El acuerdo con el FMI: un nuevo motivo de disputa dentro del gobierno argentino

Paradójicamente ese logro alcanzado en tiempo de compensación terminó por debilitar aún más al gobierno de Alberto Fernández. Las condiciones del acuerdo con el FMI tensaron al extremo las diferencias internas dentro de la coalición de gobierno al punto que el sector liderado por la vicepresidenta Cristina Kirchner rechazó el pacto en el Congreso.

Sin el apoyo del ala mayoritaria del gobierno, Fernández se vio obligado a retirar las metas acordadas con el FMI del proyecto de ley enviado al Congreso y así solo logró, recostado en el respaldo del principal partido de oposición, una vaga autorización para refinanciar la deuda.

“En la primera decisión fuerte de gobierno que el presidente Alberto Fernández tomó por encima de la opinión de Cristina Kirchner, el oficialismo quedó dividido”, dice el analista político Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, en Buenos Aires.

“La coalición de gobierno ya debería estar fracturada, pero ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner tienen margen para formalizar una ruptura: si la vicepresidenta rompiera, todo lo que ocurriese de malo después en materia económica y social se lo podrían adjudicar a ella; y si el presidenta se diera el lujo de prescindir del sector más importante en términos de apoyo de la coalición de gobierno, quedaría en condiciones de extrema debilidad dado que eso se sumaría a la derrota que sufrió en las elecciones parlamentarias del año pasado”.

Dos visiones de la economía argentina

El divorcio político de hecho entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner responde a visiones contrapuestas sobre el rumbo económico.

Acorralado por una inflación que amenaza superar el 60% este año, un déficit fiscal crónico, un índice de riesgo-país por encima de los 1,700 puntos básicos y un stock ínfimo de reservas líquidas en el Banco Central, Fernández apuró el acuerdo con el FMI como única alternativa para evitar una nueva cesación de pagos.

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Con ese objetivo, a cambio de que los próximos vencimientos comiencen a pagarse recién a partir de 2026, el gobierno argentino se comprometió a recortar el déficit fiscal, disminuir los niveles de emisión monetaria para asistir al Tesoro, ajustar el tipo de cambio en línea con la evolución del resto de los precios e incrementar las tasas de interés hasta que alcancen un nivel superior al de la inflación.

El acuerdo evitó la caída al precipicio de la economía argentina, pero, en simultáneo, reavivó las tensiones dentro del gobierno. La razón es clara: el programa de ajuste fiscal y monetario acordado implica, en la práctica, desandar una a una las políticas aplicadas durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.

Tras el estallido económico de fines de 2001 que, entre otros efectos, provocó una drástica licuación del gasto público producto de una devaluación del 300%, Néstor Kirchner asumió el gobierno con superávits fiscal y comercial.

Esas fortalezas, amplificadas por el boom iniciado en aquellos años del precio de las materias primas agropecuarias que Argentina exporta, no solo impulsaron una vertiginosa recuperación de la economía, sino que le dieron margen al gobierno para lanzar medidas que implicaron un fuerte aumento del gasto público.

Si bien buena parte de esas partidas se dirigió a dar cobertura a sectores vulnerables de la población, otra porción considerable se destinó a subsidiar a los segmentos de ingresos altos mediante, por ejemplo, el congelamiento del valor de las tarifas de electricidad, gas y agua o del subsidio de los pasajes aéreos al exterior.

Durante sus dos mandatos, que se extendieron entre 2007 y 2015, Cristina Kirchner se negó a corregir las distorsiones que se iban acumulando en la economía. Con eso, el resultado fiscal primario (no incluye el pago de intereses de deuda) pasó de un superávit cercano al 3% del PIB en 2007 a un déficit del 3,8% en 2015.

No solo eso: como resultado del congelamiento de las tarifas, Argentina perdió el autoabastecimiento energético a partir de 2010, y sólo entre 2011 y 2015 el país destinó más de 37,000 millones de dólares en compras de combustibles.

Pese a la sangría de divisas provocada por el déficit energético y el de la balanza turística ante un tipo de cambio sobrevaluado, Cristina Kirchner pudo sostener hasta el final de su mandato ese frágil esquema económico, aunque al costo de imponer restricciones crecientes a las importaciones y de sacrificar más de 25,000 millones de dólares de las reservas del Banco Central entre 2010 y 2015.

Esas políticas se demostraron claramente insostenibles, pero la negativa de Cristina Kirchner a aplicar ajustes en aquellos años le otorgan ahora cierto margen político para plantarse como una abanderada contra las clásicas exigencias del FMI. El problema es que las condiciones actuales son muy diferentes a las que existían durante la etapa kirchnerista.

“Argentina ha superado shocks anteriores porque en su momento apeló a las reservas del Banco Central, en otro porque tomó los ahorros de las administradoras de fondos de pensión, usó la capacidad de endeudamiento o recurrió al FMI, pero ya no quedan más herramientas disponibles”, dice el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, en Buenos Aires.

“El acuerdo con el FMI implica tomar medidas que al menos una parte de la coalición del gobierno no está dispuesto a adoptar, pero no queda más remedio que enfrentar la realidad”.

Los riesgos por delante

Uno de los puntos que más tensó la interna en el gobierno argentino es el sendero de reducción del déficit fiscal. De acuerdo a las metas acordadas con el FMI, el rojo fiscal primario deberá descender del equivalente al 3% del PIB registrado el año pasado al 2.5% en 2022 y al 1.9% en 2023.

Para alcanzar esos objetivos el gobierno se comprometió a reducir los subsidios económicos mediante una suba generalizada de tarifas de la electricidad, gas y transporte, entre otros ajustes. Esa receta agregará más combustible a niveles de inflación que ya rondan el 55% anual.

Más exigente aún que la meta fiscal es la monetaria. El acuerdo establece que el Tesoro solo podrá financiarse por 1% del PIB con la emisión de pesos del Banco Central, lo que implica un drástico descenso con respecto al 3.7% del año pasado.

Sin acceso a los mercados internacionales, la brecha para financiar el rojo fiscal deberá ser cubierta con emisiones de deuda en el mercado local de capitales, una estrategia que amenaza con encarecer el costo del crédito ante la necesidad de ofrecer tasas atractivas.

A eso se suman metas de acumulación de reservas en el Banco Central que se vuelven difíciles de alcanzar ante la creciente salida de divisas por el alza del precio del gas que Argentina importa. En ese marco, todo indica que en los próximos meses habrá mayores restricciones al resto de las importaciones, incluso de insumos clave para la producción.

El menú conformado por aumento de tarifas, suba de tasas de interés y limitaciones a las importaciones no parece el más atractivo para que el oficialismo pueda competir con alguna probabilidad de éxito en las elecciones presidenciales de octubre del año próximo. Ante eso, las diferencias políticas al interior del gobierno amenazan con seguir escalando.

En ese contexto, con 20 meses por delante hasta el final de su mandato, Alberto Fernández tendrá la dura tarea de implementar un plan de ajuste que es resistido por el sector mayoritario de la coalición de gobierno.

A esa dificultad se le agrega que, incluso antes de las duras correcciones por aplicar, sus niveles de aprobación ya son muy bajos. Según una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa), apenas el 18% tiene una imagen positiva del presidente.

“Así como Argentina todavía enfrenta el riesgo del default de su deuda si no cumple las metas acordadas con el FMI, los próximos 20 meses también deberá transitarlos con el riesgo de un default político, esto es, un quiebre definitivo de la coalición de gobierno”, dice Romero.

“La disputa interna escalará porque los dos sectores del gobierno tienen incentivos para pretender adjudicarle la responsabilidad de la crisis al otro, pero si esas pujas terminan en una fractura formal del oficialismo, ese escenario, en un contexto de profundización de la crisis económica, colocaría al presidente Alberto Fernández en una situación de extrema debilidad”, concluye.