¿Cómo arreglar la crisis migratoria? El pendiente de las elecciones en Guatemala

“Es fundamental evitar que haya una brecha entre las capacidades de la población y las oportunidades en su país de origen”, advierte Juan Alberto Fuentes Knight, economista y ex ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011) , entonces esposo de Sandra Torres. “Los más pobres no son los que migran, son los que tienen algún recurso: el gran desafío es generar inversión”, añade.

Para resolver estos problemas endémicos, Torres y Giammattei destacan la necesidad de ofrecer asesoría legal a los migrantes, de desarrollar una política nacional de cabildeo, de instalar más consulados en Estados Unidos y de promover el empleo para retornados —actualmente en manos de empresas privadas—.

“Hay que resaltar que similares propuestas han sido hechas por candidatos pasados, sin lograrse estos objetivos”, recuerda Pedro Pablo Solares, experto en migración y consultor de la asociación Puente Norte.

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Los candidatos también coinciden en la importancia de dar facilidades para la creación de pequeñas empresas a nivel rural, de ofrecer educación financiera sobre uso de remesas —11% del PIB en 2018— y de implantar nuevos corredores y zonas francas para fortalecer la inversión privada.

Todas las propuestas coincidentes son valoradas como necesarias por los expertos, excepto las zonas francas. Esto se debe a que la creación de estos espacios para mejorar la inversión privada, implica bajar impuestos a grandes empresas en el país que menos recauda de Latinoamérica.

“Para poder ofrecerle a la población desesperada que migra las oportunidades que los mantendrían en Guatemala, debe dejarse atrás la obsolescencia de los privilegios fiscales”, cuestiona Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto de Estudios Fiscales (Icefi). Barrientos sugiere aplicar incentivos de tercera y cuarta generación, “para atraer inversiones y generar empleos de alta calidad”.

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Cuáles son sus metas, cuáles serán sus fuentes de financiamiento y cuál será el costo fiscal de todas las propuestas, son las incógnitas por despejar. “Esta carencia hace dudar de la viabilidad fiscal de las propuestas”, advierte Ricardo Barrientos

La personalista y el ex preso

A Sandra Torres le respalda haber sido la responsable del mayor proyecto de ayudas sociales de la historia contemporánea de Guatemala, el llamado Consejo de Cohesión Social, del que fue coordinadora cuando era esposa del ex presidente Álvaro Colom. Su personalista gestión, y los señalamientos de clientelismo, le valieron enormes críticas, pero le generaron un razonable éxito como candidata presidencial en los departamentos más pobres y más migrantes en las tres últimas elecciones.

El candidato de Torres para vicepresidente es Carlos Raúl Morales, fue ministro de Asuntos Exteriores y mantiene buenas relaciones con la diplomacia estadounidense. La presencia de Morales, sin embargo, no ha supuesto un mayor posicionamiento de la realidad migratoria en su agenda electoral.

El candidato a ministro de Asuntos Exteriores de Alejandro Giammatei es un finquero cafetalero sin experiencia en migración llamado Jorge Brolo, cuestionan los expertos sobre las apuestas de Giammatei, quien alcanzó notable fama por su encarcelamiento durante tres meses tras el asesinato de siete reos en una toma carcelaria durante su gestión . Su mayor apuesta es él en sí mismo, porque es una persona conocida, aunque su partido sea de nueva creación. Como novedad, Giammattei ofrece un acercamiento directo para negociar con México las condiciones de los migrantes. Sin embargo, plantea un censo migratorio, cuando la mayoría se va de Guatemala con coyotes, sin pasar por fronteras oficiales.

Para frenar la migración irregular, Torres y Giammattei coinciden en desarrollar políticas sociales mediante programas de transferencias condicionadas (ayudas económicas asistencialistas otorgadas mientras los receptores cumplan sus compromisos). Los expertos consultados advierten de que Torres tiene más credibilidad con esta apuesta. Durante el gobierno de Colom, ella fue el rostro de este tipo de ayudas y, aun con señalamientos de clientelismo en su ejecución, tiene a su favor la experiencia de haber gobernado.

“Sobre todo, hay que recuperar una política de inversión pública porque los migrantes no solo se van por causas económicas, si no porque sostienen las necesidades de salud y educacion del país”, subraya Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar .

“El nuevo gobierno debería tener una política migratoria de defensa de derechos humanos, de propuestas que combatan las causas de la migración forzosa, de transparencia en el uso de recursos públicos, y de mantener comunicación y acuerdos con sociedad civil”, agrega Roldán, que también integra la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI).

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El dictado estadounidense

El presidente Jimmy Morales anunció recientemente que consideraba la petición estadounidense de convertirse en un país que da refugio y también deporta y contiene migrantes. Esto es un acuerdo de seguridad, que implica convertirse en tercer país seguro, y que también evalúa el gobierno de México.

A nivel local, la migración no es el tema principal de la agenda electoral de Guatemala, más bien la coyuntura forzó la mención cuando Donald Trump dijo hace semanas que Guatemala iba a ser tercer país seguro.

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Sandra Torres y Alejandro Giammattei ya rechazaron que sea Morales quien decida si el país tiene la capacidad de serlo. Todos los expertos advierten de antemano que Guatemala no cumple con los requisitos, porque carece de fortaleza institucional para abordar crisis sociales y además porque en el país se libra una batalla entre las fuerzas que luchan contra la corrupción y las que favorecen el statu quo.

La escasa priorización de la crisis migratoria en el país tiene una explicación, según Mariano Rayo, economista y coordinador de proyectos especiales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies): “La politica migratoria de Guatemala la dicta Estados Unidos, punto”.

Hace seis años que México se convirtió técnicamente en la frontera sur de Estados Unidos, después de una enorme crisis en la que atravesaron el país rumbo al norte más de 45,000 menores migrantes centroamericanos. Eso implicó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometiera a aumentar el control de la migración irregular y la vigilancia de los puestos fronterizos.

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En septiembre de 2018, la situación salió de control con las caravanas masivas de centroamericanos que s obligaron a aumentar sus controles y deportaciones para dar respuesta a la exigencia de Donald Trump de contener el flujo migratorio.

Ahora, la debilidad institucional de Guatemala se ve confrontada por las exigencias para que ejerza de contenedor de la migración centroamericana. “Es hora que el país empiece a ver la migración, no solo como una problemática actual, sino también con vistas al futuro, para prevenir nuevas olas de migración forzada”, invita Pedro Pablo Solares, de Puente Norte.