La pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020 crea un caos en la Casa Blanca

El miércoles 3 de julio por la tarde, Jody Hunt, titular de la División Civil del Departamento de Justicia, le dijo al juez que "el Departamento de Justicia recibió la instrucción de examinar si hay una forma coherente con la decisión de la Suprema Corte que nos permita incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el censo".

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Los abogados del gobierno pintaron un panorama de confusión en la administración mientras que la Oficina del Censo avanza con la impresión del cuestionario sin incluir la polémica pregunta: "¿Esta persona es ciudadana de Estados Unidos?".

Por ahora, la Suprema Corte impidió que la pregunta se incluyera en el censo en un fallo que emitió a finales de junio; el ministro John Roberts concluyó que había razones suficientes para cuestionar los motivos de la administración para hacer la pregunta. Roberts no descartó que el Departamento de Comercio presentara un argumento diferente.

En una teleconferencia, Hunt le dijo al juez George Hazel que si la administración encuentra una forma viable de incluir la pregunta en el censo decenal, regresará a la Suprema Corte para pedir "instrucciones […] para simplificar y expeditar el litigio pendiente y dar claridad al proceso de ahora en adelante".

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El juez le pidió al Departamento de Justicia que presente más información antes de las dos de la tarde del viernes, 5 de julio.

El miércoles, en otro caso que se litiga en Nueva York, el abogado del Departamento de Justicia le dijo a un juez federal que aunque la dependencia le había dicho el martes que el cuestionario no incluiría una pregunta sobre la situación de la ciudadanía de los encuestados, había cambiado de postura.

"Ahora, se les pidió a los departamentos de Justicia y Comercio que reevalúen todas las opciones disponibles luego de la decisión de la Suprema Corte y si el fallo de la Suprema Corte permitiría que se emitiera un fallo nuevo respecto a incluir la pregunta de la ciudadanía en el cuestionario del censo decenal de 2020".

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Hazel les dijo a los abogados que tiene una cuenta de Twitter y que sigue a Trump. Agregó que el tuit del miércoles por la mañana "contradice directamente" la postura que asumió el Departamento de Justicia el martes.

Un cambio repentino

En la audiencia del miércoles, otro abogado del Departamento de Justicia le dijo al juez que la administración había girado instrucciones de iniciar la impresión de los cuestionarios sin la pregunta sobre la ciudadanía, pero también reconoció que la situación es cambiante.

Joshua Gardner, el abogado, reconoció que se estaba retractando de las declaraciones que había hecho el día anterior, cuando insinuó que ya se había tomado la decisión definitiva.

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Gardner dijo que había "confirmado que la Oficina del Censo continuaría con el proceso de impresión de los cuestionarios sin la pregunta sobre la ciudadanía y que ese proceso no se había detenido"; sin embargo, dijo que el tuit de Trump podría cambiar la postura definitiva del gobierno.

"El tuit de esta mañana fue lo primero que supe sobre la postura del presidente en este tema, al igual que los demandantes y Su Señoría", dijo Gardner al juez.

"No entiendo muy a fondo qué significa esto en esta coyuntura, fuera de lo que el presidente ha tuiteado", dijo. Agregó que está "haciendo lo mejor que puedo para enterarme de qué está pasando".

Los demandantes que impugnaron la inclusión de la pregunta en el tribunal de Maryland critican duramente el cambio de postura del gobierno

"El que la administración ignore descaradamente las órdenes del tribunal es escandaloso y tendrá como consecuencia la misma desinformación que provoca que nuestras comunidades se muestren renuentes a participar en el censo en un momento en el que la Oficina del Censo debería estar exhortando activamente a todos a participar" dijo Denise Hulett, abogada principal en la denuncia que presentó el Mexican American Legal Defense and Educational Fund.

Cuando el gobierno pidió una prórroga hasta el lunes, 1 de julio, el juez la negó y preguntó si el Departamento de Justicia habla en nombre del presidente.

"Si ustedes fueran Facebook y un abogado de Facebook me dijera una cosa y luego leyera un comunicado de prensa de Mark Zuckerberg en el que se dice otra cosa, exigiría que Mark Zuckerberg compareciera ante el tribunal con ustedes la próxima vez porque no creería que ustedes siguen hablando en nombre de su cliente", dijo Hazel.

Luego de esta reprimenda, Gardner le dijo al juez que había trabajado en el Departamento de Justicia desde hacía 16 años, "a lo largo de varias administraciones", y que "siempre he pretendido ser tan franco como es posible con el tribunal".

Un tuit que pone de cabeza a la administración

Un funcionario de la Casa Blanca dijo la tarde del miércoles que en la Casa Blanca se estaba discutiendo una solución para poder incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario del censo aunque actualmente se está imprimiendo sin ella.

Este funcionario insinuó que el proceso de impresión y el compromiso de Trump por seguir peleando por que se incluya la pregunta no son mutuamente excluyentes, o al menos que los abogados de la administración están buscando la forma de que no lo sean.

La Casa Blanca quedó sumida en discusiones y confusión un día después de que una abogada del Departamento de Justicia, Kate Bailey, notificara por correo electrónico a los demandantes que impugnaban la inclusión de la pregunta que "confirmaría que se ha tomado la decisión de imprimir el cuestionario decenal del censo de 2020 sin una pregunta sobre la ciudadanía y que se instruyó a la imprenta que comenzara con la impresión".

Más tarde, el Departamento de Justicia confirmó que la pregunta no estaría en el cuestionario. Además, Wilbur Ross, secretario de Comercio, emitió un comunicado en el que dijo que "la Oficina del Censo comenzó con el proceso de impresión de los cuestionarios decenales sin la pregunta" aunque dijo que no estaba de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte.

Además, durante una audiencia, el martes, un juez federal le preguntó a la dependencia si la decisión era "definitiva" y el Departamento de Justicia afirmó que lo era, según los abogados del demandante que participaron en la teleconferencia.

El martes por la noche, otro abogado que participaba en una demanda diferente manifestó que dudaba de que la postura de la administración pudiera cambiar.

"Estamos conformes con la situación, pero queremos estar seguros de que sea rigurosa y completa", dijo Thomas Saenz, presidente del Mexican American Legal Defense and Educational Fund. Saenz dijo a CNN el martes que le preocupaba que el gobierno encontrara otras formas de darle la vuelta al fallo.

Una situación cambiante

Al principio, el gobierno había dicho que el lunes era la fecha límite para empezar a imprimir los formularios. Sin embargo, por la tarde del lunes, la administración le pidió a Hazel más tiempo para decidir cómo procedería luego del fallo de la Suprema Corte. El resultado fue incierto hasta el martes porque el fallo que emitió la Suprema Corte a finales de junio y que les impedía que incluyeran la pregunta por el momento dejaba la puerta abierta a que la administración presentara argumentos nuevos.

Por un lado, es cierto que la fecha límite que el gobierno tenía que cumplir era todo un desafío. Un funcionario del censo declaró en el juicio que posponer la fecha límite hasta octubre, con el presupuesto actual, "le impediría a la Oficina del Censo aplicar oportunamente el censo de 2020" y que eso solo podría ser factible "con recursos excepcionales".

Además, lo más probable es que se prolongaran las dos acciones legales colaterales que se emprenderían a lo largo del verano en dos tribunales de primera instancia. Jesse M. Furman, juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, estaba considerando aplicar sanciones al gobierno luego de que surgieran documentos de los archivos de un experto en redistribución distrital fallecido que suscitaban dudas sobre si la decisión tenía motivos políticos.

Además, Hazel se basaría en esos mismos documentos para ordenar una nueva audiencia probatoria con la intención de conocer más sobre las razones del gobierno para agregar la pregunta.

Pese a todo, la decisión sorprendió a todos.

Otra cosa que pudo haber tenido que ver es que unos funcionarios de la Oficina del Censo declararon que había otras formas de conseguir información sobre la ciudadanía. En una circular, John Abowd, funcionario de la Oficina del Censo, le recomendó al Departamento de Comercio que usara los expedientes administrativos —de la Administración del Seguro Social y del Servicio de Recaudación Interna— en vez de agregar la pregunta. Al final, Ross optó por ambas. En mayo, Abowd dijo que la oficina operaba en el entendido de que era necesario recabar los expedientes sin importar si los tribunales permitían que se incluyera la pregunta.

Además, hay otra encuesta que se envía a uno de cada 36 hogares en la que la pregunta está incluida.