BEIJING- El presidente chino, Xi Jinping, promulgó este martes una polémica ley para Hong Kong, según la cual los crímenes de seguridad nacional podrán ser penalizados con cadena perpetua y la justicia china será competente en los casos más "graves".
Esta ley, considerada por sus detractores como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo, también prevé la creación de una agencia de seguridad nacional en la antigua ex colonia británica.
Ignorando los llamamientos de los países occidentales, el parlamento nacional aprobó el texto, un año después de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica contra la influencia del gobierno central.
El texto será incorporado a la Ley Fundamental que sirve desde 1997 de mini-Constitución en Hong Kong y entrará en vigor este mismo martes, anunció la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam.
La nueva ley será una "espada" que pende sobre la cabeza de aquellos que afecten la seguridad nacional, dijo la Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao poco después de su promulgación.
"Para una vasta mayoría de los residentes de Hong Kong (...) esta ley es un espíritu guardián de sus libertades", agregó.
Con este texto, el gobierno central quiere asegurar la estabilidad y poner fin al vandalismo de las protestas del año pasado, en este territorio de 7.5 millones de habitantes. También espera atajar el movimiento independentista.
"Esto supone el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo. Con poderes ampliados y una ley mal definida, la ciudad se convertirá en un #estadodepolicíasecreta", tuiteó el martes Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento prodemocracia de Hong Kong, cuyo partido político Demosisto anunció su disolución.
Esta ley permite reprimir cuatro tipos de crímenes contra la seguridad del Estado: las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
En este ámbito, la China continental puede hacerse cargo directamente de los casos en tres situaciones: si se trata de casos complejos de injerencia extranjera, si los casos son "muy graves" y si hay "amenazas graves y reales" contra la seguridad nacional.
"Poco importa que se haya hecho uso de la violencia o que se haya amenazado con usarla, los líderes o autores de (crímenes) graves serán condenados a cadena perpetua o a un mínimo de 10 años de cárcel", establece la nueva ley.
Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían advertido del riesgo de que la ley sea utilizada para acallar las voces críticas con Beijing, que utiliza leyes similares para aplastar a la disidencia en el continente.
La UE "deploró" la adopción de esta ley que "puede afectar gravemente el elevado grado de autonomía de Hong Kong y tener un efecto perjudicial sobre la independencia del poder judicial y el Estado de derecho", declaró el presidente del Consejo Europeo Charles Michel.
En un comunicado conjunto, 27 países pidieron en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que China reconsiderada esta ley.
El compromiso alcanzado por Reino Unido con China para la devolución de Hong Kong en 1997 fue que la ex colonia mantendría ciertas libertades, así como una autonomía legislativa y judicial, durante 50 años, en lo que se denominó un "país, dos sistemas".
Los hongkoneses tienen libertad de expresión, libertad de prensa, una justicia independiente y un sistema capitalista.
La fórmula fue el pilar de la transformación de la ciudad en una plataforma financiera mundial, anclada en su seguridad jurídica y las libertades políticas de las que carece el continente.
La región está dirigida por un gobierno local cuyos miembros están subordinados a Beijing, debido a un proceso de selección que aparta a las figuras de la oposición.
Adelantándose a la promulgación de la ley, Washington anunció el lunes el fin de las ventas de equipo sensible de defensa a Hong Kong para evitar "que caiga en manos" del ejército chino, a lo que China reaccionó anunciando que adoptará "represalias" por esta decisión.
La administración de Donald Trump ya había anunciado el viernes restricciones de visado para funcionarios chinos acusados de "poner en entredicho" la autonomía del territorio. China respondió el lunes con una medida similar contra los ciudadanos estadounidenses "que se comportaron mal" criticando la ley.
A partir de ahora, parece difícil que los hongkoneses puedan organizar manifestaciones masivas ya que las autoridades de la ex colonia siguen prohibiendo las concentraciones de más de 50 personas debido a la epidemia de COVID-19.
