BUENOS AIRES- Cercado por una crisis política y económica, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, está frente a una encrucijada.
Si Fernández desatiende las exigencias de la vicepresidenta y líder de la coalición de gobierno Cristina Kirchner, quien le reclama dejar de lado la austeridad fiscal ante el riesgo cada vez más concreto de que el oficialismo sufra una dura derrota en las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre, las diferencias internas podrían escalar hasta la ruptura.
Sin embargo, si Fernández cede a esas presiones y avanza con un plan de expansión fiscal, la economía argentina podría deslizarse a una crisis aún mayor dado que, sin acceso a los mercados de deuda, debería recurrir a más emisión de pesos sin respaldo como vía de financiamiento.
Ninguna de las opciones que escoja Fernández para salir del laberinto será inocua. El problema para el presidente argentino es que, tras casi dos años de gobierno, la estrategia de dilatar las decisiones y de hacer equilibrio entre las distintas demandas ya parece no estar disponible.
“Alberto Fernández llegó con una promesa simbólica de moderación tanto en el estilo como en el plano ideológico, y esa moderación la fue perdiendo por el camino”, dice el analista político Carlos Fara, en Buenos Aires. “Tratando de contentar a Cristina se fue radicalizando un poco: al final, no fue ni una cosa ni la otra, ni moderado ni radicalizado, y, por lo tanto, terminó desdibujado y desdibujando al propio gobierno”.
Los tiempos del desgaste que viene sufriendo el gobierno de Fernández se aceleraron a partir del 12 de septiembre. Ese día se llevaron a cabo las elecciones primarias simultáneas y obligatorias en Argentina para elegir a los candidatos a diputados y senadores que competirán en noviembre.
Si bien esos comicios en lo formal representan una disputa interna entre las distintas coaliciones, en la práctica sirve para medir el grado de apoyo que tienen las fuerzas políticas antes de las elecciones generales.
El resultado fue devastador para el Frente de Todos: la coalición oficialista hegemonizada por el Peronismo cayó en apenas dos años del 47.7% de los votos obtenidos en las primarias de 2019 al 31% en septiembre pasado. En sentido opuesto, Juntos por el Cambio, la alianza que gobernó Argentina entre 2015 y 2019 con la presidencia de Mauricio Macri, saltó del 31.7% al 40% de los votos.
Ante la posibilidad cierta de que esos resultados se repitan el 14 de noviembre y el oficialismo pierda la mayoría en el Congreso, Cristina Kirchner viene redoblando sus presiones para forzar un urgente cambio de rumbo económico. Su receta no tiene misterios: pasa por incrementar el gasto público para inyectar dinero en los bolsillos de la población.
“No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”, señaló Cristina Kirchner en una dura carta pública contra las políticas de su mismo gobierno difundida cuatro días después de las elecciones primarias.
Las presiones llegaron a un punto máximo de tensión cuando todos los ministros y funcionarios que responden a la vicepresidente presentaron sus renuncias días después de los comicios. Con esa jugada nada sutil, Cristina Kirchner buscó alterar la decisión del presidente Fernández de postergar cambios en el gabinete hasta después de las elecciones de noviembre.
Lo logró: debilitado ante la posibilidad concreta de que el sector mayoritario abandonara la coalición de gobierno, el presidente dio marcha atrás y propició de urgencia un recambio de ministros que tuvo la aprobación de la vicepresidenta.
Sin embargo, las tensiones están lejos de haberse disipado. El kirchnerismo duro viene incrementando sus cuestionamientos al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien acusa de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún cuando eso implique seguir ajustando el gasto público.
“También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al presidente de la Nación”, expresó la vicepresidenta en su carta.
La referencia de Cristina Kirchner pone el foco en los fuertes recortes sobre partidas sensibles que el gobierno viene aplicando desde fines del año pasado como estrategia para frenar las latentes expectativas de devaluación en Argentina.
A la drástica eliminación de los programas de asistencia dirigidos a los sectores más afectados por la cuarentena le siguió una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales que dejó de regirse por la evolución de la inflación. Con eso, el gasto social sufrió una fuerte poda en términos reales en un país con el 40.6% de la población bajo la línea de la pobreza, según cifras oficiales al cierre del primer semestre.
La licuación de jubilaciones, pensiones y planes sociales permitió, junto a los mayores ingresos tributarios derivados del alza de los precios de las materias primas que Argentina exporta, una fuerte reducción del déficit fiscal en el primer semestre. Sin embargo, esa corrección fiscal, que contribuyó a alcanzar al menos una frágil tregua cambiaria, tuvo como contracara evidente la fuerte pérdida del poder adquisitivo de buena parte de la población.
Ese descenso, sumado al estallido de escándalos como la priorización de vacunación para funcionarios y amigos del poder, y la aparición de fotos del presidente en una concurrida fiesta de cumpleaños de su pareja en pleno confinamiento estricto, fue una de las principales causas del histórico revés sufrido por el Peronismo en las elecciones primarias.
Además de las previsibles derrotas en los grandes centros urbanos del país donde predomina el voto de la clase media, el caudal electoral del oficialismo se derrumbó también en las barriadas más humildes del conurbano bonaerense, histórico bastión del Peronismo.
Ante esos males, la medicina reclamada por Cristina Kirchner pasa por regresar a los tiempos del final de su segundo mandato en 2015, cuando, según expresó en su ya célebre carta, Argentina tenía “el mayor salario en dólares de Latinoamérica, que representaba más del doble del salario actual”.
Sin embargo, retornar a aquel escenario suena a utópico dado que las condiciones son hoy muy diferentes a las de entonces. Si bien Cristina Kirchner logró entregar el gobierno a fines de 2015 con salarios altos en dólares y sin un estallido inflacionario, lo hizo a costa de haber provocado un severo desequilibrio fiscal y monetario.
Durante sus ocho años de gobierno, el resultado primario (no incluye el pago de intereses de deuda) pasó de un superávit cercano al 3% del PIB en 2007 a un déficit del 3.8% en 2015 debido en buena parte a subsidios destinados a los sectores de ingresos medios y altos.
Con esas partidas, por ejemplo, fue posible mantener prácticamente sin cambios las tarifas de electricidad, gas y agua entre 2008 y 2015, período en que la inflación acumulada fue superior al 200%.
Además, para evitar un salto mayor en el tipo de cambio oficial, aquel gobierno impuso estrictos controles a las importaciones y sacrificó unos 25,000 millones de dólares del Banco Central entre 2010 y 2015, sangría que la llevó a entregar el gobierno casi sin reservas netas.
“Cristina Kirchner pretende impulsar mayor gasto y mayor emisión, pero esa opción hoy no está disponible”, dice Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires. “A diferencia de lo que sucedía cuando ella era presidenta, la economía argentina hoy tiene déficit fiscal y escasez de dólares en el Banco Central”.
Desde una posición de cada vez mayor debilidad, el ministro Guzmán resiste la embestida de la vicepresidenta ante los márgenes estrechos que ofrece el escenario económico. Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, la emisión neta del Banco Central para asistir al Tesoro durante el año pasado superó los 2 billones de pesos, equivalente al 7.3% del PIB.
A esa oleada se sumarán este año otros 2 billones de pesos más. Semejante expansión monetaria en un contexto en el que la demanda de dinero sigue débil no solo impide desacelerar un nivel de inflación que supera el 51% anual, sino que viene generando una bola de nieve a partir de la emisión de deuda remunerada por parte del Banco Central para absorber parte de la liquidez excedente.
En los primeros ocho meses del año la autoridad monetaria pagó a los bancos 796,802 millones de pesos (unos 8,300 millones de dólares) en intereses, un 91% más que en igual período de 2020.
Frente al riesgo de echar más gasolina al fuego de la inflación, Fernández y Guzmán intentan mantener cierta moderación fiscal para, con eso, alcanzar un acuerdo con el FMI que permita prorrogar los vencimientos por unos 37,000 millones de dólares que Argentina tiene con ese organismo en los próximos dos años.
Lejos de esos objetivos, del otro lado del gobierno el kirchnerismo exige apretar a fondo el acelerador del gasto antes de las elecciones.
“Todo indica que el oficialismo volverá a perder en noviembre y eso, que ya sería complicado para un gobierno normal, lo será más aún para un gobierno que tiene disociada el poder formal del real”, dice Fara. “Alberto Fernández no tiene suficiente legitimidad para imponer sus ideas y tampoco quiere terminar preso de las presiones de Cristina: el resultado será un presidente que recorrerá los dos años que restan de su mandato en crisis”.
