Globalsat pide al gobierno un descuento de 90% en espectro 5G para conectar 100 comunidades rurales

Eric Cataño, CEO de Globalsat, explicó que la empresa trabaja con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) para encontrar un mecanismo que permita a los pequeños operadores acceder a estas frecuencias con condiciones económicas distintas a las que enfrentan los grandes proveedores de servicios móviles.

“Ambas autoridades trabajan una iniciativa para ayudar a operadores de proximidad, es decir, pequeños operadores, para licitar frecuencias de 5G que se buscan adjudicar por población y no a nivel masivo porque eso ya implicar ser un carrier. Con esa iniciativa buscamos logra el espectro”, aseguró el directivo en entrevista con Expansión.

Las bandas que necesita Globalsat forman parte del paquete de frecuencias para el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) seleccionó una reducción de 12% respecto a su costo actual. Sin embargo, para la compañía ese ajuste todavía deja el espectro fuera de las posibilidades financieras de un operador que pretende atender localidades con baja densidad poblacional.

La frecuencia de 600 MHz permitiría extender la cobertura a comunidades ubicadas en zonas rurales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. La de 800 MHz, por su parte, aportaría mayor capacidad y ancho de banda para atender la demanda de los usuarios.

Sin un apoyo adicional, llevar telefonía móvil a poblaciones enclavadas en la sierra implica un reto de inversión que, de acuerdo con Cataño, resulta difícil de asumir para una empresa de su tamaño. Además del costo del espectro, el despliegue requiere trasladar e instalar infraestructura de telecomunicaciones en localidades de difícil acceso.

Si la CRT avala el subsidio, Globalsat concentraría su inversión en la instalación de estaciones de radiofrecuencia para habilitar los servicios móviles. La reducción del costo de las frecuencias permitiría disminuir una de las principales barreras económicas del proyecto.

Brasil cambia espectro por compromisos de cobertura

El planteamiento de Globalsat tiene un referente en Brasil, donde desde 2021 las licitaciones de espectro han seguido un modelo que privilegia la expansión de la conectividad sobre la recaudación fiscal. En lugar de exigir a los operadores el pago completo de las frecuencias, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) estableció que solo 10% del valor de las bandas se cubra en efectivo, mientras que el 90% restante se convierta en compromisos de cobertura y despliegue de infraestructura.

El regulador brasileño también permitió que el pago en efectivo se realizara en un plazo de hasta 20 años, equivalente a la duración de la concesión. Con ello, buscó reducir la presión financiera inicial sobre los operadores y liberar recursos para inversiones en redes, particularmente en zonas con menor acceso a servicios de telecomunicaciones.

La política se mantiene para el desarrollo de 5G. En la licitación de este año, Brasil determinó que la banda de 700 MHz, similar a la que utiliza Altán Redes en México, se adjudicará bajo un esquema sin fines recaudatorios.

“Mantenemos el carácter de no recaudación, en donde todo el valor económico de la banda debe convertirse en compromisos. La idea es promover la inclusión digital de la población”, dijo Anatel en un comunicado de prensa.

El contraste con México está en la forma de valorar el espectro. Mientras Brasil convierte la mayor parte del costo de las frecuencias en obligaciones de inversión y cobertura, en México Hacienda optó por una reducción de apenas 12% en los derechos de uso de determinadas bandas.

De las casetas telefónicas a la telefonía móvil

Globalsat lleva desde 2008 ofreciendo servicios de comunicación en comunidades rurales. Su primera apuesta fueron las casetas telefónicas, en las que los usuarios pagaban por llamada de acuerdo con las tarifas registradas en un sistema de tarificación desarrollado por la propia compañía.

Cuatro años después, la empresa obtuvo una concesión de telecomunicaciones que le permitió ampliar su oferta hacia los servicios de internet móvil y WiFi comunitario. La operación comenzó bajo la marca Marcalees, que posteriormente cambió su nombre a Conectalees.

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Actualmente, Conectalees comercializa acceso a internet mediante fichas de crédito con diferentes periodos de vigencia, desde una hora hasta un mes. Sin embargo, la infraestructura disponible limita la capacidad de conexión que puede ofrecer, mientras las necesidades de los usuarios han evolucionado hacia un mayor consumo de datos y actividades que requieren más ancho de banda.

La incorporación de frecuencias de 600 y 800 MHz permitiría a Globalsat pasar de su esquema actual de conectividad comunitaria a servicios de telefonía móvil con mayor cobertura y capacidad. El objetivo es atender a más de 100 localidades donde los operadores tradicionales no necesariamente encuentran condiciones comerciales para desplegar sus redes.

El gobierno busca atraer a pequeños operadores

La solicitud de Globalsat coincide con un cambio en la estrategia federal para reducir la brecha digital. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca complementar los proyectos públicos de conectividad con la participación de pequeños operadores, a quienes pretende incentivar mediante beneficios fiscales para desplegar infraestructura en zonas desatendidas.

Entre los apoyos se encuentran deducciones fiscales para inversiones en bienes nuevos de activo fijo, que pueden alcanzar hasta 91% del monto invertido durante el mismo ejercicio fiscal, dependiendo del tipo de activo y de la actividad económica.

El beneficio contempla equipos e insumos necesarios para construir redes de telecomunicaciones, como torres, servidores, routers, switches, cables y enlaces punto a punto. Con ello, las autoridades buscan reducir el desembolso inicial que deben realizar las empresas para llevar servicios a comunidades donde la rentabilidad de las inversiones es más limitada.

Globalsat busca aprovechar estos mecanismos, aunque considera que los incentivos fiscales no resuelven por sí solos el costo de entrada al mercado. Para la compañía, el precio del espectro representa otra variable determinante, por lo que plantea que el apoyo gubernamental también incluya un subsidio por el uso de las frecuencias.

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La discusión tiene como telón de fondo una brecha de conectividad que todavía alcanza a alrededor de 20 millones de personas en México. Para las empresas que buscan atender esas localidades, el desafío no consiste únicamente en instalar infraestructura, sino en encontrar un modelo de negocio que permita recuperar las inversiones en poblaciones dispersas y con menor capacidad de pago.

En ese escenario, el acceso subsidiado al espectro podría determinar si pequeños operadores como Globalsat consiguen ampliar su presencia en zonas rurales o si los costos regulatorios y de infraestructura mantienen fuera de la cobertura móvil a comunidades que todavía dependen de soluciones de conectividad más limitadas.