Publicidad
Revista Digital
Publicidad

La regulación contra el huachicol fiscal abre otro frente legal para los comercializadores de combustibles

Las nuevas reglas buscan cerrar espacios al huachicol fiscal, pero la falta de consulta pública podría convertirse en un argumento legal para que los comercializadores cuestionen su aplicación.
Pipas de combustible paradas en un parque industrial.
Las nuevas disposiciones de la CNE buscan reforzar los controles sobre la comercialización de gasolinas, diésel, gas natural, gas LP y petroquímicos. (aapsky/Getty Images)

Los cambios regulatorios para los comercializadores de combustibles podrían abrir un nuevo frente legal para el sector energético. Especialistas advierten que las nuevas disposiciones publicadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) debieron someterse a un proceso de evaluación y consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), debido a que imponen nuevas obligaciones que pueden traducirse en costos adicionales, trámites y modificaciones operativas para las empresas.

La falta de este procedimiento podría convertirse en un argumento para que los participantes de la cadena de valor busquen frenar la aplicación de las reglas mediante juicios de nulidad o amparos, especialmente si consideran que los cambios afectan sus operaciones o no se apegan al debido proceso regulatorio.

Publicidad

El pasado 5 de noviembre, la CNE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan la actividad de comercialización de gas natural, petrolíferos, gas LP y petroquímicos Las nuevas reglas buscan reforzar las obligaciones de los permisionarios y establecer condiciones adicionales para acreditar la legalidad de los productos y la capacidad de las empresas para gestionar los servicios logísticos necesarios para llevarlos hasta los consumidores.

La regulación responde a los señalamientos del gobierno federal y de la Secretaría de Energía (Sener), que han identificado a la comercialización como uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de valor de los combustibles, particularmente por su posible utilización para introducir al mercado productos relacionados con el huachicol fiscal.

Sin embargo, especialistas advierten que, más allá del objetivo de combatir el mercado ilegal, la autoridad debió evaluar previamente las consecuencias de modificar las reglas para un sector que ya opera bajo una regulación estricta.

Rocío Robles, socia fundadora de LobbyingMexico, explicó que un proceso de consulta habría permitido conocer las inquietudes de las empresas y entender cómo funcionan las operaciones comerciales y logísticas antes de establecer nuevas obligaciones.

“Por eso la relevancia de someter a consulta para evitar todas estas confusiones y que incluso la autoridad, si lo hubiera sometido a consulta, pudiera haber obtenido información de cómo está el mercado”, cuestionó durante su participación en una mesa de análisis.

Lee: Combate a huachicol fiscal detecta millones de litros ilegales de combustible y pérdidas por 61,785 millones de pesos

La especialista señaló que, en ocasiones, las disposiciones regulatorias se elaboran sin suficiente conocimiento de las condiciones operativas del sector, lo que puede provocar que las reglas no correspondan con la forma en que se realizan las transacciones en la práctica.

“De verdad se tienen que someter a consulta antes de publicar las disposiciones y exigirlo a las autoridades”, añadió.

Para Robles, escuchar previamente a los participantes del mercado habría permitido identificar posibles dificultades de implementación y evitar confusiones sobre el alcance de las nuevas obligaciones.

Nuevas reglas, costos y operaciones en riesgo

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, advirtió que los cambios también pueden modificar la manera en que se realizan algunas transacciones dentro de la cadena de valor, por lo que será necesario que las empresas consulten con la CNE las dudas que surjan durante la aplicación del nuevo marco regulatorio.

“Sí es muy complejo que de un día a otro esto cambie. Realmente el sector mexicano no está acostumbrado a tener cambios tan relevantes en 24 horas”, afirmó.

El especialista explicó que la intervención de la Conamer es relevante cuando una modificación regulatoria implica costos de cumplimiento para los participantes del mercado, ya sea por la creación de nuevos trámites, obligaciones o reportes.

“Si te crea un trámite o una obligación que se pueda cuantificar o cualitativa, es suficiente para que se vaya por un proceso ordinario y ese proceso implica una consulta pública donde el sector o cualquier interesado puede emitir comentarios, y eso es justo lo que no se dio para un proyecto con este nivel de impacto y alcance”, aseveró.

Publicidad

La consulta pública permite que las empresas, organizaciones y otros interesados expongan sus observaciones sobre los efectos de una regulación antes de que entre en vigor. En este caso, el análisis habría permitido dimensionar los costos administrativos y operativos que pueden generar las nuevas disposiciones, así como los efectos sobre la logística de suministro de gasolinas, diésel, gas natural y gas LP.

El impacto no necesariamente se limitaría a los comercializadores. Los cambios en las condiciones para acreditar la legalidad de los productos y gestionar los servicios logísticos podrían afectar a otros participantes de la cadena, con consecuencias para el traslado y suministro de los energéticos.

En ese escenario, los dueños de estaciones de servicio también tendrán que revisar las condiciones de sus proveedores. Onexpo Nacional, asociación civil que agrupa a empresarios gasolineros del país, señaló que cada estación debe verificar si su comercializador se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por las nuevas disposiciones y si las operaciones que realiza están permitidas o podrían resultar afectadas.

El organismo explicó que, debido a que la regulación ya entró en vigor, se encuentra analizando a fondo sus alcances y los plazos aplicables en caso de que algún comercializador quede impedido para participar en el mercado. Una situación de este tipo podría repercutir también en las estaciones de servicio que mantienen relaciones comerciales con esas empresas.

Onexpo aclaró que, por su naturaleza como asociación de gasolineros, los efectos específicos de las nuevas reglas deberán ser revisados directamente por las compañías que puedan resultar afectadas.

“Lo que se pide es que las normativas se analicen, que haya mesas de trabajo y que siga habiendo una interacción con las autoridades”, apuntó el organismo.

La omisión de la consulta abre la puerta a amparos

La falta de un proceso de mejora regulatoria podría convertirse en uno de los principales argumentos legales contra las nuevas disposiciones. De acuerdo con Robles, los participantes que acrediten una afectación a sus operaciones podrían recurrir a juicios de nulidad o amparos para combatir su aplicación.

“Estos son vicios de legalidad, por ende, estas disposiciones administrativas pueden ser combatidas a través de juicios de nulidad o juicios de amparo, porque no se cumplió el debido proceso”, puntualizó.

La posibilidad de una nueva ola de litigios agrega incertidumbre a la implementación de las reglas, en momentos en que las autoridades buscan cerrar espacios al huachicol fiscal y reforzar los controles sobre la comercialización de combustibles.

El riesgo no es únicamente jurídico. Expansión publicó recientemente que uno de los principales efectos que podrían tener las nuevas reglas es la aparición de problemas de abasto o suministro en las estaciones de servicio , si las empresas enfrentan dificultades para cumplir con las nuevas condiciones administrativas y logísticas.

Publicidad

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad