El texto, vigente desde el 1 de septiembre, prohíbe a la mujeres en Texas hacerse un aborto después de seis semanas de gestación, mientras que la Corte Suprema garantiza el derecho a interrumpir el embarazo durante los dos primeros trimestres de un embarazo.
La Corte Suprema reconoció en 1973, y confirmó en 1992, el derecho de las mujeres estadounidenses a tener un aborto mientras el feto no sea viable, es decir alrededor de las 22 a 24 semanas de embarazo.
Pero la legislación texana presenta un dispositivo excepcional, que hasta ahora ha complicado la intervención de la justicia federal.
La ley de Texas encomienda a los ciudadanos "exclusivamente" la tarea de hacer cumplir la prohibición de abortar después de las seis semanas, alentándolos a emprender acciones civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las mujeres a interrumpir el embarazo, prometiéndoles a cambio una indemnización de 10,000 dólares.
Llamada a pronunciarse sobre el tema al entrar en vigor la ley, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se amparó detrás de estas "nuevas cuestiones de procedimiento" para negarse a intervenir.
Su inacción, vista como una señal de la influencia de los tres magistrados designados por el expresidente republicano Donald Trump, había sido fuertemente criticada por la izquierda. El presidente demócrata Joe Biden criticó una decisión que "insulta el estado de derecho".