Túnez era el único triunfo de la Primavera Árabe, hasta el domingo.
A diferencia de los que pasó en Egipto —donde un régimen autocrático y militar tomó el poder— o en Siria —donde Bashar al Assad continua en la presidencia tras 10 años de una guerra civil sangrienta—, Túnez pudo transitar a un modelo democrático con la escritura y aprobación de una nueva carta magna.
La apariencia de tranquilidad se rompió hace unos días. El país se sumergió en una crisis política que se agudizó el domingo con la suspensión de las actividades del Parlamento, una decisión del presidente Kaïs Saied que provocó protestas en todo el país.
El partido gobernante, Ennaddha, de orientación islamista, criticó duramente la medida de Saied, que denunció como “un golpe de Estado contra la revolución y contra la Constitución”. ¿Cómo llegamos aquí? Esto es lo que sabemos.
Zine el Abidine Ben Ali huyó a Arabia Saudita el 14 de enero de 2011, tras 23 años en el poder. Así, se convirtió en el primer gobernante árabe en dejar el poder por la presión de la calle. Condenado en ausencia por homicidio, tortura y corrupción, Ben Ali murió en 2019 a los 83 años en Arabia Saudita.
El movimiento islamista Ennahdha alcanzó 89 de los 217 escaños de la Asamblea Constituyente en las primeras elecciones libres en la historia del país, el 23 de octubre de 2011. En diciembre, el izquierdista Moncef Marzouki fue electo jefe de Estado por la Asamblea Constituyente. Hamadi Jebali, número dos de Ennahdha, fue nombrado jefe de Gobierno.
Al siguiente abril, estallaron enfrentamientos en la zona minera del suroeste entre desempleados y policías. En junio y luego en agosto de 2012, se multiplicaron las manifestaciones violentas y los ataques de grupos islamistas radicales.
En Siliana, una ciudad empobrecida en el suroeste de Túnez, estallaron alzamientos a fines de noviembre, dejando un saldo de 300 heridos por día. Huelgas y manifestaciones —a veces violentas— afectaron la industria, los servicios públicos, el transporte y el comercio, en especial en regiones económicamente marginadas.
El 6 de febrero de 2013, el opositor antiislamista Chokri Bealid fue asesinado en la capital. El 25 de julio de ese año murió el diputado de izquierda Mohamed Brahmi. El Estado Islámico (EI) se adjudicó los dos homicidios.
La nueva Constitución entró en vigor el 26 de enero de 2014. Entonces, se formó un gobierno de tecnócratas y los islamistas se retiraron del poder, aunque solo temporalmente.
El 26 de octubre siguiente, el partido secular Nidaa Tounes, que agrupaba a figuras de izquierda y centroderecha además de allegados al régimen de Ben Ali, ganó las elecciones legislativas, por encima de Ennahdha. En diciembre, Beji Caid Essebsi se convirtió en el primer jefe de Estado democráticamente electo en la historia del país.
En 2016 comenzó una ola de protestas iniciada en Kasserine, en el centro de Túnez, tras la muerte de un joven desempleado, electrocutado cuando protestaba por su retiro de una lista de empleo. La ira se propagó a varias regiones.
Ennahdha se convirtió en el grupo mayoritario parlamentario en las terceras elecciones legislativas desde la revolución, celebradas el 6 de octubre de 2019, pero con solo un cuarto de los escaños. Un profesor universitario casi desconocido en la escena política, Kaïs Saied, fue electo presidente el 13 de octubre de ese año.
El 1 de septiembre de 2020, los diputados aprobaron un gobierno de tecnócratas, aunque sin poner fin a las tensiones políticas.
Kaïs Saied, un académico que nunca había ejercido el poder antes de ser elegido en 2019 presidente de Túnez, preconiza desde hace tiempo una revolución pero con estricto apego de las leyes, oponiéndose a las élites políticas y económicas.
Este austero teórico del derecho, de 63 años, se ha presentado desde su llegada al poder como el último intérprete de la Constitución, apoyándose en sus calificaciones en Derecho Constitucional para aplicar una lectura totalmente personal.
Alargado y vestido con un eterno traje oscuro, se muestra poco dispuesto a la negociación y a los compromisos, incluso en plena crisis social o sanitaria. Su estilo de vida frugal y su simplicidad confirman su imagen de hombre irreprochable e incorruptible, que siguió frecuentando su barrio de clase media.
Recibe a veces a jóvenes marginados que vienen a defender su causa, a quienes consuela con un abrazo fuerte, lo que le ha valido el apodo de "presidente de los abrazos".
Bajo su presidencia, el Palacio de Cartago se convirtió en una fortaleza opaca, en la que se rodeó de algunos consejeros muy discretos, entre ellos su jefa de gabinete Nadia Akacha, jurista influyente.
Kaïs Saied encarna la renovación después de 10 años de decepcionante transición democrática en el plano económico y social en Túnez. Para el grupo de reflexión International Crisis Group (ICG), es el principal representante de una "nueva ola soberanista", surgida en un contexto de marasmo económico y de creciente presión de los donantes internacionales.
"Sus compañeros de camino se dividen principalmente entre miembros de la izquierda islámica, inspirados por pensadores iraníes de la revolución de 1979, y ex dirigentes de extrema izquierda", detalló el ICG.
Difícil de clasificar en el tablero político, Saied es abiertamente conservador sobre las cuestiones sociales —se opone a la igualdad entre hombres y mujeres en materia de herencia, o a la abolición de la pena de muerte— pero está en oposición total con el partido de inspiración islamista Ennahdha.
Antes de su elección, el grueso de la población lo conocía por haberle oído comentar en televisión los primeros pasos de la democracia tunecina durante la redacción de la Constitución, aprobada en 2014.
Nacido el 22 de febrero de 1958, hijo de un funcionario municipal y de una madre educada pero que se quedó en casa, creció en Rades, suburbio de la clase media en el sur de Túnez.
Fruto de la enseñanza pública tunecina, se graduó en un prestigioso establecimiento público, el colegio Sadiki, como muchos presidentes antes que él, entre ellos el padre de la independencia Habib Burguiba.
Graduado a los 28 años en la Academia Internacional de Derecho Constitucional de Túnez, enseñó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Túnez desde 1999 hasta su jubilación, en 2018.
Algunos de sus partidarios lo llaman respetuosamente "profesor", a pesar de que el hombre ha publicado pocos libros y no tiene un doctorado. Padre de dos hijas y un hijo, está casado con una jueza, que rara vez aparece a su lado.
Túnez funciona desde 2014 con un sistema parlamentario mixto en el que el jefe de Estado solo tiene prerrogativas en materia de diplomacia y seguridad. El jefe de Gobierno, quien toma la mayoría de las decisiones ejecutivas, es un primer ministro emanado del Parlamento.
El país del Magreb vive desde enero un bloqueo institucional después de que el parlamento apoyara la remodelación del Ejecutivo y de que el presidente se negara a aceptarla, al considerar que no fue consultado previamente y debido a las sospechas de conflicto de intereses que planean sobre algunos de los nuevos miembros.
A esto se añade la crisis económica que arrastra el país en los últimos años, agravada por la epidemia. La economía se contrajo un 8% en 2020, por las restricciones que afectaron al sector turístico, muy importante para el PIB.
Desde 2018, el país ha vivido un movimiento de rebeldía exacerbado por la adopción de medidas de austeridad. El marginalizado sur de Túnez ha estado desde entonces atrapado por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
Muy crítico del régimen parlamentario y de los compromisos partidistas que esto exige, Saied ha defendido su visión de una descentralización del poder.
El domingo, el presidente decidió suspender la actividad parlamentaria y atribuirse plenos poderes ejecutivos, lo que llevó al principal partido gobernante Ennahdha a denunciar un "golpe de Estado”.
El presidente anunció estas medidas tras una reunión de urgencia en el palacio presidencial de Cartago, en un momento en que Túnez se enfrenta a una fuerte ola del COVID-19 y una profunda crisis política que paraliza el país desde hace meses.
"La Constitución no me permite disolver el Parlamento, pero sí suspender su actividad", dijo Saied, quien tomó su decisión con base en el artículo 80 de la carta magna, que permite adoptar este tipo de medidas ante un "peligro inminente".
Además de cesar al jefe de Gobierno y suspender el Parlamento durante 30 días, el presidente tunecino retiró la inmunidad parlamentaria de manera inmediata de todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad".
El lunes Saied destituyó al ministro de Defensa, Ibrahim Bartaji, y de Hasta Ben Silmane, que era portavoz del gobierno, ministro de la Función Pública y ministro interino de Justicia.
Este martes, Saied fue un paso más allá y decretó la destitución de una veintena de altos funcionarios del Estado y de la presidencia del gobierno.
Según la publicación del Boletín Oficial del Estado (JORT) de hoy, entre las personas cesadas se encuentran el Fiscal general del Estado, el secretario general del gobierno, el director de gabinete de la presidencia de gobierno, el jefe de la Autoridad General de Resistentes, Mártires y Heridos de la Revolución y de Operaciones Terroristas así como los consejeros del ex primer Ministro.
El lunes, el primer ministro Hichem Mechichi aseguró que está dispuesto a ceder su cargo al futuro jefe de Gobierno. “Garantizaré el traspaso de poderes al dirigente que sea designado por el presidente de la República”, declaró Mechichi, en sus primeras palabras tras su destitución.
El partido gobernante, Ennahdha, criticó duramente la medida de Saied, que denunció como "un golpe de Estado contra la revolución y contra la Constitución”.
Por contra, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), un influyente sindicato, apoyó implícitamente las decisiones indicando que eran "conformes" a la Constitución, pero advirtió a Saied de que no prolongara más allá de un mes las medidas extraordinarias que anunció el domingo y le pidió que trazara "una hoja de ruta participativa" para salir de la crisis.
"Es hora" de que los responsables de la situación "degradada" del país "asuman sus responsabilidades", estimó este sindicato.
Ennahdha aseguró este martes estar preparado para celebrar elecciones anticipadas con el fin de proteger la democracia y evitar un régimen autocrático.
La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings advirtió que la iniciativa del presidente Saied podría dificultar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y disuadir a sus socios occidentales de continuar apoyando al país.
"Las últimas decisiones del presidente de la República plantean nuevas incertidumbres políticas, sin embargo, creemos que es poco probable que use sus poderes para impulsar medidas difíciles, como recortes en la gran masa salarial del sector público —que en 2020 representó el 17 % del PIB— porque sería impopular y podría generar presión social en su contra ", explicó Fitch en un comunicado.
El domingo, miles de tunecinos protestaron contra la clase política, especialmente contra Ennahdha, fuerza mayoritaria en el Parlamento pero confrontada con el presidente.
"Cambiemos de régimen" o "El pueblo quiere la disolución del Parlamento", fueron algunas de las principales proclamas en las protestas, en las que abundaron las críticas al primer ministro Mechichi.
Los manifestantes pedían la dimisión del gobierno y la disolución del Parlamento por su gestión de la crisis del coronavirus y el deterioro de las condiciones de vida. "Llevamos 10 años de silencio y de angustia y ahora la gente está enferma y no sabe cómo tratarse", dijo una manifestante a la agencia Reuters.
La opinión pública tunecina se muestra exasperada por los conflictos entre partidos públicos y reclama también la falta de respuesta del gobierno la crisis sanitaria, que ha dejado a Túnez sin abastecimiento de oxígeno.
Antes de conocerse la decisión del presidente, varias sedes regionales de Ennahdha habían sido asaltadas e incendiadas durante las protestas.
Miles de ciudadanos volvieron después a las calles para celebrar el anuncio de Saied sobre la suspensión del Parlamento. Pese al toque de queda y las restricciones de la crisis sanitaria que prohíben todo tipo de manifestaciones públicas, la capital vivió un ambiente festivo en el que miles de coches y transeúntes festejaron la noticia ante la mirada de las fuerzas de seguridad hasta altas horas de la noche.
Varios centenares de simpatizantes de Saied y de Ennahdha se enfrentaron este lunes con piedras y botellas delante del parlamento, en la ciudad de Túnez, observaron periodistas de la AFP.
Este martes no hubo señales de tensión en la capital. Las calles estaban tranquilas, sin protestas significativas ni una mayor presencia de seguridad.
Túnez vive su peor momento de la pandemia de COVID-19, lo que ha abonado a la crisis política.
El país registró el jueves 22 de julio un nuevo récord diario de decesos con 317 víctimas y superó la barrera de los 18,000 muertos desde el comienzo de la pandemia, la tasa de mortalidad más alta de África según la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó este sábado el ministerio de Sanidad.
Este balance oficial reportó además 5,600 nuevos casos, que suman ya más de 563,000 positivos, y con una incidencia de cerca del 31%. El país se enfrenta a una cuarta ola del coronavirus, acelerada por la aparición de la variante Delta a finales de junio, que deja cada día entre 150 y 200 muertes.
Tras una reunión de urgencia celebrada este viernes por la noche, Saied, declaró que todos sus esfuerzos están destinados a la adquisición de vacunas y aseguró que un total de 5 millones de tunecinos serán inmunizados en las próximas semanas.
Una semana antes, el Ejecutivo hizo un llamamiento de ayuda internacional, a la que se han sumado ya una veintena de países como España, Francia, Italia, Arabia Saudita y China con donaciones de más de 4.5 millones de dosis, además de material médico, que permitirán reforzar la campaña de vacunación.
Mechichi, aún como primer ministro, cesó el martes de la semana pasada al ministro de sanidad Fouzi Mahdi, en el cargo desde hacía solo 11 meses, y pidió a la fiscalía tomar acciones contra el responsable tras una campaña de vacunación “anárquica” por no proveer de las dosis necesarias y sin coordinación con las fuerzas de seguridad.
Un total de 21 de los 24 departamentos del país permanecen desde junio bajo un confinamiento total, una medida descartada a nivel nacional por el poder central, que lo justificó por las repercusiones sociales y económicas.
En medio del caos político, Saied decretó el lunes el cierre durante dos días de las administraciones centrales, servicios externos, autoridades locales y establecimientos públicos de carácter administrativo para permitir a sus responsables la organización de los empleados en turnos de teletrabajo o presenciales con el fin de limitar los contagios.
Esta medida, que podrá ser prolongada por el presidente, no concierne al Ejército, las fuerzas de seguridad, agentes de la Aduana y empleados de la sanidad pública, explicó la Presidencia de la República en un comunicado de prensa.
Asimismo las instituciones que cuenten con un servicio en línea, subrayó, estará obligadas a garantizar sus labores mientras que los trabajadores del sector educativo y de la infancia recibirán directivas específicas.
En un segundo decreto, el mandatario prolongó en dos horas el toque de queda, que dará comienzo a las 7:00 pm locales hasta las 6:00 am, y la prohibición de circular con vehículos a motor en todo el territorio durante dicha franja horaria excepto los casos de urgencia sanitaria y empleados nocturnos.
Según estas nuevas restricciones, que se aplicarán desde hoy hasta el próximo 27 de agosto, las reuniones de más de tres personas en el espacio público tampoco estarán permitidas.
Con información de AFP, EFE y Reuters
