La pandemia de COVID-19 ha tenido múltiples efectos colaterales en Sudamérica más allá de las muertes.
Los problemas sociales que la región viene arrastrando desde hace años se han agravado en el último año y medio. La pobreza, la indigencia, el desempleo y la informalidad laboral saltaron en 2020 a sus niveles más altos en, por lo menos, las últimas dos décadas.
Ese brusco deterioro de las condiciones agregó sal a una herida social que ya venía provocando protestas en varios países del sur del continente para reclamar mayor equidad en el acceso a bienes y servicios.
Ante este panorama, los gobiernos sudamericanos están intentando avanzar por un pasillo estrecho conformado por la urgencia de dar respuestas al deteriorado cuadro social, por un lado, y la necesidad de corregir los severos desequilibrios fiscales derivados de la pandemia, por el otro.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el déficit fiscal de la región saltó del equivalente al 3% del PIB en 2019 al 6.9% el año pasado. Semejante brecha provocó un incremento del peso de la deuda pública de los gobiernos centrales desde un promedio de 45.6% del PIB en 2019 al 56.3% en 2020.
“La economía política de la implementación de políticas públicas siempre ha sido importante, pero ahora más aún en sociedades que reclaman mayores oportunidades, más inclusión y más igualdad”, dijo a Expansión Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington.
“Por esto, es necesario tener en cuenta todos los impactos económicos y sociales de determinadas medidas, y eso sin duda requerirá gradualidad en la implementación de la consolidación fiscal”, agregó.
Colombia es una muestra evidente de las restricciones que enfrentan los gobiernos. Luego de que el déficit fiscal trepara del 2.5% en 2019 al 7.8% el año pasado, el gobierno del centroderechista Iván Duque lanzó en abril pasado un controvertido proyecto de reforma tributaria que ni siquiera alcanzó a ser debatido por el Congreso.
El foco puesto en incrementar la recaudación mediante un aumento del IVA a los productos de consumo masivo —con excepción de los alimentos básicos— y la extensión del impuesto a la renta a los contribuyentes de ingresos medios, sumado a la continuidad de exenciones tributarias al sector financiero y a las grandes empresas, derivó en un inédito estallido social en las calles de la capital Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades del país.
Sin margen político ni social, Duque retiró ese proyecto y lo sustituyó por otro que no solo elimina el aumento de impuestos a los sectores de clase media, sino que impone una sobretasa al sector financiero e incrementa la carga tributaria a las empresas. Con eso, el segundo proyecto, que aún se debate en el Congreso, es mucho menos ambicioso que el original en términos de reducción del déficit. Mientras la iniciativa presentada en abril buscaba recaudar el equivalente al 2.3% del PIB, la que la reemplaza tiene una meta del 1.3%.
“La primera de las lecciones del proceso en Colombia es que para avanzar con reformas profundas y estructurales, es necesario contar con acuerdos políticos previos”, aseguró el economista Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del centro de investigación Fedesarrollo, en Bogotá.
“Otro de los aprendizajes es que un aspecto clave a tener en cuenta es el timing: el proyecto original fue demasiado ambicioso en un contexto en que solo el 15% de la población estaba vacunada y el país pasaba por el tercer pico de contagios”, añadió.
Al igual que en Colombia, en Chile tampoco parece haber margen para ajustes que incluyan a los sectores sociales más castigados por la pandemia.
Si bien el sostenido crecimiento económico de los últimos 30 años logró reducir con fuerza los niveles de pobreza, los beneficios no fueron repartidos de manera equitativa: mientras el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza del país, el 50% más pobre capta solo el 2.1%. Esa situación estructural terminó con un histórico estallido social en octubre de 2019.
Presionado por esas demandas, el gobierno de Sebastián Piñera destinó el año pasado entre el 8% y 9% del PIB en ayudas para hacer frente a los efectos sociales de la pandemia.
“Chile ha sido uno de los países más generosos de América Latina en el otorgamiento de subsidios debido a que pudo hacerlo por la responsabilidad fiscal de los 25 años anteriores”, afirmó el economista Joseph Ramos Quiñones, profesor de la Universidad de Chile, en Santiago.
“La ventaja de eso es que puede seguir usando ahorros o endeudándose por uno dos años más, con lo que podrá ir cerrando la brecha fiscal de manera gradual”.
En ese contexto, todos los candidatos que se presentarán a las elecciones presidenciales de noviembre próximo apuntan, con mayor o menor intensidad, a un incremento de la carga tributaria y no a recortes del gasto para cerrar la brecha fiscal.
Incluso Sebastián Sichel, candidato presidencial de la coalición de derecha, apuesta a incrementar gradualmente la recaudación tributaria hasta agregar el equivalente al 3% del PIB hacia 2030. Con ese aumento, el objetivo es llevar a Chile al mismo nivel de de carga impositiva que tenían otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuando tenían un nivel de ingresos similar.
Sin espacio para ajustes del gasto social, los gobiernos de los países sudamericanos buscan cerrar la brecha con un incremento de la recaudación. En ese marco, en el sur del continente se viene replicando el debate mundial sobre quiénes pagarán los efectos fiscales provocados por la pandemia.
En los últimos meses, distintos organismos que van desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado la aplicación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas o bien un aumento de las tasas de los gravámenes sobre la renta.
“Los impuestos extraordinarios al patrimonio o a la riqueza son instrumentos que pueden incrementar el impacto redistributivo de los sistemas tributarios, pero, en la práctica, el impacto puede ser muy limitado si no se diseñan y gestionan adecuadamente”, dice Parrado.
“De hecho, la mayoría de los países que implementaron impuestos sobre el patrimonio observaron bajos niveles de recaudación, consecuencia de una alta evasión o una planificación fiscal agresiva por parte de los contribuyentes para evadir el impuesto, y estos bajos niveles de recaudación, junto con las preocupaciones sobre las pérdidas de eficiencia en la economía, han llevado a varios países a eliminar este impuesto”.
Como sea, en Sudamérica, la región más desigual del planeta y, al mismo tiempo, la más impactada por la pandemia, ese debate mundial empieza a bajar a tierra firme.
En Bolivia, el gobierno de Luis Arce promulgó a fines del año pasado la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas. Por ese gravamen, el estado pasó a cobrar 1.4% del patrimonio de aquellas personas que posean bienes, depósitos y valores de entre 30 y 40 millones de bolivianos (de 4.3 a 5.7 millones de dólares); 1.9% a quienes tengan un patrimonio entre 40 y 50 millones de bolivianos (5.7 a 7.2 millones de dólares); y 2.4% para fortunas mayores. Con ese tributo, solo en el primer trimestre de este año, tras la inscripción de 182 contribuyentes, el estado boliviano recaudó 22.9 millones de dólares, un 59.4% más que lo estimado por el gobierno.
También en Argentina a fines de 2020 se aprobó un impuesto a los grandes patrimonios, pero, a diferencia de Bolivia, su aplicación será, en principio, por única vez. Otra de las diferencias es que en Argentina la recaudación fue menor a la prevista por el gobierno de Alberto Fernández. Con una tasa progresiva de hasta 3.5% sobre los bienes declarados en el país y de hasta 5.25% sobre los que se encuentran en el exterior, el gobierno esperaba recaudar 307,000 millones de pesos argentinos (unos 3,070 millones de dólares) por el pago de los 12,000 contribuyentes con patrimonios superiores al estipulado.
No obstante, tras una oleada de juicios contra el estado de potenciales contribuyentes que plantearon al tributo como confiscatorio, el estado captó ingresos por 223,000 millones de pesos argentinos (unos 2,230 millones de dólares).
En Chile, en cambio, un proyecto similar no logró prosperar. Los parlamentarios que responden al gobierno de Piñera bloquearon el llamado impuesto a los “súper ricos”, tal como se le conoció en el país al proyecto que buscaba establecer un tributo puntual con una tasa del 2.5% del patrimonio a los titulares de bienes equivalentes a un valor de 22 millones de dólares o más. Según los autores de la iniciativa, el impuesto hubiera recaudado unos 6,250 millones de dólares, los necesarios para financiar la aplicación de una renta universal de emergencia.
Limitados por la fragilidad del cuadro social, los gobiernos de los países sudamericanos buscan alternativas que conlleven el menor costo político posible para empezar a cerrar el agujero fiscal cavado por la pandemia. En general, las reformas vienen apuntando a subas de impuestos, con el foco puesto en los segmentos de mayores patrimonios.
Son experiencias aún preliminares, pero su evolución podría ofrecer algunas respuestas sobre cómo abordar algunos de los problemas inevitables de la post-pandemia. En todo caso, esos aprendizajes a prueba y error que se están registrando en el sur podrían convertirse en lecciones a tener en cuenta en el norte del continente.
