El proyecto había sido aprobado en noviembre de 2020 por la Cámara de los Diputados y aunque llegó al Senado el 13 de julio pasado, quedó paralizado por el verano y los obstáculos de la ultraderecha, que impuso miles de enmiendas.
El proyecto establece como delito de odio la "discriminación y violencia por motivos de sexo, género, orientación sexual identidad de género y la discapacidad", como ya se contempla para casos de racismo, por ejemplo.
Su posible aprobación suscitó la preocupación del Vaticano, que teme que afecte al Concordato con Italia desde 1929, en lo que se consideró una injerencia en la política nacional.
Una de las cuestiones más espinosas es el concepto de identidad de género, recogido como "definición percibida y manifiesta de sí mismo en relación con el género, aunque no corresponda al sexo e independientemente de si se ha terminado la transición".
El actual ministro de Exteriores y uno de los exponentes del M5S, Luigi Di Maio, consideró "vergonzoso" que la ley haya quedado "barrida en el secreto de la urna".
Y Letta llamó a la esperanza contra quienes "han querido frenar todo" y hacer retroceder al país: "El país está de otro lado y pronto se verá", desafió.
Otra lectura es la meramente política, porque de este modo la coalición que gobernaba hasta febrero, el PD y el Cinco Estrellas, ya no sumaría una mayoría absoluta.
Actualmente Italia está gobernada por una coalición presidida por Mario Draghi, instaurada en febrero para gestionar la pandemia, y que engloba a todos los partidos excepto a Hermanos de Italia.