El gobierno de España decretó el estado de alarma en la región de Madrid por 15 días para poder restringir el movimiento de los ciudadanos frente al incremento de contagios de COVID-19, informó el viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
"Proteger la salud de los madrileños es indiscutible y que hay transmisión comunitaria (de COVID-19) en Madrid también lo es", sostuvo Illa en la rueda de prensa posterior a un consejo de ministros extraordinarios para aprobar la orden.
El movimiento prolonga el enfrentamiento político entre el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez y las autoridades regionales de Madrid, de la oposición conservadora, que se oponen a restricciones generalizadas en la capital.
"Se ha llegado aquí porque no ha actuado antes la Comunidad de Madrid", afirmó Illa.
Illa acusó este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "no hacer nada" para contener y revertir la transmisión comunitaria de coronavirus que hay en Madrid, y añadió: "la paciencia tiene un límite".
Con este decreto, el gobierno aplica de forma inmediata "las mismas medidas" decretadas hace una semana pero revocadas el jueves por un alto tribunal regional, argumentando que la ley empleada no amparaba la limitación de "derechos y libertades fundamentales".
Estas restricciones afectan a Madrid y ocho municipios de la región, cuyos más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de estricta necesidad.
Además, se limitan los aforos en comercios y se obliga a cerrar bares y restaurantes a las 11:00 pm locales.
Además, se prohíben las reuniones de más de seis personas, habrá una reducción de aforo en locales públicos y un adelanto de los cierres, entre otras medidas.
"Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica", indicó Illa, que confía en poder "conseguir una estabilización" en dos semanas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que se desplegará de inmediato un dispositivo de 7,000 policías y guardias civiles que controlarán los accesos y salidas viarias de las localidades afectadas, así como las infraestructuras de transporte colectivo.
En un país con las competencias sanitarias derivadas a las regiones, el estado de alarma centraliza la gestión en el gobierno, que lo empleó entre marzo y junio para amparar el severo confinamiento de todos el país.
La región de Madrid tiene una incidencia del coronavirus de 723 casos por cada 100,000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo de dos semanas hasta el 8 de octubre, lo que le convierte en el segundo peor foco de Europa después de Andorra.
Es "una medida que ningún madrileño va a entender", criticó el consejero regional de Salud, Enrique Ruiz Escudero. "Cada día que pase (...) vamos a pedir que se levante el estado de alarma", añadió.
Desde su administración defienden que las restricciones impuestas selectivamente desde septiembre en los barrios con más contagios, especialmente zonas obreras al sur de la región, ya estaban dando resultados.
De rozar los 800 casos por 100,000 habitantes a finales de septiembre, la incidencia había bajado a 564 casos, contra una media española de 257, una de las más elevadas de Europa.
Ante este argumento, el ministro recordó que 63 personas fallecieron por COVID-19 esta semana en Madrid y casi 500 se encuentran en cuidados intensivos.
"No hay más ciego que el que no quiere ver", dijo Illa, subrayando que ciudades como París, Londres o Berlín implantaron medidas similares con incidencias mucho más bajas.
Con información de AFP, EFE y Reuters
