El parlamento de Argentina volverá a debatir un proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un triunfo de la presión ejercida por la campaña de "pañuelos verdes" y en cumplimiento de una promesa del presidente Alberto Fernández.
La iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo social, pero es fuertemente cuestionada por sectores religiosos, legalizará la "interrupción voluntaria del embarazo”.
"Mi convicción (...) es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo", dijo Fernández en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades.#QueSeaLey pic.twitter.com/V7Lr6wBmuB
— Alberto Fernández (@alferdez) November 17, 2020
El mandatario dijo que también se girará una iniciativa complementaria para un "Seguro de los 1,000 días", con el objeto de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida".
"El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino", dijo Fernández.
En la actualidad, en Argentina rige una ley de 1921 que solo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay un riesgo grave para la madre o en caso de violación. Pero los activistas dicen que las mujeres muchas veces no reciben atención adecuada y citan diferencias por regiones y clases sociales.
En un país de mayoría católica y natal del papa Francisco, la primera iniciativa histórica de legalización del aborto se discutió en el Congreso en 2018, aprobada por los Diputados pero rechazada por el Senado.
"La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”, dijo Fernández y lamentó que cada año se hospitalizan alrededor de 38,000 mujeres por abortos mal practicados y 3,000 murieron por esa causa desde 1983.
Estimaciones serias calculan que habría entre 370,000 y 520m000 abortos clandestinos por año en Argentina, dijo en una reciente entrevista la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Fernández remarcó que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros, y añadió que "no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve", sino que resuelve un problema que afecta a la "salud pública”.
"La legalización del aborto permite además, como ocurre en la Ciudad de México y en Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan", indicó, convencido de que brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
Esa legalización no implicaría, señaló, una carga extra para el sistema de salud, ya que los procedimientos validados internacionalmente son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
También hizo hincapié en que las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas del sistema, al someterse a practicas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica: "Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre", remarcó.
La noticia produjo escenas de alborozo y festejos en una manifestación de miles de activistas progubernamentales que rodean al Congreso en apoyo al debate para aprobar un impuesto extraordinario a las 9,300 grandes fortunas del país para subsidiar el sistema de salud, entre otros propósitos, en medio de la pandemia de COVID-19 que ha causado más de 35,000 muertos y más de 1.3 millones de infectados.
Entre las primeras reacciones estuvo la de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien en un comunicado señaló: "El activismo y la lucha inclaudicable del movimiento de mujeres ha logrado este avance histórico: hoy el aborto es un tema central e impostergable de la agenda política”.
Bajo el lema "Es urgente. Aborto legal 2020", la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acababa de llamar a "saturar las redes, intervenir en las calles, mostrar nuestros pañuelos en todas partes, pintar de verde (color identitario) la Argentina las próximas semanas con intervenciones artísticas de impacto”.
"No puede tolerarse que en un mismo territorio haya quienes accedan a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre sus familias o sobre sus deseos y que haya quienes estén siempre condenadas a seguir padeciendo las creencias de otros", dijo a Reuters Televisión Marta Dillon, una periodista argentina y una de las fundadoras del movimiento #NiUnaMenos.
Se espera que ambas leyes sean tratadas en sesiones extraordinarias después del 30 de noviembre. Fernández se había comprometido nuevamente a enviar la ley al iniciar el período legislativo el 1 de marzo, pero la pandemia obstaculizó durante meses la regularidad de las sesiones que al final comenzaron en forma remota.
Ibarra había anticipado que el plan de los 1,000 días "es un acompañamiento de la maternidad y a los primeros tres años de vida de los niños en situación de vulnerabilidad, para evitar causales económicas en la decisión de abortar".
"No queremos que ninguna mujer piense en aborto por su imposibilidad de atender económicamente al bebé que tiene deseo de tener", dijo la funcionaria, una de las principales impulsoras del proyecto en el gobierno.
En 2018 el debate desató dos mareas multitudinarias de activistas en las calles, una "verde" a favor y otra identificada como "celeste" en contra.
Fueron las iglesias católica y evangélicas las que comandaron los rechazos, en tanto que el Congreso también se dividió al margen de las pertenencias a partidos de gobierno o de oposición.
"La situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características", sostuvo recientemente la Conferencia Episcopal católica.
La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, de su lado, advirtió que un debate legislativo "provocará manifestaciones" de defensores y detractores. "No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia", señaló la Alianza.
Fernández concluyó su mensaje llamando a que se dé un diálogo respetuoso.
"Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar. Por convicción personal estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley", concluyó
El aborto es ilegal en casi todo Latinoamérica, una de las zonas del mundo más peligrosas para ser mujer. De los 21 países de la región predominantemente católica, solo Cuba, Uruguay, Guyana y Puerto Rico legalizaron la práctica sin condiciones.
Con información de AFP, EFE y Reuters
