Nicolás Maduro combate el COVID-19 con un subrregistro de muertes y contagios

Ese éxito sanitario, del que el presidente Nicolás Maduro suele jactarse en sus discursos, está enfrentando, no obstante, cada vez más cuestionamientos. “Si bien es cierto que en Venezuela el virus ha tenido un comportamiento menos agresivo que en los países vecinos, hay un sub-registro de entre 30% y 40% tanto de casos como de muertes”, dice Huníades Urbina-Medina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, en Caracas.

“Los médicos que completan el certificado de defunción solamente están autorizados a indicar al coronavirus como la causa de muerte si al paciente le realizaron una prueba PCR, y, como prácticamente no se están haciendo tests, hay muchos diagnósticos de muerte que no son reportados como coronavirus aunque clínica y epidemiológicamente sí corresponden a esa enfermedad”.

Sin pruebas

Sin información oficial sobre la cantidad de pruebas que se realizan en el país, la red Médicos por la Salud estima que solo se hacen entre 4,000 y 5,000 test PCR por día, un nivel escasísimo para una población cercana a las 29 millones de personas.

“El 80% o 90% de los pacientes que están en los hospitales hoy en Venezuela no tienen diagnóstico por PCR porque no se lo hacen, pero eso no quiere decir que no sean pacientes de COVID”, dice Julio Castro, miembro de Médicos por la Salud. “Yo trabajo en un hospital privado de Caracas, que es el que más pacientes de COVID recibe, y aquí hace tres semanas que no se hacen PCR”.

La escasez de pruebas, la lentitud con la que se procesan en el sector público y la prohibición para indicar COVID como causa de muerte en el certificado de defunción si al paciente no le habían realizado una PCR impiden conocer el impacto real del coronavirus en Venezuela. Sin embargo, una muestra de hasta dónde podría alcanzar el sub-registro está dada por la brecha entre el número de fallecidos reportados por organizaciones que agrupan a los trabajadores de la salud y los que surgen de los partes oficiales.

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Mientras Médicos Unidos de Venezuela —una ONG que se creó para reclamar por la falta de insumos médicos y quirúrgicos— informó que al 13 de junio habían fallecido 638 médicos y trabajadores de la salud con criterios para COVID-19, el gobierno solo había reportado 23 de esas muertes.

Atender una pandemia con un sistema sanitario colapsado

Aún con esas objeciones, Venezuela, a diferencia de algunos de sus vecinos en Sudamérica, no sufrió hasta ahora un desborde del sistema sanitario. “La cantidad real de pacientes en los hospitales no sobrepasa el 80% de las camas de terapia intensiva”, dice Urbina-Medina”.

“Mucha gente decide no ir a los hospitales por temor a ser internado o a contagiarse ante la falta de equipos de protección, pero, aún así, está claro que el virus no entró a Venezuela con tanta fuerza como en otros países”.

Dos factores están por detrás de esa menor virulencia. Por un lado, la muy reducida conectividad aérea que ya tenía Venezuela antes de la pandemia permitió demorar el ingreso del virus al país. Por el otro, la aguda escasez de gasolina se convirtió en un factor que jugó a favor de reducir la movilidad.

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Esas condiciones permitieron disimular en parte la extrema fragilidad del sistema de salud en Venezuela tras años de desinversión. Al inicio de la pandemia, el país solo contaba con unas 100 camas de terapia intensiva en los hospitales públicos, y otras 200 en los centros de salud privados.

Con ese panorama, en marzo del año pasado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) identificó a Venezuela, junto con Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, como uno de los países con mayores riesgos para enfrentar al coronavirus en América Latina.

Más de un año después, el escenario no registra cambios significativos. “No solo la cantidad de camas sigue más o menos igual: el 40% de los hospitales del país no tiene agua corriente una o dos veces a la semana, todos sufren cortes de electricidad frecuentes y el 50% no cuenta con los equipos necesarios para trabajar”, dice Castro.

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Ante semejante debilidad del sistema sanitario, el gobierno de Maduro recurrió a duras medidas restrictivas incluso desde antes de la entrada del virus al país. Desde junio del año pasado está vigente el llamado plan 7+7. Esto es, una cuarentena radical por una semana y flexibilización de las restricciones en los siete días siguientes.

No obstante, ese esquema, que era respetado mayoritariamente al comienzo de la pandemia, ya no se cumple con la misma intensidad dado que buena parte de la población debe salir a las calles a ganar su sustento en medio de una crisis económica pavorosa.

Mientras consultoras privadas establecen el ingreso promedio de los venezolanos en torno a los 55 dólares, la canasta mínima alimentaria para un grupo familiar registró en abril un costo de 217.9 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA). A esa brecha se le añade que el 4.,6% de los trabajadores son cuentapropistas, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2019-2020 elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello.

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“Para que la medida 7+7 sea efectiva, al menos el 70% de la población tendría que cumplirla, y eso no ocurre”, dice Urbina-Medina. “La gente dice `o me muero de coronavirus, o me muero de hambre´, por lo que tanto en la semana de restricción como en la de flexibilización hay prácticamente la misma gente en las calles”.

En ese marco, incluso la sesgada información oficial está admitiendo un ascenso más acelerado de las muertes: en la primera quincena de junio se reportaron 225 fallecidos sobre un total de 2.886 desde el inicio de la pandemia.

A la espera de vacunas

Todo indica que la irrupción con más fuerza de la segunda ola no podrá ser frenada, al menos en el corto plazo, por el plan de vacunación. Si bien Maduro se había planteado como objetivo alcanzar la inmunización del 70% de la población en agosto, el cumplimiento de esa meta parece cada vez más lejano.

El 5 de junio pasado, el gobierno informó que ya habían sido vacunadas 3.3 millones de personas, el 11% de la población. No obstante, según el portal www.ourworldindata.org , solo 2.07% de la población había recibido al menos una dosis hasta el 11 de junio.

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El gobierno de Maduro culpa por la lentitud del proceso de inoculación a las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional. A través del mecanismo COVAX —creado por Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la inmunización—, Venezuela esperaba recibir un suministro de 11.3 millones de dosis.

Sin embargo, luego de abonar 109.9 millones de dólares para acceder a las vacunas, el gobierno informó a comienzos de junio que los últimos cuatro pagos por unos 10 millones de dólares fueron bloqueados por el banco UBS y están “bajo investigación”.

“El lobby estadounidense tiene el poder de bloquear unos recursos que van para inmunizar a la población de Venezuela”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en declaraciones difundidas por la TV estatal.

En cualquier caso, a la lenta llegada de vacunas se suma un sistema de inoculación desordenado y cargado de denuncias. “El plan de vacunación es discriminatorio: solo son llamadas aquellas personas que obligatoriamente se registraron en la página patria, una página de control social del gobierno dado que por ahí se distribuyen los bonos y las bolsas de comida, y que les toque la rueda de la fortuna porque la convocatoria es aleatoria”, dice Urbina-Medina.

“Con la desesperación que hay en la población, en los centros vacunatorios se forma otra cola de gente que no ha sido llamada, muchas de ellas mayores de 70 años o con factores de riesgo como obesidad o diabetes, lo que provoca aglomeraciones sin el debido distanciamiento social”.

A simple vista, merced a una información oficial muy restringida, Venezuela asoma como una isla en medio de una región en la que sigue acelerándose el ritmo de muertes y contagios por COVID. Sin embargo, con un sistema sanitario que continúa en extrema fragilidad, los mayores riesgos están por delante.

“Con la llegada de nuevas variantes que son más contagiosas, en Venezuela probablemente la pandemia se convertirá en endemia”, dice Urbina-Medina. “Dado que la gestión fue mala, al igual que en otros países pobres tendremos casos de COVID en forma permanente y el virus seguirá circulando de por vida en el país”.