La Suprema Corte de Estados Unidos escucha los argumentos sobre el DACA

La campaña de Trump por acabar con el programa es, en algunos sentidos, el eje de sus políticas inmigratorias estrictas y lo más probable es que el máximo tribunal falle en junio, en lo más álgido de la campaña presidencial de 2020, lo que insertará al tribunal aún más en un tema que motiva a las bases de ambos partidos.

Se espera que la decisión afecte a alrededor de 700,000 inmigrantes indocumentados, muchos procedentes de México y Centroamérica. Los legisladores de ambos partidos generalmente han apoyado a los beneficiarios del programa, quienes llegaron a Estados Unidos ilegalmente y quienes se han quedado en el limbo.

Defensores de los inmigrantes y beneficiarios del DACA de todo el país se dieron cita en la escalinata de la Suprema Corte, el martes por la mañana.

En el frío lúgubre, la gente se cubría con ponchos y hacía fila para poder entrar a ver brevemente los argumentos cuando el procedimiento inicie a las 10 a. m., hora del Este de Estados Unidos (9 a. m., hora de la Ciudad de México).

Antonio, uno de los quejosos, era el primero de la fila para entrar a la Suprema Corte el martes para oír los argumentos. El dreamer le dijo a CNN que había estado ahí desde la madrugada y que algunas personas se habían turnado para guardarle su lugar desde el fin de semana. "Ellos decidirán mi destino", dijo sobre los ministros que oirán los argumentos.

Un grupo de cuatro beneficiarios del DACA ha estado formado desde el lunes a la una de la tarde y se quedaron a pernoctar a unos pasos del tribunal. Sergio Rodríguez, uno de los cuatro, dijo que están aquí "en solidaridad con todos los inmigrantes, incluidos nuestros padres". No fue el único que viajó de otras partes del país para participar en este evento.

Cynthia De la Torre Castro, beneficiaria del DACA, viajó desde Fort Worth, Texas, para asistir a la audiencia del martes. "Esta decisión será histórica y puede trastornar la vida de todos", dijo.

Según la Dirección de Información Pública de la Suprema Corte, usualmente hay entre 50 y 75 asientos disponibles al público en general y 25 asientos más para el público en general que se rotan cada 3 a 5 minutos.

Los abogados que han estado en el frente de batalla de este tema hicieron fila desde las primeras horas de la mañana. Entre ellos están Andy Pincus, quien presentó un informe en nombre de los empresarios; Josh Blackman, profesor de Derecho; Marielena Hincapie, del Centro Nacional para el Derecho Migratorio, y Karen Tumlin, del Justice Action Center.

Si el tribunal falla a favor de la administración, permitirá que empiece la cancelación del programa. Los beneficiarios del DACA, quienes le dieron al gobierno sus datos personales para poder beneficiarse del programa, no podrán renovar ni recibir las prestaciones y quedarán sujetos a deportación una vez que expiren sus permisos.

Los demandantes, entre los que se cuenta la Universidad de California, varios gobiernos estatales y beneficiarios del DACA, argumentarán ante el máximo tribunal que la cancelación viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), un ordenamiento federal que rige la forma en la que las dependencias pueden establecer reglamentos.

"Una administración puede imponer prioridades nuevas o diferentes, pero solo si se apegan a los requisitos de la APA y delinea claramente sus fundamentos para que se la pueda hacer rendir cuentas públicamente", argumentó Theodore Olson, abogado de los demandantes, en los oficios del caso.

Los ministros no discutirán si la administración tiene facultades para rescindir el programa, sino el procedimiento que siguió para hacerlo.

Olson explicó que la ley exige "y el público merece" un "análisis genuino" y una "explicación lúcida" de los fundamentos relevantes antes de revocar un "programa de larga data y de someter a 700,000 personas a la deportación a países desconocidos cuyo idioma tal vez ni siquiera hablen".

143 asociaciones empresariales y compañías presentaron un informe en apoyo al DACA y subrayaron que su cancelación afectará la economía. En el informe se hace referencia a las investigaciones del Cato Institute, una institución libertaria que estima que las empresas tendrán que erogar alrededor de 6,300 millones de dólares para reemplazar a los beneficiarios del programa "si es que pueden encontrar empleados para ocupar las vacantes".

Tim Cook, CEO de Apple , también presentó un informe en apoyo al DACA y señaló que su empresa tiene en la nómina a 443 dreamers que provienen de 25 países y cuatro continentes diferentes. "No los contratamos por amabilidad o por caridad", argumentó Cook. "Lo hicimos porque los dreamers encarnan la estrategia innovadora de Apple. Tienen antecedentes diferentes y presentan una amplia gama de habilidades y experiencias que los equipan para abordar los problemas desde perspectivas diferentes", señaló.

No obstante, el procurador general Noel Francisco argumentó que los tribunales no tienen facultades para revisar esta decisión.

"La decisión de rescindir un programa de no aplicación de una ley es una acción característica sujeta a la discreción absoluta de una dependencia", escribió Francisco en los oficios del caso.

Francisco añadió que aunque los ministros disientan, la administración presentó los fundamentos adecuados para poner fin al programa, particularmente en junio de 2018, a través de una circular de la entonces secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen.

Nielsen señaló que la administración creía que el DACA en sí era ilegal, si no es que "jurídicamente cuestionable" y presentó otros argumentos que respaldan la creencia de la administración Trump respecto a que, en cuanto a políticas, el DACA no era buena idea. Nielsen argumentó que el tema debía quedar en manos del Congreso y que el programa animaría a más gente a cruzar la frontera.

El gobierno cuenta con el apoyo de Texas y otros nueve estados, que afirman que si se permite que el programa siga existiendo, los estados seguirán "incurriendo en daños" porque tendrán que proporcionar "servicios sociales como atención médica, educación y protección a personas a las que el Congreso considera presentes ilícitamente, pero a quienes el Ejecutivo ha otorgado presencia lícita".