Guatemala, sin embargo, insiste en negar esa tipificación y define lo firmado como un acuerdo de cooperación relativo "al examen de solicitudes de protección".
Este lunes, ministro del Interior, Enrique Degenhart dijo que el acuerdo solo aplicará a migrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña y aseguró que hay restricciones, como los niños menores no acompañados, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o las personas con discapacidad.
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La oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, anunció este lunes que presentó dos recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
Uno de los recursos busca que no entre en vigor el acuerdo y el otro pide la destitución del ministro del Interior, Enrique Degenhart, por no tener facultad para firmarlo en nombre del Estado.
El acuerdo fue suscrito por Degenhart y el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan.
Dudas legales
Inicialmente su firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Estados Unidos, Donald Trump, pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la CC indicara que la suscripción no era viable.
Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares. Luego se dio la firma por funcionarios de segundo nivel.
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Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional calificó de "ilegal" el acuerdo, porque —asegura— el Ejecutivo hizo caso omiso a la resolución de la corte.