir los costos regulatorios del operador y modificar sus incentivos para invertir, pero también podría fortalecer su posición si no existen condiciones suficientes para contrarrestar su poder de mercado.

Una tendencia internacional

A nivel internacional, la industria avanza hacia estructuras con menos operadores y empresas de mayor tamaño, con el argumento de mejorar la rentabilidad y aprovechar las eficiencias de infraestructura. Esa tendencia ha llevado a revisar las obligaciones impuestas a grandes compañías para incentivar inversiones en fibra óptica y redes de nueva generación.

Moreno advierte, no obstante, que los cambios regulatorios de ese tipo se han producido en mercados que han alcanzado niveles de competencia efectiva, como Australia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Por ello, considera que México debe evaluar si cuenta con condiciones similares antes de flexibilizar las reglas.

La responsabilidad recaerá en las nuevas autoridades, que deberán determinar si una modificación de las obligaciones regulatorias puede atraer capital y modernizar las redes sin debilitar la competencia.

“CNA tiene responsabilidades enormes, un menor presupuesto, menos autonomía y menos capacidad técnica. Y probablemente dirán si es duopolio, es duopolio y con algún condicionamiento pero nada estructural”, consideró Moreno.

La especialista también señala la importancia de que las decisiones se sustenten en criterios técnicos y no en intereses políticos. Carlos Slim y Alfonso de Angoitia mantienen canales de interlocución con el Ejecutivo al formar parte del Consejo Asesor Empresarial, una circunstancia que, en opinión de Moreno, refuerza la necesidad de contar con instituciones capaces de aplicar las reglas de manera independiente.

La concentración amenaza con cambiar la trayectoria de los precios

La reconfiguración del mercado de telecomunicaciones también abre interrogantes sobre el comportamiento de las tarifas y la calidad de los servicios. La expansión de las redes de fibra óptica, el despliegue de infraestructura móvil y la disponibilidad de espectro requieren inversiones que serán determinantes para ampliar la capacidad y responder a la creciente demanda de conectividad.

Para Ana Lilia Moreno estas inversiones podrían elevar los costos de los operadores y trasladarse, al menos parcialmente, a los precios que pagan los usuarios. Sin embargo, advierte, la evolución de las tarifas dependerá también de la intensidad de la competencia, las eficiencias operativas y las estrategias comerciales de cada empresa.

El riesgo cobra relevancia ante los avances registrados durante la última década. Uno de los resultados destacados de la reforma de telecomunicaciones de 2013 fue la reducción de los precios de estos servicios, que acumularon una caída cercana a 33% durante los primeros diez años de operación del IFT.

En un mercado con menos competidores, el desafío será preservar esos avances sin desincentivar las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura.

Ante la posibilidad de que los costos presionen las tarifas, el Gobierno podría recurrir a mecanismos similares a los aplicados en el sector de los combustibles, donde se han impulsado acuerdos para contener los precios al consumidor mediante topes máximos presentados como voluntarios.

Moreno advierte que estos esquemas pueden convertirse en una carga para las empresas cuando operan bajo presiones gubernamentales, especialmente si los precios fijados no permiten absorber los costos de operación.

“Pero estos mecanismos pueden convertirse en una presión sobre las empresas cuando, pese a presentarse como voluntarios, operan en un entorno de incentivos o exigencias gubernamentales”, señaló la especialista.

Otra alternativa para preservar la competencia y contener posibles presiones sobre las tarifas sería fortalecer la participación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que ofrecen servicios móviles sin contar necesariamente con una red de acceso propia y dependen de acuerdos para utilizar la infraestructura de otros operadores.

Para Moreno, las autoridades deberán mantener condiciones que permitan a estos jugadores competir y ampliar las opciones disponibles para los usuarios.

“A nivel internacional los reguladores ahora buscan proteger a los pequeños operadores de los grandes titanes para mantener un equilibrio en los mercados y eso podría funcionar aquí”, sostuvo.

Con menos jugadores internacionales y dos grandes grupos que buscan fortalecer su posición, el desafío será evitar que la concentración se traduzca en menos opciones, mayores precios o un deterioro en la calidad de los servicios.