Argentina, 1985, que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), está nominada al premio Oscar a mejor película internacional.
La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por el actor Ricardo Darín se enfrenta a a la alemana Sin novedad al frenta, la belga Close, la polaca EO y la irlandesa The Quiet girl. El ganador se conocerá en la ceremonia del domingo 12 de marzo.
Tras elogiosas presentaciones en los festivales de Venecia y San Sebastián, la película ganó el premio a mejor película extranjera en la última entrega de los Globos de Oro.
"Quiero compartir esto con todas las personas que han estado luchando por construir una mejor democracia en Argentina. (...) Creo que la democracia es algo por lo que tenemos que seguir luchando", dijo emocionado Mitre al recibir el premio junto a Darín.
Si gana el domingo, sería la tercer película argentina que obtiene este galardón.
En 1976, Argentina inició uno de los periodos más oscuros de su historia. Dos años antes, en 1974, la muerte de Juan Domingo Perón había dejado al país sin un rumbo político o económico claro. Los peronistas estaban divididos y parte de las fuerzas armadas no aprobaban que la viuda de Perón, María Estela Martínez, asumiera la presidencia.
Aunque varias veces fue exhortada para que renunciara, Martínez de Perón se aferró al puesto.
El 24 de marzo de 1976, la entonces presidenta subió a un helicóptero que la llevaría a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial ubicada al norte de la ciudad de Buenos Aires.
Pero la aeronave la llevó al Aeroparque Jorge Newbery. Martínez de Perón fue recibida por un oficial del Ejército, otro de la Marina y uno de la Fuerza Aérea, quienes le comunicaron que las fuerzas armadas había tomado el control del país.
La junta militar golpista, integrada por los tres comandantes de las fuerzas armadas —Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Amón Agosti— instauró un Estado de sitio y la ley marcial, así el establecimiento de la pena de muerte para los opositores.
También ordenó la clausura del Congreso Nacional, la sustitución de todos los miembros de la Corte de Justicia por jueces leales al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda la actividad política y una férrea censura. Los medios de comunicación.
Esa noche fue el inicio de la dictadura militar más reciente de la historia argentina. Antes, este país sudamericano ya había sufrido dos gobiernos de facto: la Revolución Libertadora entre 1955 y 1958 y la Revolución Argentina, de entre 1966 y 1973.
Esta dictadura, denominada Proceso de Reorganización Nacional, fue un punto de inflexión para Argentina. “Hay cuestiones actuales que tienen su inicio durante la dictadura del 76”, señala Paula Canelo, profesora de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
El periodo estuvo marcado por las violaciones a los derechos humanos contra la población civil.
El Proceso de Reorganización Nacional fue el nombre que adoptó la dictadura militar que gobernó Argentina desde el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando la democracia regresó con la asunción al poder del presidente Raúl Alfonsín.
Sus objetivos eran combatir la “corrupción, la “demagogia”y la subversión” y ubicar a Argentina en el “mundo occidental y cristiano”. Para ello, utilizó una estrategia de terror de Estado.
“La dictadura militar puso en marcha una política de eliminación de la oposición de izquierda. Así, quienes se autodenominaron ‘Proceso de Reorganización Nacional’ recurrieron a la desaparición como el principal mecanismo para eliminar a los individuos y grupos que consideraban subversivos”, dijo Karina Ansolabehere Sesti, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos humanos en entrevista con la Gaceta UNAM.
El modelo de ejecuciones de la dictadura no daba cabida al fusilamiento. El problema de almacenar cadáveres en fosas comunes abría un potencial juicio internacional a crímenes de lesa humanidad contra el régimen militar.
De modo que la Junta optó por las desapariciones. Esta práctica consistía en secuestrar a los llamados ‘traidores’, reclutarlos en centros clandestinos, torturarlos y luego matarlos.
Muchos de ellos sufrieron ‘los vuelos de la muerte’. A los opositores se les drogaba, se les ponía cemento en los pies, y luego se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban Mar del Plata. Así se perdían, eternamente, en el océano.
Durante esa dictadura se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas, que incluyó el secuestro de alrededor de 500 bebés, niñas y niños que fueron separados de sus familias y apropiados bajo otra identidad.
En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno para reclamar por el destino de sus hijas e hijos. En octubre de ese mismo año, muchas de esas mujeres que además buscaban a sus nietas y nietos desaparecidos, o tenían hijas o nueras que habían sido secuestradas embarazadas, comenzaron esta otra búsqueda, reunidas en Abuelas de Plaza de Mayo.
“Yo tenía seis años cuando sucedió esto y recuerdo el terror que me causaba ir por la calle o en el auto con mis padres, y ver cómo los soldados detenían arbitrariamente autos, hacían bajar a las personas que iban en ellos, las cacheaban en busca de armas y luego las ponían contra una pared. Todavía hoy, esas imágenes no se me borran de la mente”, relató Ansolabehere Sesti.
De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cifra de personas desaparecidas entre 1976 y 1983 ascendió a 30,000, una cifra que puede ser aún mayor.
“La dictadura militar implantó un régimen de violencia y terror que utilizó la desaparición de una manera generalizada y sostenida en el tiempo, es decir, no ocasional”, indica la investigadora de la UNAM.
El presidente Raúl Alfonsín dictó el decreto 158/83, en el que ordena que se someta a un juicio sumario a los integrantes de la junta militar “que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”, es decir, que fuera la justicia militar la que llevara a cabo los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura.
En febrero de 1984, Alfonsín promulgó una reforma del Código de Justicia Militar que había aprobado el Congreso semanas atrás y la Cámara Federal de Buenos Aires, un tribunal civil, le dio 180 días a la Justicia militar para que investigara la existencia de un método de violación de los derechos humanos, indica el sitio Chequeado.
“Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables”, informó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armas en septiembre de ese año.
La reforma del Código de Justicia Militar permitía a la Cámara Federal “asumir el conocimiento del proceso” si advertía una “demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio”, es decir, que se juzgaran los delitos militares por sus propios tribunales con posibilidad de apelación a la justicia civil.
El 2 de octubre de 1984 se decidió que los crímenes cometidos por la dictadura no fueran juzgados por tribunales castrenses. A partir de ese momento el juzgamiento continuó por el tribunal civil de la Cámara Federal, quien juzgó los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura durante el último gobierno de facto, comprendido entre 1976 y 1983.
El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año.
Un informe con testimonios de las víctimas de la dictadura hecho por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) —cuya creación fue ordenada por Alfonsín en 1984— sirvió de base probatoria al juicio en la que se condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas de comandantes del régimen.
“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”, dijo el fiscal Julio Strassera en su alegato final.
El juicio está considerado una gesta heroica y se contrapone a la percepción actual de la justicia, cuando más de 78% de los argentinos considera malo el funcionamiento del sistema judicial y 71% desconfía de la Corte Suprema, según sondeos de Equis y Proyección realizados en agosto pasado.
El largometraje retrata la labor del fiscal Julio Strassera —interpretado por el actor Ricardo Darín—, y su ayudante Luis Moreno Ocampo —papel que ocupa Peter Lanzani—, para reunir pruebas de los crímenes bajo un clima de amenazas.
Según Pablo Llonto, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, la película "es positiva porque ayuda a tender un puente de memoria con las generaciones más jóvenes y retrata un juicio que contó por primera vez el corazón del horror con nombres y apellidos”.
Con información de AFP
