Según la Casa Blanca, más de 60,000 migrantes, la gran mayoría centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países, han sido devueltos a México en los 13 meses de implementación del programa.
Los migrantes son obligados a esperar en las ciudades fronterizas de México, a menudo peligrosas, donde son vulnerables a secuestros, violaciones, robos y otros crímenes mientras viven en condiciones a veces insalubres.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el 28 de febrero un fallo bloqueando esta política por considerarla ilegal, pero lo suspendió mientras la administración Trump apelaba ante la Corte Suprema.
El gobierno republicano solicitó de manera urgente al alto tribunal que bloqueara el fallo judicial. En un documento, argumentó que, si esa orden entrara en vigencia, "un número sustancial de los hasta 25,000 extranjeros que están en espera de un proceso en México se apresurarán de inmediato a ingresar a Estados Unidos".
"Un aumento de esa magnitud impondría cargas extraordinarias a Estados Unidos y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el gobierno de México", agregó el gobierno.
La Corte Suprema accedió al planteo de la administración Trump.
La orden del tribunal "se suspende en espera" de la consideración de los argumentos sobre el fondo del tema, decidió sin dar más explicaciones.
La jueza progresista Sonia Sotomayor dijo que discrepaba con esta decisión.
La Corte Suprema renovada por Trump, que ha nominado jueces de tendencia conservadora, le ha otorgado a la administración republicana victorias significativas en temas de inmigración en los últimos meses.
La autorizó a financiar la construcción de un muro en la frontera sur con fondos militares y a penalizar a los migrantes que se benefician de la asistencia social estadounidense.
Trump, que espera ganar un segundo mandato el 3 de noviembre, ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los sellos distintivos de su presidencia.
Con información de AFP y Reuters
