Jueza ordena liberar al expresidente colombiano Álvaro Uribe

Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.

El exmandatario, quien cuestionó la independencia del tribunal antes de renunciar al Senado y denunció una violación del debido proceso, ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos, en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.

Los críticos de Uribe alegan que su renuncia al Senado fue una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso.

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La Corte Suprema también remitió a la Fiscalía General las indagaciones previas contra Uribe por tres masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos, hechos ocurridos en la década de 1990.

Los aliados de Uribe, incluido el presidente Duque, habían solicitado a la corte permitirle defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparando su caso con el de ex líderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, a quienes otro tribunal les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.

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Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018 y es el principal dirigente del partido derechista Centro Democrático que llevó al poder a Duque.

El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a ex integrantes de esos grupos en cárceles.

Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.

Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.