El problema no se limita a los consumidores. Para las empresas gasolineras, la nueva disposición implica adaptar sus sistemas de cobro, garantizar conexiones estables y asumir mayores costos operativos en un negocio que ya trabaja con márgenes estrechos, presionado además por los límites a los precios de los combustibles.
El impacto también podría extenderse a las ventas. PetroIntelligence advierte que los usuarios que no puedan adaptarse a los nuevos mecanismos podrían reducir la frecuencia con la que cargan combustible o trasladar su demanda a establecimientos informales y puntos de venta de combustible de origen irregular. Esto último representaría un efecto contrario al objetivo de la política pública, que busca precisamente cerrar espacios a la comercialización ilegal.
Actualmente, el efectivo representa alrededor del 29.3% de los pagos de combustible en las estaciones de servicio. Las tarjetas de débito concentran el 34.5% y las de crédito el 34.1%, mientras que los vales representan 1.2% y los monederos electrónicos y otros mecanismos apenas 0.8%.
Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, considera que la migración hacia los pagos digitales representa una tarea compleja para los empresarios gasolineros, debido tanto a los hábitos de consumo como a las condiciones tecnológicas de los establecimientos.
“Hay un uso predominante de efectivo y hay distintos desafíos en otras aristas como por ejemplo, temas de calidad de la conexión”, explicó en entrevista.
La conectividad, otro obstáculo para las gasolineras
La infraestructura de telecomunicaciones representa uno de los principales puntos débiles de la estrategia. De las casi 15,000 estaciones de servicio que operan en México, 203 se encuentran fuera de la cobertura móvil garantizada, de acuerdo con datos de PetroIntelligence.
Esto significa que algunos establecimientos podrían enfrentar dificultades para procesar transacciones electrónicas de manera exclusiva, especialmente si no cuentan con una conexión alternativa que garantice la operación de sus terminales de cobro.
A este problema se suman otras 350 estaciones que únicamente tienen a Altán Redes como opción de cobertura móvil, lo que limita sus alternativas ante posibles fallas o interrupciones del servicio.
Las pruebas de conectividad en redes 3G y 4G también muestran diferencias importantes en la calidad del servicio. En algunos casos, las velocidades registradas quedaron por debajo de los 0.6 megabits por segundo (Mbps), frente a los 5 Mbps de descarga o al menos 2 Mbps de carga que se consideran deseables para realizar las operaciones.
Aunque la cobertura de internet alcanza prácticamente todo el territorio nacional, su disponibilidad no necesariamente significa que exista una conexión con la calidad suficiente para procesar pagos en tiempo real.
“Es indispensable garantizar la calidad de la conexión. Eso es lo primero en lo que debería de enfocarse Hacienda antes de implementar el esquema de transición de obligación de pagos digitales en las estaciones de servicio”, aseguró Montufar.