Bolivia elige un nuevo presidente bajo la sombra de Evo Morales

Casi un año después de ese quiebre institucional, 7.3 millones de bolivianos volverán a las urnas con el objetivo implícito de dejar atrás las secuelas de aquella frustrada elección. No obstante, la meta luce demasiado ambiciosa. Lejos de ceder, en los últimos meses la polarización política continúo escalando en Bolivia. Si bien Evo Morales, que está exiliado en Argentina luego de ser asilado por el gobierno de México, ya no será candidato, su figura sigue dividiendo aguas.

"La polarización y la amenaza de violencia aparecen como variables muy reales en la democracia boliviana", dice Franco Gamboa Rocabado, analista político y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. "No solo hay una polarización política, sino también territorial y entre las clases sociales".

La profundización de las grietas que dividen a Bolivia llega en el peor momento. Además de sus dramáticos efectos sanitarios, la irrupción de la pandemia viene impactando con fuerza sobre el cuadro económico y social del país. Luego de un sostenido crecimiento en los últimos dos decenios, las estimaciones indican que el PIB caerá más del 5% este año. En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que el porcentaje de bolivianos hundidos en la pobreza extrema pasará del 14.3% registrado en 2019 al 16.8% a finales de este año.

El delfín de Morales

En ese panorama, Luis Arce, el candidato ungido por Evo Morales, aparece liderando las encuestas con una intención de voto que, si se excluyen los sufragios en blanco y los indecisos, supera el 40%.

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Economista con una maestría en el Reino Unido, Arce acompañó a Morales desde el inicio de su gestión en 2006. Sus dos etapas como ministro de Economía —solo se alejó del cargo entre junio de 2017 y enero de 2019 para reponerse de un tumor— lo volvieron una de las caras más visibles del llamado "milagro económico" boliviano. Entre 2006 y 2019, el PIB promedió un alza cercana al 5% anual.

Desde su cargo de ministro, Arce fue uno de los impulsores de la nacionalización de los hidrocarburos, una medida que cambió el rumbo económico de un país que posee las segundas mayores reservas de gas natural en Sudamérica. A partir de esa decisión, Repsol, Petrobras, British Gas y Total, entre otras compañías que ya operaban en Bolivia, continuaron explotando esas reservas pero ya no como propietarias sino como proveedoras de servicios a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Tras el cambio en los contratos a partir de 2006, las petroleras deben entregar su producción de gas y crudo a YPFB, que pasó a ser socio mayoritario en las compañías mixtas que operan en el país. Además, las empresas privadas pasaron a pagar un impuesto del 82% —antes era del 18%— para los grandes yacimientos y porcentajes menores para los campos pequeños. Pese al drástico cambio de las condiciones, la mayoría de las compañías petroleras internacionales decidió mantener sus operaciones en Bolivia.

Los mayores ingresos fiscales, sumado a un manejo prudente de las cuentas públicas, no sólo consolidaron los indicadores macroeconómicos, sino que permitieron reducir los niveles de pobreza extrema –bordeaban el 38% en 2006– y avanzar en proyectos postergados por décadas como obras de infraestructura básica y la masificación del gas domiciliario.

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No obstante, la expansión económica empezó a perder fuerza. El año pasado el PIB creció apenas 2.8%, el incremento más bajo desde 2009. Con una alta dependencia de sus exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina –representan un tercio de las ventas externas–, Bolivia viene sufriendo la menor demanda de sus países vecinos.

Con un modelo anclado en la exportación de gas que ya parece haber encontrado un límite y escasos resultados alcanzados en el objetivo de diversificar la economía, la desaceleración del crecimiento comenzó a exponer las asignaturas pendientes de la larga gestión de Morales.

Una de ellas es la precariedad del sistema sanitario, con niveles de inversión pública que se mantuvieron, aún en medio de la expansión económica, muy por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A esos déficits en la gestión se sumó la fatiga en vastos sectores de la sociedad boliviana por la exacerbación de métodos pre-democráticos, como el culto a la personalidad de Morales y las intenciones de perpetuarse en el poder a través de maniobras dudosas

El retador

Contra esos logros y fracasos de la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará el candidato centroderechista Carlos Mesa. Ex presidente entre octubre de 2003 y mayo de 2005 cuando renunció cercado por protestas sociales, este historiador y periodista busca aglutinar el voto útil contrario a Arce.

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Ese objetivo quedó más cerca de concretarse desde el 17 de septiembre, cuando la actual presidenta Jeanine Áñez, la senadora que asumió el gobierno provisorio tras el vacío de poder provocado por la renuncia de Morales, declinó su candidatura. “Si no nos unimos vuelve Morales, vuelve la dictadura”, dijo al justificar su decisión.

Con la deserción de Áñez, Mesa trepó en las encuestas: su intención de voto, sin contar los sufragios en blanco e indecisos, llega al 34%. Con un discurso moderado, atacado por derecha e izquierda, Mesa busca una segunda oportunidad y para eso intenta convertirse en el representante de un programa de transformación democrática que, según dice, se contrapone al populismo autoritario.

"Mesa es más prudente, ya no es un neoliberal como en los años 90", dice Gamboa Rocabado. “Está canalizando a los sectores de clase media, profesionales y algunas élites empresariales que habitan en las urbes, pero también está buscando interpelar a sectores de la economía informal que han sido marginados por Evo Morales y que ahora estarían pensando alguna alternativa”.

Otros cuatro candidatos completan el cuadro electoral boliviano. Entre ellos quien asoma nítidamente en tercer lugar es el ultraderechista Luis Fernando Camacho, quien lideró las protestas del año pasado que terminaron con la renuncia de Evo Morales.

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Con una cosecha electoral que, según las encuestas, podría rondar el 17% dado el masivo respaldo a su candidatura en Santa Cruz de la Sierra –la región más poblada del país–, los votos de Camacho pueden terminar inclinando la balanza. Si conserva el apoyo que hoy marcan los sondeos, la dispersión electoral puede beneficiar a Arce. En cambio, si parte del respaldo a Camacho termina fluyendo hacia Mesa como una alternativa útil para frenar al MAS, una segunda vuelta electoral estaría asegurada.

Según la ley electoral boliviana, para que un candidato sea consagrado en primera vuelta debe captar más del 50% de los votos válidos o, al menos, el 40% con una diferencia de más de diez puntos sobre su principal seguidor. Alcanzar esta última condición es el principal objetivo de Arce, más aún si se tiene en cuenta que en una eventual segunda vuelta correría un alto riesgo de ser derrotado, según lo que marcan los sondeos.

Para definir la elección el próximo domingo, en el comando de Arce confían en el voto oculto que suele acompañar al MAS y apuestan al sufragio de los bolivianos en el extranjero, sobre todo en Argentina donde el padrón alcanza a unos 142,500 electores. A eso se suma un nivel de ausentismo que puede ser mayor al registrado en anteriores elecciones debido a la pandemia, lo que podría beneficiar al MAS que cuenta con votantes más fieles y decididos a concurrir a las urnas.

A días de la elección, las cartas están sobre la mesa, pero el final del juego es aún incierto. A esta altura, la única certeza en Bolivia es que el escenario político del país ya no será igual al de los últimos 14 años. “Ya sea en caso de una victoria de Arce en primera vuelta o de un ballotage, en Bolivia habrá un nuevo sistema de partidos, distinto al de las dos últimas gestiones cuando el MAS tenía control de las dos cámaras del Legislativo con mayoría calificada de dos tercios”, dice el analista político Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón, en La Paz.

“Tendremos un Parlamento sin control del partido de gobierno, con presencia de al menos tres fuerzas políticas, lo que obligará a llevar adelante una lógica de acuerdos: alcanzar esos consensos será, entonces, el gran desafío para Bolivia en los próximos años”.