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La crisis migratoria venezolana desata un estallido xenófobo en Chile

La cuestión migratoria pasó a ser un tema relevante en la campaña de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Y las propuestas de extrema derecha están creciendo.
jue 21 octubre 2021 05:05 AM
Racismo en Chile
Enfrentamientos que involucran a miembros de "antifa" y manifestantes anti-migratorios en el centro de Santiago mientras estalla la crisis migratoria en el norte de Chile.

El fuego desatado por una turba enardecida se transformó en una imagen que recorrió el mundo y expuso como nunca antes el crecimiento de la ola de xenofobia que estremece a Chile.

La barbarie de Iquique, ocurrida el 25 de septiembre pasado, es apenas el desenlace de un proceso que lleva años. A diferencia de, por ejemplo, su vecina Argentina que tiene una larga historia en la recepción de migrantes, Chile se asomó a ese fenómeno recién a inicios de la década del 90. Con el mayor nivel de crecimiento económico de América Latina y una sostenida estabilidad política, el país se transformó en un destino atractivo para migrantes de la región. A la oleada de peruanos que cruzó la frontera en los años 90 y comienzos de este de siglo le siguió en los últimos años una creciente migración de venezolanos, quienes escapan de la crisis humanitaria de su país.

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Ese éxodo a Chile fue incentivado por el presidente Sebastián Piñera. Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2017, había adelantado que iba a ofrecer visas exclusivas para que los venezolanos tuvieran oportunidades en Chile. Ya una vez en el gobierno, en febrero de 2019 durante un acto realizado en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, Piñera invitó a los migrantes venezolanos a viajar a Chile en calidad de refugiados mediante la denominada “visa de responsabilidad democrática”.

Sin embargo, aquellas promesas pronto quedaron anuladas por los hechos. El año pasado, frente a más de 1.600 solicitudes de refugio por parte de migrantes venezolanos, el gobierno de Piñera solo reconoció a siete. “Los gobiernos de Chile nunca tuvieron una preocupación por establecer políticas migratorias decentes y es en ese marco en el que Piñera avanza con un discurso racista sintetizado en la frase ´ordenar la casa´, dice María Emilia Tijoux, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, en Santiago. “Eso implicó en la práctica terminar con los sistemas de visa que existían, exterminar el consejo consultivo conformado para las migraciones y decretar expulsiones masivas”.

El endurecimiento, sin embargo, no frenó el flujo migratorio. La cifra de 16.848 venezolanos que ingresaron a Chile por pasos no habilitados en todo 2020 creció a 23.673 solo en los primeros siete meses de este año. Muchos de ellos, luego de cruzar la frontera norte de Chile, se establecen en ciudades como Iquique, la primera gran urbe que encuentran a su llegada desde Bolivia rumbo a la capital Santiago. Sin embargo, ante las restricciones sanitarias, la dureza de la política migratoria y la escasez de recursos económicos, la mayoría de los migrantes no logran continuar la travesía y permanecen en ciudades pequeñas, donde sobreviven vendiendo dulces o limpiando vidrios en los semáforos y duermen en campamentos improvisados en plazas. Solo en Iquique, ciudad localizada a unos 1.800 kilómetros de Santiago, hay unos 3.500 migrantes venezolanos varados.

Ese cuadro, sobre el que se montan discursos de funcionarios y medios de comunicación que suelen culpar a la migración por el crecimiento de la inseguridad en el país, viene incrementando el rechazo y la estigmatización a los extranjeros, en especial a los venezolanos y haitianos. Más dramático aún, la falta de respuestas del gobierno chileno y su negativa a llevar adelante procesos más rápidos de legalización han llevado en lo que va del año a la muerte de 15 personas, que intentaban cruzar la desértica frontera desde la localidad de Pisiga, en Bolivia, a la pequeña Colchane, en Chile, trayecto conformado por una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas extremas.

Otro de los efectos de la falta de regularización a los migrantes, lo que les impide, por ejemplo, acceder a empleos formales, es la reproducción del círculo vicioso de la pobreza. Según la Encuesta Casen 2020 realizada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), mientras los niveles de pobreza para los nacidos en Chile pasaron del 8,4% en 2019 al 10,4% el año pasado, para los extranjeros residentes en el país saltaron del 10,9% al 17%.

Ante ese panorama, la cuestión migratoria pasó a ser un tema relevante en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. No obstante, las propuestas de buena parte de los candidatos sobre cómo abordar el tema siguen siendo ambiguas, lo que deja espacio para planteos más duros por postulantes extremistas. Es el caso del ultraderechista José Antonio Kast, quien propuso cavar “una zanja con tres metros de profundidad, con cercos para que nadie caiga dentro” en el norte del país. Según el último sondeo publicado a mediados de octubre por la consultora Cadem, la intención de voto de Kast trepó en los últimos tres meses del 7% al 21%, lo que lo posiciona al tope de las preferencias, por delante del candidato de la coalición de centroizquierda, Gabriel Boric, y del postulante oficialista Sebastián Sichel. “Uno de los grandes peligros del rechazo a los migrantes es su popularidad”, dice Tijoux. “En un país en el que tuvimos 17 años de oscurantismo con la dictadura de (Augusto) Pinochet, estos discursos nacionalistas prenden muy rápidamente y defender a la inmigración resta votos”.

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Migraciones en el sur

La oleada de venezolanos que huyen de la crisis extrema en su país no es un fenómeno que solo alcanza a Chile en el sur del continente. Según el último reporte de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en septiembre pasado había 6.024.351 refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. Del total de desplazados, 4.978.078 se encontraban en América Latina y el Caribe. Con 457.324 migrantes, Chile es el tercer país de la región en el ranking de anfitriones, superado por Colombia (2,1 millones) y Perú (1 millón). Si bien esos números ya alcanzan para convertir al éxodo venezolano en la crisis de desterrados más grande en la historia de América Latina, las cifras podrían ser incluso mayores dado que muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, según estimaciones de la propia Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Con 9,3 millones de personas –cerca de un tercio de la población- que ya sufrían inseguridad alimentaria moderada o grave antes de la pandemia de acuerdo a un informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas de 2020, y con más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad estatales o colectivos afines al gobierno desde 2014 de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), la huida de venezolanos que escapan del régimen de Nicolás Maduro no cesa. Esa oleada, en el contexto de históricos déficits de los países sudamericanos para generar empleos formales y de calidad, viene provocando múltiples desafíos.

Ante esos retos, en los últimos meses han surgido algunas iniciativas que abren expectativas sobre un abordaje distinto al fenómeno de la migración venezolana. La más notoria ocurrió en Colombia con la creación en marzo pasado del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Esa medida, impulsada por el gobierno de Iván Duque, establece que quienes se acogen al estatuto pueden permanecer en Colombia de manera regular y tienen un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. En principio, el registro de inscripción estará habilitado hasta el 28 de mayo para aquellos migrantes venezolanos que ingresaron al país antes de 31 de enero de 2021. En tanto, para aquellos que ingresaron después de esta fecha, sellando su pasaporte, el cierre será el 24 de noviembre de 2023. Organizaciones que defienden los derechos de los migrantes cuestionan esta limitación temporal porque ignora la imposibilidad que tienen miles de refugiados para acceder a documentos oficiales en Venezuela, sobre todo a un pasaporte. De hecho, esa es una de las principales causas por la que más de la mitad de los venezolanos en Colombia se encuentran en situación migratoria irregular.

Aún con esos cuestionamientos, Colombia exhibe una alternativa diferente a la del rechazo. “Dado que Colombia no tiene una ley de refugio, sacó este estatuto que es una práctica muy adecuada para poder enfrentar la situación migratoria”, dice Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, en Iquique. “Colombia está dando paso a la regularidad a 2 millones de venezolanos, lo que les dará la posibilidad de no quedar en la calle y ante el riesgo de sufrir la trata de personas”. El problema es que ese ejemplo hasta ahora no ha sido replicado por otros países sudamericanos. Peor aún, en países que también habían creado estatutos especiales para venezolanos, como Perú y Ecuador, éstos se fueron restringiendo ante las presiones políticas y el rechazo de buena parte de la población.

El drama social, político y económico de Venezuela tiene derivaciones cada vez más concretas sobre otros países del sur del continente. El estallido anti-inmigratorio de Iquique es un alerta que deberá ser tenida en cuenta más allá de Chile. “No todas las personas que marcharon en septiembre en Iquique son racistas, sino que reclamaban a las autoridades para que se hagan cargo de la situación ante la falta de políticas idóneas para enfrentar estos flujos inmigratorios altos”, dice Ureta. “Los migrantes seguirán saliendo de Venezuela para subsistir, y eso exige coordinar políticas entre Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú porque cada país actuando en forma aislada no podrá dar respuestas adecuadas a una de las crisis migratorias más grandes del mundo”.

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