Un juez federal de Texas dictaminó este viernes que el programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA) violó la ley estadounidense cuando se creó y prohibió conceder nuevos permisos bajo este marco.
El juez de distrito en Texas Andrew Hanen se puso del lado de un grupo de un grupo de estados, liderados por Texas, que pidió el fin al programa argumentando que fue creado ilegalmente en 2012 por el ex presidente Barack Obama (2009-2017).
La decisión llega casi siete meses después de que Hanen escuchase los argumentos de las partes en esta demanda encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra el beneficio federal, que ampara actualmente a más de 650,000 jóvenes indocumentados y que estaba abierto a nuevos solicitantes.
En su conclusión, Hanen dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó una ley administrativa con la creación de DACA y su operación continuada.
El juez estuvo de acuerdo con una parte de las demanda de Texas, presentada en 2018, junto a otros ocho estados republicanos y negó las solicitudes de los defensores del programa, encabezados por el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso.
En el escrito de 77 páginas, Hanen se refirió a una decisión tomada por él mismo en 2015 cuando falló en contra de un programa gemelo y que buscaba cobijar a los padres de los dreamers, pero que nunca llegó a entrar en vigor por el fallo del juez texano.
También citó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de 2018 sobre el programa, que echó abajo las acciones tomadas por el ex presidente Donald Trump (2017-2021), por no seguir los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA. Sin embargo, no valoró la legalidad del programa.
A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no requiere que el gobierno Joe Biden tome "ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA", y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.
En opinión del juez, "no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia".
El desafío legal emprendido por Paxton fue apoyado por los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
Dirigentes demócratas y grupos de activistas criticaron la orden de un juez federal de suspender las nuevas solicitudes del programa Acción Diferida (DACA) y urgieron al Congreso a que dé un estatus migratorio estable a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Uno de los primeros en mostrar su apoyo a los llamados "soñadores" fue el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien dijo que estos jóvenes representan "lo mejor" de lo que Estados Unidos es como "nación" y, por ello, el Congreso les debe ofrecer un nuevo sistema migratorio que abra para ellos "un camino claro hacia la ciudadanía".
También de California es el senador federal Alex Padilla, quien esta semana se mostró confiado en el éxito de la táctica demócrata para intentar evitar el obstruccionismo e incorporar este mismo año el acceso a la ciudadanía para millones de inmigrantes, incluidos los "soñadores" en una ley presupuestaria general.
"Es más importante que nunca que el Congreso actúe para proteger a los soñadores y proporcionar un camino hacia la ciudadanía", dijo en Twitter.
Padilla forma parte del Caucus Hispano del Congreso (CHC), que reúne a congresistas demócratas y que tras conocer el fallo del juez Andrew Hanen lamentaron que los "soñadores" han vivido en el "limbo durante demasiado tiempo" y sostuvieron que en el Capitolio se deben aprobar "protecciones permanentes" para estos jóvenes, que deberían tener acceso, en su opinión, a la ciudadanía.
Uno de sus integrantes del CHC, el representante por Texas Joaquín Castro, calificó de "terrible" la decisión del juez Hanen.
Un pedido similar al del CHC salió de la Alianza de Presidentes en Educación Superior e Inmigración, que incluye un centenar de presidentes de universidades de toda la nación, que consideraron que el fallo de Hanen es un recordatorio de la "necesidad urgente" de una legislación que proteja de la deportación y de manera permanente a los "soñadores", tal y como hace DACA.
Por su parte el grupo latino Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) apostó por la fórmula que han elegido esta semana los demócratas llamada "reconciliación", que permitiría una mayoría simple para aprobar la vía a la ciudadanía para amparados por DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores indocumentados considerados "esenciales".
Por la vía ordinaria serían necesarios al menos 10 votos republicanos en el Senado para aprobar los diferentes proyectos de ley que abrirían una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes, pero existen serias dudas de que se pueda recabar ese número y evitar así el previsible bloqueo a estas medidas en la Cámara Alta.
Todd Schulte, presidente de otro grupo de presión, en este caso el formado por grandes empresas tecnológicas, FWD.us, dijo que el fallo es "profundamente decepcionante" pues DACA ha transformado "cientos de miles de vidas", e instó al Congreso a actuar de "inmediato" para encontrar una salida migratoria estable para estos jóvenes.
"Hoy lo deja absolutamente claro: solo una solución legislativa permanente aprobada por el Congreso eliminará el miedo y la incertidumbre con los que los beneficiarios de DACA se han visto obligados a vivir durante años", dijo.
