El futuro gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil buscará intensificar la presencia del Estado en el sector de refinación de petróleo, con posibles impactos en la dirección de los precios de los combustibles de Petrobras, según señales de los planificadores de políticas de su equipo.
Lula ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, asegurando su regreso al Palacio de Planalto para un tercer gobierno al derrotar a Jair Bolsonaro.
El propio Lula prometió revisar el Precio de Paridad de Importación (PPI) practicado desde 2016 por Petrobras, para que los valores de los combustibles reflejen los "costos nacionales", sin seguir, por tanto, las oscilaciones del dólar y del petróleo en el mercado internacional.
En la práctica, Lula tratará de contener una eventual escalada de los precios de los derivados del petróleo como la experimentada por Bolsonaro en el primer semestre, en pleno año electoral, bajo el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que redujo la oferta global de los productos.
Sin embargo, es probable que el eventual cambio en la política de precios de Petrobras encuentre obstáculos en la Ley del Estado y en el estatuto de la empresa. El gobierno también tendría que encontrar la manera de no reducir la competitividad de las importaciones, ya que en el caso del diésel actualmente abastecen a alrededor del 30% de la demanda nacional.
La revisión de la política iría acompañada de un fortalecimiento de la producción de derivados de Petrobras, si el nuevo gobierno sigue los estudios técnicos que fueron la base de su programa.
Además, los asesores del Partido de los Trabajadores entienden que sería posible dirigirse a las empresas que ya han adquirido refinerías de Petrobras, para saber si están interesadas en continuar con los activos privatizados o podrían revenderlos a la empresa estatal.
El equipo de Lula también indicó una posible reevaluación del proceso de venta de las tres refinerías de Petrobras que quedan del acuerdo firmado con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que preveía la venta de ocho refinerías.
El gobierno de Lula también podría buscar más ingresos de la exploración minera. Esta es una de las directrices que el grupo técnico del PT entregó al equipo del programa de Gobierno, previendo la institución de una tasa sobre los minerales más rentables.
El valor adicional, llamado "participación especial" —como ya existe en el sector petrolero—, afectaría potencialmente a los beneficios de Vale, que extrae en Carajás uno de los minerales con mayor contenido de hierro del mundo.
En opinión de representantes del sector minero y expertos consultados por Reuters, esto podría comprometer las inversiones de las mineras y favorecer a los principales competidores de Brasil, como Australia y Canadá, al reducir los márgenes de actividad en el país.
En el sector de la energía eléctrica, la expectativa es que Lula mantenga el proceso de diversificación de las fuentes de generación de la matriz brasileña, principalmente a través de las energías renovables eólica y solar, que han liderado la expansión del parque de generación nacional en los últimos años.
Estas dos fuentes, además de estar entre las más baratas y competitivas, tienen un bajo impacto ambiental y han llevado el desarrollo económico a regiones donde el sector no era tradicionalmente fuerte, como el noreste y el norte de Minas Gerais.
La mayor relevancia que han adquirido las agendas climática y medioambiental en los últimos años debería tener también implicaciones en el proyecto de Lula para el sector eléctrico, ya que Brasil tiene el potencial de ser un actor importante en la transición energética mundial.
Al ofrecer su apoyo a la candidatura de Lula, la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva propuso algunas medidas que tendrían impacto en el sector energético, como vincular todos los nuevos contratos de energía a objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a Eletrobras, el gigante de la energía que fue privatizado por el gobierno de Bolsonaro este año, los planes aún no están claros.
Aunque Lula se ha posicionado públicamente en varias ocasiones como opositor a la transferencia del control de la empresa eléctrica al sector privado, el discurso cambió hacia el final de la campaña, con el candidato diciendo que no hablaba de revertir la privatización.
