El cannabis con fines recreativos es un negocio poco lucrativo en Uruguay

El entusiasmo se enfrió por un problema de costos. El precio en los puntos de venta es fijado por el gobierno a través del Instituto de Regulación del Cannabis: un dólar por gramo, cuando lo óptimo sería de cinco a seis dólares por unidad de medida. “No hay margen”, dice Blasina.

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Las dos primeras empresas seleccionadas por el gobierno para hacer efectiva la ley 19172 de 2014 fueron Iccorp y Symbiosis. Había que producir a gran escala y proveer a las farmacias de dos toneladas al año, pero las cuentas no salieron y no cumplieron con la oferta.

Symbiosis siguió cultivando marihuana sicoactiva, pero Blasina se fue para fundar Cannabis Uruguay, girando hacia fines medicinales, en sociedad con otros entusiastas de este nuevo negocio, orientado a la exportación en un ambiente de mayor libertad. La experiencia del agrónomo venía de los tiempos en que se dedicaba al autocultivo en su casa del barrio Palermo de Montevideo, que ahora es el Museo del Cannabis, y no estaba dispuesto a abandonar su auténtica vocación profesional.

No todos los empresarios del sector cannabico están dispuestos a hablar de este tema en público, porque estos cultivos no dejan de tener mala fama en una región que también cubre la sombra del narcotráfico. De hecho, la norma fue aprobada en el Parlamento en 2013, muy a pesar de que las encuestas previas a la regulación eran contrarias al proyecto del presidente José Mujica, un izquierdista que planteó la iniciativa como un recurso para arrebatar el mercado a los traficantes.

Los empresarios pasaron por un mal rato a la hora de llevar dinero al sistema bancario . Aunque todo es legal a nivel nacional, al día siguiente de que se conoció públicamente la lista de las farmacias que habrían de vender flor de cannabis, fueron canceladas sus chequeras. Lo mismo pasó en 2014 en Colorado, cuando el estado ignoró la legislación nacional estadounidense y legalizó la marihuana.

La negativa bancaria es a causa de la legislación internacional que penaliza el uso de recursos vinculados a la producción y venta de enervantes. Por eso las cuentas fueron dadas de baja en septiembre de 2017, informó un operador bancario.

Si bien los establecimientos ampliaron su abanico de mercancías, el monto en circulación es poco significativo, afirmó a su vez un empresario farmacéutico que habló a condición de mantener el anonimato.

“Es muy difícil funcionar por fuera del sistema bancario. Y esto es contradictorio, porque no existe en Uruguay un producto con la trazabilidad y el control sobre el cannabis. Un paquete de cinco gramos tiene un código de barras y se sabe quién lo produce, quién lo vende y quién lo compra”, afirmó el empresario farmacéutico.

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El expendio en farmacias es una de las tres modalidades para acceder al cannabis; las otras dos vías son los clubes cannabicos y el autocultivo. Todos están registrados ante la institución reguladora: hay 39,956 inscritos con huella digital y cédula oficial de identidad para comprar en los establecimientos farmacéuticos; más 3,900 agrupados en 125 clubes (mediante cuotas de 120 a 150 dólares) y 7,224 adicionales, que producen en casa.

Ahora hay más farmacias interesadas en colocar marihuana en sus mostradores, pero es insuficiente la producción de las dos empresas concesionadas, por lo que el gobierno ya lanzó una nueva convocatoria para más licencias.

En julio de 2017, tres años y medio después de que la ley entró en vigor, comenzó la comercialización legal . En 2018, la venta total fue equivalente a 445,000 dólares, a través de 17 farmacias en todo el país (con un territorio similar al de Chihuahua), donde cada paquete tiene un precio de 250 pesos uruguayos, alrededor de siete dólares. En Colorado, un cigarrillo de un gramo cuesta 12 dólares, al menos.

Uno de los temas pendientes es la venta de cannabis a turistas, que llegan a Uruguay pensando que, como en Denver, hay marihuana sin límite. Pero sorpresa: es ilegal.

Los empresarios como Blasina piensan que tanto la venta a los visitantes como la producción con fines medicinales deberían seguir ampliando horizontes.

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“En marzo de 2020 asumirá un nuevo gobierno y esperamos —planteó Blasina— que la próxima administración, no importa de qué partido sea, razone científicamente el tema cannabis e impulse mucho más a Uruguay como una oportunidad de inversión, que debería ser una plataforma de investigación y desarrollo”.