Reelecto, muerto o preso.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, limitó su futuro próximo a alguna de esas tres opciones en el marco de la guerra abierta que mantiene contra el Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo organismo judicial del país. Esa apelación a todo o nada, repetida en varias ocasiones durante las últimas semanas con un infaltable tono dramático, es una evidencia más de que Bolsonaro afrontará la crisis institucional con la herramienta que mejor conoce: la radicalización.
Pese a su debilidad política ante índices de aprobación a su gestión que cayeron a niveles mínimos y a las múltiples denuncias judiciales que pesan sobre él y su entorno, el presidente de Brasil viene redoblando su apuesta frente a miembros del Supremo Tribunal Federal, a quienes acusa de estar “preparando el terreno” para detenerlo bajo la premisa de un probable atentado contra la democracia.
En esa línea, las amenazas de intervención a otro poder del Estado e incluso las sospechas sobre un intento de autogolpe con apoyo de las Fuerzas Armadas para retener el poder más allá de los plazos establecidos por la Constitución, hipótesis que no formaban parte de la agenda de debate en Brasil hace apenas un par de meses, empiezan a ser consideradas.
“Dado que hay condiciones para el estallido de una convulsión social en el país, uno de los escenarios posibles es que eso abra espacios para una paralización del proceso electoral previsto para el año próximo y que mientras tanto Bolsonaro se mantenga en el poder”, dice el analista político Creomar de Souza, CEO y fundador de la consultora Dharma Political Risk & Strategy, en Brasilia.
“Tratándose de Bolsonaro, todo es posible, pero es una hipótesis que está siendo más alentada por sus seguidores que basada en una situación real: la cuestión central es que el presidente está cada vez más aislado en la estructura política e institucional de Brasil”.
La escalada de la crisis entre el Poder Ejecutivo y el Judicial llegó a su punto máximo de tensión el martes 7 de septiembre, día en que se celebraron los 199 años de la Independencia de Brasil. En esa fecha histórica, Bolsonaro convocó a multitudinarias marchas en Brasilia y Sao Paulo para protestar contra el máximo tribunal.
En esa ocasión, luego de calificar como un “canalla” a Alexandre de Moraes —uno de los once ministros del STF—, el presidente anunció la convocatoria al Consejo de la República, entidad encargada de decidir la declaración de un estado de sitio, la intervención federal o el estado de conmoción nacional.
Esos movimientos son el detonante de una larga saga de conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El último de ellos está relacionado con el sistema de votación que se utilizará en las elecciones presidenciales de octubre del año próximo.
Bolsonaro viene cuestionando por fraudulento al sistema electrónico con el que se vota en Brasil desde 1996 y, a cambio, exige volver a las boletas impresas. Fiel a su estilo, el presidente llegó al extremo de amenazar con no respetar los resultados de las elecciones si no se introducen los cambios que él impulsa.
Con el objetivo de frenar esa ofensiva, el Tribunal Superior Electoral (TSE) presentó a comienzos de agosto una denuncia penal en contra de Bolsonaro por la supuesta difusión de noticias falsas en su “campaña de difamación” contra el sistema electrónico de votación.
Vencido el plazo para que Bolsonaro presentara pruebas sobre la veracidad de sus acusaciones, Alexandre de Moraes aceptó la solicitud de la TSE y abrió una investigación contra el presidente. Poco después, Bolsonaro presentó un pedido de juicio político contra De Moraes en el Senado, solicitud que ese cuerpo legislativo rechazó.
Esa imparable escalada del conflicto viene siendo incentivada casi a diario por ataques cada vez más duros de Bolsonaro, quien denuncia un supuesto fraude orquestado por el Tribunal Superior Electoral y la Corte Suprema para beneficiar a Luíz Inácio Lula da Silva.
El ex presidente de centroizquierda parte como favorito para las elecciones presidenciales de octubre del año próximo, según la unanimidad de los sondeos. De acuerdo a una encuesta de la consultora Datafolha difundida a mediados de julio, Lula tiene una intención de voto del 46%, mientras que Bolsonaro obtiene un 25%. En un escenario de segunda vuelta entre los dos, Lula ganaría por un amplio margen: 58% a 31% de los votos.
En cualquier caso, el conflicto desatado por el sistema de votación es el último eslabón de una larga cadena de investigaciones judiciales que vienen cercando al círculo más estrecho del presidente. A fines de agosto, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro rompió el secreto bancario y fiscal del concejal Carlos Bolsonaro, hijo y asesor especial del presidente, por supuesto peculado y lavado de dinero con el uso de empleados en su despacho durante 20 años.
Carlos Bolsonaro habría recaudado el salario de empleados que no trabajaban, cobraban el sueldo y entregaban el dinero a otro empleado administrativo. Se investiga un total de 1.3 millones de dólares que podría haber sido acumulado y desviado a través de esta operatoria.
El senador Flavio Bolsonaro, otros de los hijos del presidente, es acusado de los mismos delitos. Además, el diputado Ricardo Barros, líder del gobierno en esa cámara, está siendo investigado por un esquema de sobornos en la compra de la vacuna india Covaxin.
A esas causas judiciales se suman los fallos del Tribunal Supremo que permitieron a los estados federales tomar sus propias decisiones sobre si aplicar o no un confinamiento estricto para enfrentar la irrupción de la pandemia, medida a la que Bolsonaro se negaba.
Ante esa sucesión de fallos adversos e investigaciones en marcha, el presidente brasileño no solo denuncia a los miembros de Supremo Tribunal Federal por “no respetar la voluntad del pueblo”, sino que incita a la población a comprar fusiles en medio de un clima cada vez más caldeado. “Un pueblo armado jamás será esclavizado”, dijo a sus seguidores en un acto realizado a fines de agosto.
La creciente tensión política no tardó en impactar sobre la marcha de la economía. La primera de las reacciones provino de los mercados financieros: en los últimos dos meses, la cotización del dólar en Brasil trepó cerca del 9% y el índice Bovespa —principal referencia de la bolsa de Sao Paulo— viene cayendo en forma sostenida desde comienzos de junio.
El comportamiento de los inversionistas busca anticiparse a turbulencias que asoman en la economía real. El 29 de julio, el ministro de Economía, Paulo Guedes, admitió que estaba enfrente de un “meteorito”, en referencia a gastos previstos para el año próximo por 89,100 millones de reales (17,300 millones de dólares) de los llamados precatórios, deudas del Estado en juicios perdidos ya con sentencias definitivas que el gobierno federal debe saldar con individuos y empresas.
Esos compromisos abren una encrucijada para el gobierno. Si son saldados en su totalidad, el incremento previsto de hasta el 100% en el monto del programa social de ayuda Bolsa Familia —la principal apuesta de Bolsonaro para revertir su suerte en las encuestas— debería ser cancelado.
La otra opción no está exenta de riesgos: si insiste con el incremento de la ayuda social bajo las actuales condiciones, el gobierno agregaría más ruido a los mercados dado que excedería por mucho la regla del techo de gastos. Esa norma establece que el gobierno solo puede aumentar el gasto público a un ritmo que no supere la inflación del año anterior.
“El gobierno estaba intentando, junto con el Congreso, renegociar con el STF para implementar un pago en cuotas de los precatórios, pero con la escalada de la crisis entre los poderes un eventual acuerdo asoma cada vez más lejano”, dice Alex Agostini, economista jefe de la agencia calificadora Austin Rating, en Sao Paulo. “Al final, el ambiente político de tensión termina impactando sobre la posibilidad de equilibrar las cuentas fiscales y, con eso, sobre las expectativas económicas en general”.
En ese marco, las perspectivas para la actividad económica vienen empeorando. Ya en el segundo trimestre, el PIB registró una caída de 0.1% con respecto al trimestre anterior, según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Con ese freno, los pronósticos se están recalculando a la baja. De acuerdo al último Relatório Focus —un informe semanal del Banco Central do Brasil que promedia las estimaciones de analistas y consultores—, el PIB crecerá 5.15%, por debajo del 5.3% proyectado un mes atrás.
Esas expectativas asumen una inflación en alza y una suba de las tasas de interés, lo que tendría un efecto negativo sobre el consumo.
A eso hay que sumar los probables impactos sobre el sector eléctrico de la mayor sequía de los últimos 91 años en Brasil. Como buena parte de su energía generada por centrales hidroeléctricas, la falta de agua podría derivar en apagones masivos hacia fines de año. La crisis hídrica, sumado a un año electoral que se proyecta turbulento, redujo a menos del 2% los pronósticos del crecimiento del PIB para el año próximo.
Con Bolsonaro cada vez más aislado, la posibilidad de un juicio político, descartada hace apenas un mes, vuelve a recobrar fuerza. La decisión expresada por el presidente el martes pasado de no respetar más las órdenes judiciales de Alexandre de Moraes (“la paciencia de nuestra gente se ha agotado; él, para nosotros, ya no existe”) parece haber franqueado un límite.
De hecho, luego de los actos del 7 de septiembre, João Doria, gobernador de São Paulo, el estado más rico del país, se manifestó por primera vez a favor de un juicio político a Bolsonaro.
Del otro lado, aunque está cada vez más acorralado, el presidente cuenta para resistir con un núcleo fiel de seguidores que ronda el 25% de la población. Entre tanta tensión e incertidumbre, la única certeza en Brasil es que la convulsión política seguirá en ascenso, más aún con un presidente que parece sentirse a gusto tensando la cuerda.
