Nuevos programas de transferencias económicas, suspensión del pago de servicios y subsidios a microempresas son algunos de las medidas que varios países de América Latina están tomando para que el golpe económico de las cuarentenas sea menos duro para las poblaciones en pobreza.
Países de distintas banderas políticas han diseñado nuevos programas para responder a la crisis económica, que podría ser peor que la de 2008, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y otros países están actuando... Todos, menos México.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo lema de campaña fue “Primero los pobres”, no ha anunciado nuevos programas sociales para enfrentar la crisis, sino ha hecho una apuesta a la continuidad de la agenda que ha seguido desde diciembre de 2018.
Esto no será suficiente para resistir, de acuerdo con el investigador en desigualdad y política social Máximo Ernesto Jaramillo.
“Hay muchas lecciones que de inmediato se pueden aprender de lo que está pasando en Latinoamérica, pues ya son muchos los países que están tomando medidas extraordinarias para aminorar el golpe para quienes menos ingresos tienen. Esto engloba tanto a gobiernos de derecha, como el de Brasil, y de izquierda, como el de Argentina”, explicó en entrevista el doctor en sociología por el Colegio de México.
Jaramillo dijo que una de las razones por las que el gobierno mexicano puede vacilar en implementar nuevos programas es el nivel de recaudación fiscal que tiene, uno de los más bajos de la región.
“Aunque México tiene niveles de pobreza cercanos a los de Colombia, Perú y Brasil, en México tenemos una recaudación menor que otros países. En México se recauda el 16% del PIB, en cambio en países como Argentina, Brasil y Uruguay se recauda más del 30%, incluso algunos países centroamericanos llegan al 24%”, indicó Jaramillo.
Jaramillo dijo que a pesar de esto, México podría implementar algunas de las medidas que se en otros países latinoamericanos, con niveles de desarrollo parecidos.
Para el especialista en desigualdad, los programas sociales que se diseñen e implementen durante esta etapa deben cumplir con dos características: “Lo más importante es garantizar el mínimo para la mayoría de las personas,esto implica transferencias monetarias. Lo otro es garantizar que el mínimo pierdan sus empleos y eso puede no ser necesariamente lo mismo, puede ser con subsidios a microempresas garantizando que no despidan a personas”.
Hay varios ejemplos en la experiencia latinoamericana. Uno de ellos es Brasil. En este país, a pesar de las tendencia del presidente Jair Bolsonaro a minimizar la crisis, el gobierno hizo una bolsa de 3,000 millones de reales para incluir un millón de personas más al programa Bolsa Familia, un equivalente al programa Prospera en México.
El gobierno brasileño también aprobó la transferencia de 600 reales (2,800 pesos mexicanos) a todos los trabajadores informales, autoempleados y familias en vulnerabilidad. “Están garantizando un piso mínimo para que las personas que no se pueden quedar en casa porque, como dice el mismo López Obrador, tienen que buscar para comer, tengan garantizada un ingreso por unas semanas”.
Argentina tiene una política similar, llamada Ingreso familiar de emergencia de 10,000 pesos argentinos (3,750 pesos mexicanos) dirigido para trabajadores por cuenta propia, como trabajadores del hogar y taxistas. Tendrán 3.6 millones de beneficiarios, cerca del 10% de la población.
En Perú, el gobierno de Martín Vizcarra presentó el subsidio Yo me quedo en casa, dirigido para población en pobreza. También duplicó el monto, no solo adelantó el pago, de los programas ya existentes.
Estos programas no son excluyentes para los beneficiarios de las políticas sociales ya existentes.
“En México solo se ha dicho que se van a adelantar las transferencias a las personas con discapacidad y para las personas mayores de 65 años”, comparó el fundador de la página Gatitos contra la desigualdad.
En Bolivia, además nuevas políticas de transferencia, ha prohibido los cortes de agua, luz, gas e internet durante la emergencia, y ha disminuido el costo del servicio de electricidad. Para Jaramillo, esta es otra de las medidas que el gobierno mexicano debería considerar.
“Otra parte que es importante es suspender el pago de rentas, suspender el pago de créditos a los bancos y evitar el corte a servicios domésticos”, dijo el también economista.
Una de las defensas de Andrés Manuel López Obrador para no tomar medidas más ambiciosas para proteger la economía de la población en pobreza es no aumentar la deuda del país, pues se cuentan con “muchos recursos” para hacer frente a la emergencia.
“No es más de lo mismo, porque esto ya cambió porque siempre la costumbre, lo recurrente era que ante estas crisis era ahí va el plan para contratar deuda. Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda, porque imagínense si endeudamos al país. No. Tenemos muchos recursos”, dijo el presidente en su conferencia de prensa del viernes 3 de abril, dos días antes de presentar su plan para atender la crisis.
Para Jaramillo y otras organizaciones especializadas en el estudio de la desigualdad económica, es factible que el gobierno mexicano adquiera deuda, siempre y cuando se use en proyectos que finalmente ayuden a superar la crisis económica.
“Lo que algunas unas ONG estiman que un espacio fiscal, que no saldría de lo normal de lo que están haciendo otros países sería enduedarse cerca del 2% del PIB. Es algo que es factible y no sería algo que lastimaría las finanzas públicas ni la estabilidad macroeconómica”, explicó Jaramillo.
“Un mito que tiene que superarse de inmediato es pensar que cualquier endeudamiento será malo, sobre todo porque no hablamos de un endeudamiento para rescatar a los ricos, sino a las personas más afectadas por la crisis”, destacó el investigador.
Jaramillo defiende que después de superar la crisis, México debe pensar en una reforma fiscal progresiva, que pueda incluir propuestas como impuestos a la riqueza y las herencias.
Sin embargo, aún hay espacio fiscal para que se pueda recaudar más sin nuevos impuestos. “Por ejemplo, la tenencia y el predial, que son impuesto que bien hechos afectarían solamente a los más ricos”.
