Crisis en Guatemala: ¿qué hay detrás de las protestas del sábado?

Aunque el gobierno acusa que estos hechos son parte de un intento de golpe de Estado, e incluso convocó la Carta Demócrata de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cierto es que muchos sectores de la sociedad guatemalteca están enfurecidos ante lo que consideraron un presupuesto insensible ante las necesidades del pueblo guatemalteco.

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La madrugada del miércoles 18 de noviembre, el congreso de Guatemala —de mayoría oficialista— aprobó un presupuesto para 2021 de 12,800 millones de dólares, un récord en la historia del país y que representaba un aumento de cerca del 25% respecto a las cuentas de 2020.

A pesar de ser una cantidad de recursos sin precedente, el presupuesto impulsado por el gobierno de Alejandro Giammattei contemplaba recortes en salud, educación, justicia y derechos humanos.

El 59.3% de la población de casi 17 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años.

En cambio, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Además de las protestas que ha generado, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda, como se aprobó.

Adicionalmente, el Congreso aprobó prestamos por más de 3,800 millones de dólares para atender la pandemia por el nuevo coronavirus, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de ONG fiscalizadoras.

El Congreso de Guatemala suspendió este lunes la aprobación del presupuesto para el 2021. Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10,390 millones de dólares.

Para el jefe del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, esta situación creará un "espacio de discusión para la gobernabilidad del país".

Una manifestación pacífica y un incendio

El sábado 21 de noviembre, cientos fue manifestantes encapuchados quemaron la sede del Congreso en una protesta en la que pidieron la renuncia del presidente Giammattei.

De acuerdo con la agencia EFE, entre un 15% y un 20% de las instalaciones del Congreso de Guatemala fueron incendiadas. A pesar de que la protesta había sido anunciada previamente, la sede del legislativo no contaba con protección policial.

El grupo de manifestantes que prendió fuego al edificio contrastó con otra protesta pacífica frente al antiguo palacio de gobierno, en el centro histórico de la capital y cercano al Congreso, donde los manifestantes exigían la renuncia del mandatario. Unos 10,000 guatemaltecos acudieron a esta protesta.

Portando banderas azul y blanco del país y pancartas con lemas como "No más corrupción", "Fuera Giammattei" y "Se metieron con la generación equivocada", los manifestantes llenaron la plaza central frente al antiguo palacio de gobierno en la capital, reportó la AFP.

"Ya rebasaron el límite de la corrupción. Yo le pido al presidente que lo vuelva a estudiar, a dictaminar; tiempo todavía tiene", dijo a la agencia Reuters Alex Aguilar, un estudiante universitario de 28 años, quien participaba en la protesta en la capital.

Por la manifestación en el Congreso, la policía capturó a más de una veintena de personas y casi medio centenar fueron hospitalizadas por heridas, uno de ellos en estado grave.

Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos de la plaza donde había decenas de niños, quienes entraron en pánico, según imágenes en redes sociales.

El Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, confirmó este lunes que los dos manifestantes que sufrieron traumas oculares a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados presuntamente por la Policía Nacional Civil (PNC) perdieron su ojo izquierdo.

Renuncia y acusaciones de golpe de Estado

En medio de las presiones contra el mandatario, el vicepresidente Guillermo Castillo también expresó su rechazo e invitó a Giammattei a renunciar. "Renunciemos los dos", dijo el viernes por la noche en un mensaje televisado, como una forma de acallar la molestia de la población.

Por el bien del país le he pedido que presentemos juntos la renuncia al cargo", dijo Castillo en un mensaje a la nación por redes sociales.

El vicepresidente aseguró que le comentó al presidente que "las cosas no están bien" y admitió que no tiene una buena relación con el mandatario. Si llegaran a renunciar los dos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

Giammattei, por su parte, había dicho en cadena nacional la noche anterior a la protesta que se sentaría "con todos los que sea necesario" para explicar el porqué de los recortes en el gasto que había propuesto para el próximo año.

Desde el principio de su mandato, que se inició en enero pasado, Giammattei y Castillo han tenido diferencias.

El gobierno de Guatemala dijo el domingo que grupos minoritarios están tratando de "forzar un verdadero golpe de Estado", por lo que invocó la Carta Democrática Interamericana de la OEA para promover el diálogo entre las diversas fuerzas políticas del país, golpeado por el huracán Iota y el coronavirus.

La administración de Giammattei dijo, en un comunicado, que recurría a la comunidad internacional ante el "riesgo a la institucionalidad democrática", tras la manifestación del sábado.

El domingo, los guatemaltecos tomaron nuevamente las calles pero en una manifestación menos concurrida, mientras el mandatario manifestó "su más absoluta disposición a un diálogo inclusivo”.

Antes de que se suspendiera la tramitación del presupuesto, la Universidad de San Carlos, la única estatal del país, había hecho un llamado para convocar un paro nacional este lunes, pero no tuvo eco.

¿Qué dicen la OEA y la comunidad internacional?

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó en una nota que apoya los esfuerzos de Guatemala por facilitar el entendimiento entre los sectores. "Es esencial para asegurar el fortalecimiento institucional del país, especialmente en la necesaria independencia de los Poderes Judicial y Electoral", dijo.

Más temprano, en otro comunicado firmado por los países del G13, la OEA y Naciones Unidas, publicado por la embajada de Estados Unidos, se exhortó al gobierno de Guatemala a investigar los hechos ocurridos en la víspera y responsabilizar a los culpables de la violencia y probable uso de la fuerza excesiva.

"Apelamos al Gobierno de Guatemala a investigar los hechos del 21 de noviembre y responsabilizar a los culpables de la generación de violencia y/o del uso de la fuerza excesiva", esgrimió el llamado Grupo de Donantes G13 en un comunicado compartido a la prensa este lunes.

Instaron a la población guatemalteca "a unirse en búsqueda de soluciones concertadas, a abstenerse de lenguaje confrontativo y a aprovechar todas las oportunidades para lograr un diálogo inclusivo", indicaron en su mensaje.

Sobre la manifestación del sábado, el G-13 enfatizó que "la gran mayoría de los manifestantes ejercieron pacíficamente su derecho constitucional, pero la expresión de las propias ideas nunca debe convertirse en violencia".

Un manejo cuestionable de la pandemia

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El manejo de la crisis por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido duramente criticado por la oposición política y sectores sociales que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los grupos afectados por los confinamientos.

El 29 de mayo salió a la luz un conversación entre Castillo y Giammattei en la que el vicepresidente le reclamaba al mandatario tomar decisiones erróneas ante la pandemia por el COVID-19.

Según datos oficiales, el COVID-19 ha dejado 4,076 muertos, contagiado a 118,629 personas y debilitado su economía, caracterizada por una limitada base de ingresos, lo que llevó a la agencia Moody's a desmejorar a negativa la perspectiva de sus calificaciones.

Además de las consecuencias de la pandemia del COVID-19, la nación centroamericana enfrenta los estragos de dos huracanes, Eta e Iota, que azotaron recientemente a la región, dejando a más de 356,000 personas afectados y millonarias pérdidas materiales.

Con información de AFP, EFE y Reuters