El entusiasmo se enfrió por un problema de costos. El precio en los puntos de venta es fijado por el gobierno a través del Instituto de Regulación del Cannabis: un dólar por gramo, cuando lo óptimo sería de cinco a seis dólares por unidad de medida. “No hay margen”, dice Blasina.
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Las dos primeras empresas seleccionadas por el gobierno para hacer efectiva la ley 19172 de 2014 fueron Iccorp y Symbiosis. Había que producir a gran escala y proveer a las farmacias de dos toneladas al año, pero las cuentas no salieron y no cumplieron con la oferta.
Symbiosis siguió cultivando marihuana sicoactiva, pero Blasina se fue para fundar Cannabis Uruguay, girando hacia fines medicinales, en sociedad con otros entusiastas de este nuevo negocio, orientado a la exportación en un ambiente de mayor libertad. La experiencia del agrónomo venía de los tiempos en que se dedicaba al autocultivo en su casa del barrio Palermo de Montevideo, que ahora es el Museo del Cannabis, y no estaba dispuesto a abandonar su auténtica vocación profesional.
No todos los empresarios del sector cannabico están dispuestos a hablar de este tema en público, porque estos cultivos no dejan de tener mala fama en una región que también cubre la sombra del narcotráfico. De hecho, la norma fue aprobada en el Parlamento en 2013, muy a pesar de que las encuestas previas a la regulación eran contrarias al proyecto del presidente José Mujica, un izquierdista que planteó la iniciativa como un recurso para arrebatar el mercado a los traficantes.