La investigación busca establecer si Fernández y otros funcionarios de su gestión favorecieron a firmas de Báez al momento de licitar decenas de obras públicas en la Patagonia, muchas de las cuales podrían haber tenido sobreprecios o no habrían sido concluidas.
"Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet.
Luciani también pidió el decomiso de bienes involucrados en los delitos por un total de casi 1,000 millones de dólares y la inhabilitación perpetua de Fernández para ocupar cargos públicos.
Muchos expertos sospechan que los capitales supuestamente desviados habrían vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas.
El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar.
Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y titular del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.
Sin embargo, una sentencia este año podría afectar las chances del oficialismo de centroizquierda en los comicios presidenciales de fines de 2023.
Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos.
Con información de AFP y Reuters
